Educación, la gran relegada en el debate político chileno

El lado A: hace algunos días, un hilo en la red social X (antes Twitter) afirmaba: “De los 18.000 estudiantes con el 10% de mejores puntajes, el 50,5% asiste a 1.682 establecimientos públicos y el 49,5% a 426 establecimientos particulares. La educación pública aporta la mitad de los mejores puntajes del país”. Esta afirmación amerita varias precisiones.

Primero, es necesario distinguir conceptos. La educación financiada por el Estado incluye tanto establecimientos públicos como particulares subvencionados. Estos últimos cumplen un rol público (por tanto, podría denominarse “educación pública”), pero no pueden ser considerados “establecimientos públicos”, dado que su propiedad es privada.

Segundo, se omite un dato crucial: los estudiantes que rinden la PAES, provenientes de la educación con subvención estatal, son aproximadamente nueve veces más que aquellos de establecimientos sin subvención. Esta proporción cambia radicalmente la interpretación del mensaje.

Lo que se presenta como una lectura optimista –“la mitad de los mejores puntajes proviene de la educación subvencionada”– se transforma, al incorporar el denominador, en una conclusión preocupante: “Las probabilidades de alcanzar los mejores resultados son significativamente menores para quienes provienen de la educación subvencionada”. Esta omisión no parece inocente, pues busca atenuar la presión política sobre el desempeño de la educación escolar con financiamiento público.

Tercero, el mensaje fue amplificado por figuras políticas del oficialismo y comunicadores sociales relevantes, incluido el Presidente de la República. A mi juicio, ello responde a un intento de contrarrestar la percepción ampliamente extendida de deterioro del sistema escolar chileno, percepción que, por cierto, no es atribuible a un solo gobierno, sino que se viene encadenando en forma sostenida por al menos unos 5 gobiernos sucesivos. En este contexto, nada de lo anterior (omisiones) parece casual.

Cuarto, al desagregar los establecimientos estatales de los particulares subvencionados, se observa que, dentro de los 18.000 mejores puntajes, un 13,2% corresponde a estudiantes de colegios estatales y un 37,3% a colegios particulares subvencionados. En términos relativos, los segundos concentran casi tres veces más alumnos en este grupo (18.000 mejores alumnos), pese a que su matrícula es solo aproximadamente el doble.

Esto evidencia una diferencia significativa de desempeño entre ambos tipos de establecimientos. Si bien esta no es la métrica más adecuada para evaluar resultados educacionales –criterio que comparto–, es precisamente la utilizada por el autor del hilo y la que ha sido celebrada públicamente por el Presidente de la República.

Un segundo nivel de análisis surge al reducir el foco desde el 10% al 3% superior de puntajes (aproximadamente 4.500 estudiantes), es decir, aquellos que efectivamente acceden a las carreras más selectivas en las universidades más selectivas, donde se configura la futura élite decisional del país. En este segmento, la brecha se amplía de manera dramática.

Hace dos décadas, esta brecha era parcialmente mitigada por el Instituto Nacional, que lograba posicionar a un número significativo de estudiantes en ese grupo. Su debilitamiento –al igual que el de los liceos emblemáticos– no constituye solo una crisis educacional, sino también una crisis social: la pérdida de uno de los escasos mecanismos de diversificación de la élite, ya históricamente reducida.

Por ello, no se trata simplemente de que los buenos puntajes se hayan distribuido en más establecimientos, sino de la desaparición de una válvula –limitada, pero real– de movilidad y diversificación social de la elite tomadora de decisiones.

En este marco, resulta evidente el intento de relativizar el fracaso de las reformas educacionales de Bachelet II, impulsadas en gran medida por quienes hoy lideran el Frente Amplio.

Si bien dichas reformas no destruyeron el sistema (como grita deshonestamente la derecha), tampoco lograron los cambios estructurales prometidos, pese a la eliminación del copago, el lucro y la selección, la creación de la carrera docente y de los Servicios Locales (la nueva Educación Pública), con un costo fiscal de miles de millones de dólares, y tuvieron escaso impacto en los resultados, como muestra toda la evidencia. Además de monopolizar la discusión de 15 años sin efectos en la calidad del sistema.

El lado B: desde la derecha, el problema no es menor. Utilizar rankings de los “100 mejores colegios” para evaluar el sistema completo constituye un error metodológico evidente. Asimismo, presentar a los liceos y colegios bicentenarios como una solución estructural ignora que su principal efecto ha sido el reordenamiento de estudiantes ya destacados, no la generación de nuevos talentos a escala sistémica.

Estos establecimientos no debieran evaluarse por su capacidad de concentrar buenos alumnos a costa de otros colegios de su entorno geográfico sino por el valor agregado sistémico que entregan.

Otro ejemplo es una publicación del medio Ex-Ante, de clara línea editorial, en la que se señala que “la Asociación Chilena de Municipalidades advirtió que los colegios dependientes de los nuevos Servicios Locales de Educación obtuvieron un peor resultado que los establecimientos municipales”.

Desde una perspectiva metodológica, esta comparación es injusta, pues las comunas con establecimientos estatales de mejor desempeño y mayor capital cultural –como Las Condes, Vitacura, Providencia o Ñuñoa– aún no han migrado al nuevo sistema, mientras que las que sí lo han hecho concentran históricamente los peores resultados educativos. En consecuencia, se comparan realidades no equivalentes; es decir, peras con manzanas.

Este tipo de lecturas, sin embargo, contribuye a instalar un relato crítico contra los SLEP, que, pese a presentar graves problemas de diseño (como siempre se advirtió, ante el autoconformismo de ciertos sectores), no parecen ser en sí mismos una mala idea.

En general, la derecha ha ofrecido propuestas más cercanas al marketing político que mejoras estructurales del sistema educativo. Los gobiernos de Piñera demostraron, en los hechos, una ausencia de una visión profunda sobre educación escolar. Su principal mérito elogiable fue defender la asistencia, la continuidad educativa y el retorno a clases –tanto en pandemia como frente a paralizaciones–, lo cual, siendo básico, contrasta con la incapacidad de la izquierda para sostener siquiera esos mínimos.

El lado C: en síntesis, el debate político chileno se articula en torno a la exaltación de públicos previamente definidos, más interesados en recibir información que confirme sus creencias que en analizar los problemas en profundidad. El debate educacional no escapa a esta lógica: se encuentra capturado por presentaciones interesadas de información, orientadas más a obtener ventajas políticas –“llevar agua al propio molino”– que a comprender el fenómeno en toda su complejidad.

En este escenario, donde incluso académicos e intelectuales han contribuido a la confusión, la educación continúa siendo la gran relegada.