Venezuela y la nueva Doctrina Monroe

La madrugada del sábado marcó un punto de quiebre difícil de exagerar. Por primera vez en el siglo XXI, Estados Unidos capturó y extrajo por la fuerza a un jefe de Estado en ejercicio, el presidente venezolano Nicolás Maduro, trasladándolo a Nueva York para enfrentar cargos federales. La operación –rápida, quirúrgica y ejecutada por fuerzas especiales– fue ordenada directamente por el presidente Donald Trump, quien asumió públicamente la autoría política del operativo pocas horas después.

Más allá del impacto inmediato en Venezuela, el hecho establece algo mucho más profundo: la transformación acelerada del orden internacional y el regreso explícito de una lógica que muchos creían superada. Es que la captura de Maduro no puede entenderse solo como una acción judicial o de seguridad. Es, sobre todo, una señal estratégica.

Desde la Casa Blanca, la justificación fue clara: Maduro no era tratado como un mandatario protegido por la soberanía estatal, sino como un actor criminal, acusado desde marzo de 2020 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y colaboración con organizaciones armadas. Pero el contexto no es menor.

A comienzos de diciembre, la administración Trump publicó su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, un documento que reordena prioridades y que resucita el espíritu de la Doctrina Monroe. Nacida en 1823, a través de ella el entonces presidente estadounidense James Monroe proclamó ante el Congreso que cualquier intervención europea en el hemisferio occidental sería considerada una amenaza directa para EE.UU.

Formulada originalmente como un principio defensivo (“América para los americanos”), la doctrina evolucionó con el tiempo hacia una herramienta de hegemonía regional, utilizada para justificar intervenciones políticas, económicas y militares en América Latina a lo largo de los siglos XIX y XX. Más que una norma jurídica, fue siempre una declaración de poder, basada en la idea de que Washington tenía un derecho preferente (y exclusivo) para definir el orden político y de seguridad en su entorno inmediato.

En ese contexto, la Estrategia de Seguridad Nacional se adapta al siglo XXI y habla de “responsabilidad hemisférica”, de “amenazas internas que afectan directamente la seguridad nacional” y de la necesidad de actuar de manera preventiva frente a regímenes que faciliten el crimen organizado, el narcotráfico y la penetración de potencias extrahemisféricas.

Venezuela aparece, implícitamente, como el caso paradigmático. No solo por el colapso institucional y humanitario, sino por su creciente articulación con Rusia, China e Irán durante la última década. Para Washington, Caracas dejó de ser un problema regional y pasó a ser una “anomalía estratégica” dentro de su área de influencia directa.

La operación del 3 de enero no fue autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ni presentada previamente al Congreso estadounidense. Tampoco fue una misión multilateral. Fue, en términos estrictos, una decisión unilateral de poder. Y ahí está la clave.

Durante décadas, el llamado orden internacional basado en reglas se sostuvo sobre una idea central: incluso las grandes potencias debían operar dentro de ciertos márgenes normativos, privilegiando la diplomacia, las sanciones o los mecanismos multilaterales. Ese consenso ya venía erosionado –Ucrania, Gaza, el Mar del Sur de China son prueba de ello–, pero Venezuela marca un salto cualitativo.

Aquí no hubo ambigüedad ni zonas grises. Estados Unidos actuó como potencia hegemónica regional, delimitando de facto una frontera política: en el hemisferio occidental, ciertos comportamientos no serán tolerados, y la soberanía deja de ser un escudo automático.

La comparación histórica es inevitable. En 1989, Washington capturó a Manuel Noriega en Panamá bajo una lógica similar: un jefe de Estado convertido en objetivo penal. Treinta y siete años después, el precedente se repite, pero en un mundo mucho más fragmentado.

China y Rusia condenaron la operación como una violación grave del derecho internacional. En Europa, el tono fue más cauteloso, pero cargado de inquietud por el precedente. En América Latina, el silencio de algunos gobiernos fue tan elocuente como el respaldo tácito de otros. Nadie ignora que el tablero ha cambiado.

Lo ocurrido en Venezuela no anuncia el fin inmediato del orden internacional, pero sí algo igual de inquietante: su reemplazo progresivo por un sistema de zonas de influencia, donde las grandes potencias actúen según su capacidad, no según reglas compartidas. Estados Unidos lo hizo en Caracas; Rusia lo hizo en Ucrania; China lo insinúa en Taiwán. Cada uno en su espacio, cada uno con su propio relato legitimador.

La Doctrina Monroe, tantas veces declarada muerta, no ha vuelto como consigna ideológica, sino como práctica concreta. Y cuando las doctrinas regresan convertidas en acción, lo hacen sin nostalgia y con efectos reales. Venezuela fue el escenario. El mensaje, en cambio, fue global.