El Leviatán de la innovación en la UTI de la Dipres

El reciente debate sobre la eficacia y el futuro del sistema chileno de innovación y transferencia tecnológica, impulsado por la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) de la Dirección de Presupuestos (Dipres) sobre el Programa de Transferencia Tecnológica (OTL y HUBs), ha revelado fracturas profundas en la articulación entre el Estado, la academia y la sociedad. Mientras el Panel de Evaluación constata fallas de diseño y la ANID asume compromisos clave, el sistema de universidades estatales, a través de sus propuestas de fortalecimiento, exige una reconfiguración total.

En este contexto, la visión del “Leviatán” –entendido como el sector público nacional e internacional que financia mayoritariamente la I+D– no puede limitarse a corregir fallas operativas o de mercado. Es imperativo que su potestad normativa en materia de Propiedad Intelectual (PI) y Transferencia Tecnológica (TT) funcione como un instrumentum regni, una herramienta funcional al servicio del bien común y la ciudadanía.

La integración de las ideas fundamentales para un sistema de innovación equitativo, con impacto territorial y que utilice intensivamente la inteligencia artificial (IA), revela cómo las actuales propuestas de reforma deben ir mucho más allá de las métricas económicas tradicionales.

El sesgo evaluativo y la torre de marfil académica 

El Panel de Evaluación de la Dipres identificó fallas estructurales que limitan la efectividad del Programa de Transferencia Tecnológica: la ausencia de resultados intermedios y finales medibles a nivel de propósito, la falta de criterios claros de egreso y de medición de la sostenibilidad de las OTL y HUBs, y una ineficiencia en las fases avanzadas de comercialización (licenciamiento, creación de EBCTs), que presentan costos unitarios más elevados.

Este diagnóstico, aunque crucial, se queda corto si no se ataca la raíz del problema académico. Las propuestas para el fortalecimiento del sistema de innovación que se encuentra trabajando la red de las universidades estatales de Chile indudablemente aciertan al señalar que la falta de una definición común de innovación limita la creación de una cultura universitaria que promueva la creatividad, la colaboración interdisciplinaria y la transferencia tecnológica.

Asimismo, la ausencia de indicadores homogéneos dificulta la comparación y evaluación del desempeño entre instituciones; o que los sistemas de evaluación académica continúan privilegiando la productividad científica tradicional, priorizando como indicadores a las publicaciones indexadas por sobre la innovación, la transferencia y la colaboración interdisciplinaria.

El actual sistema de promoción y permanencia (Promotion & Tenure) genera incentivos que tienden a desviar a los investigadores de los problemas más acuciantes de sus entornos locales, los que no son debidamente priorizados en su trabajo de creación de conocimiento y soluciones innovadoras.

Por ejemplo, no existe clara conciencia de que si un académico dedica años a resolver un problema crítico para su región, que pudiera resultar en una patente de invención, o en otra forma de capturar un activo intangible por la vía de cualquier otro derecho de propiedad intelectual, debiera recibir un reconocimiento de significación equivalente al que publica un artículo en una revista extranjera de alto impacto.

Incentivos y territorio

La evaluación del Panel y la respuesta de la ANID deben ser reformuladas bajo la óptica del impacto territorial, que es un imperativo desatendido. La ANID, al aceptar revisar los criterios de selección de beneficiarios según su “madurez institucional”, debiera incorporar la valoración explícita del impacto territorial y la resolución de problemas locales como componentes ineludibles de esa madurez.

Esto exige desarrollar métricas cualitativas y cuantitativas robustas que capturen el valor de las actividades con conexión local, tales como:

• Patentes efectivamente licenciadas a la industria o instituciones del territorio.
• Creación de spin-offs y startups regionales que generen empleo y riqueza en la zona servida por la entidad educacional.
• Incidencia directa en políticas públicas locales (municipales o regionales).
• Formación de capital humano especializado que responda a las demandas de talento de las industrias regionales.

La propuesta de las universidades estatales se alinea perfectamente con esta visión al demandar diseñar políticas de incentivos que valoren la innovación, la colaboración interdisciplinaria y el impacto social en los sistemas de evaluación académica. Este cambio cultural y normativo bien pudiera ser una piedra angular para que el financiamiento público tenga el deseado impacto en el desarrollo territorial. 

Licenciamiento socialmente responsable

La segunda gran omisión en el análisis tradicional de la transferencia tecnológica se relaciona con la equidad y el acceso a los resultados de investigación financiada mayoritariamente por fondos públicos. La experiencia de la pandemia del COVID-19 puso dramáticamente en jaque las regulaciones del Leviatán, evidenciando cómo el control exclusivo de la Propiedad Intelectual (PI) sobre tecnologías esenciales, como las vacunas, puede traducirse en una inequidad mortal, restringiendo el acceso universal y agravando las desigualdades.

La propiedad intelectual no debiera ser considerada como  un fin en sí mismo, sino como una herramienta que debe contribuir al bienestar de la sociedad y que, como todo derecho de propiedad, tiene una función social.

Para las universidades estatales, que poseen un mandato de servicio público, el Licenciamiento Socialmente Responsable (LSR) es un imperativo. Este concepto, fuertemente influido por la “Declaración de los 9 Puntos” de las universidades complejas de investigación en EE.UU. que la redactaron el año 2007, implica que, al licenciar desde las universidades a la industrial las tecnologías desarrolladas con fondos sustancialmente públicos, se deben incluir cláusulas que aseguren el acceso equitativo a los productos que se derivan de resultados de la investigación aplicada, especialmente en áreas críticas como la salud, la alimentación o la gestión de recursos hídricos.

La propuesta de fortalecimiento de las universidades y la reformulación del programa ANID deben hacer tributaria de estos principios a cualquier reforma sustancial que se promueva a un nuevo sistema, y por cierto, dentro de los objetivos del proyecto de Ley de Transferencia Tecnológica, en actual tramitación en el Congreso.

La ANID, al reformular el programa de transferencia, debe garantizar que los futuros proyectos Fondef, VIU, Postdoctorado y otros similares que puedan crearse, superen actuales vacíos normativos que generan incertidumbre y prioricen derechamente el Licenciamiento Socialmente Responsable, porque deriva de la legislación vigente que rige a las universidades estatales, y porque, como lo demostró la pandemia, es imperativa para disponer de herramientas que permitan al Leviatán reaccionar ante urgencias de la población por acceder a tecnologías mayoritariamente desarrolladas con fondos públicos y con cargo a impuestos generales.

Solo con una visión estratégica, ética y profundamente comprometida con el impacto territorial, el conocimiento generado en nuestras universidades retornará a la sociedad de la manera más justa y sostenible posible, superando inequidades que hoy constituyen amenazas al desarrollo sustentable, y que, en definitiva, la crisis que reporta la evaluación del panel de la Dipres se transforme derechamente en una oportunidad para reflexionar y asegurar que la Ley de Transferencia Tecnológica, en actual revisión en el Parlamento, nos permita disponer de un Sistema Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica a la altura de los desafíos del presente y de las futuras generaciones.