Estado de bienestar y gobernabilidad: ¿cómo transformar sin decepcionar?

Una de las paradojas más persistentes del Chile contemporáneo es que, siendo un país de renta media con instituciones relativamente sólidas y una estructura fiscal razonable, seguimos atrapados entre dos extremos que no resuelven lo esencial. Por un lado, el asistencialismo inmediato, que alivia sin proyectar y, por otro, recetas liberales que prometen libertad, pero sin protección alguna. Entre ambos polos se posterga la conversación de fondo: cómo construir un Estado de bienestar moderno, realista y capaz de generar mayorías duraderas.

Chile no puede seguir oscilando entre la precariedad cotidiana y promesas vacías. Se requiere un proyecto capaz de ofrecer protección hoy con clara proyección hacia el futuro. Proteger para avanzar, y no avanzar dejando a las personas a su merced.

Un Estado de bienestar del siglo XXI no es sinónimo de un Estado sobredimensionado ni de gasto descontrolado. Tampoco es un catálogo de derechos declarativos sin respaldo institucional. Desde una mirada socialdemócrata, el bienestar es un entramado de políticas que reducen el riesgo vital: ingresos suficientes, servicios públicos que respondan a tiempo, protección frente a la enfermedad, la vejez o el desempleo. No como fin en sí mismo, sino como condición de la libertad real.

En sociedades de renta media como la chilena, el bienestar debe construirse de manera gradual, fiscalmente responsable y con legitimidad democrática. No se elimina el mercado, se lo regula; no se reemplaza la iniciativa individual, se la sostiene; no se promete todo de inmediato, pero se cumple con los compromisos. Tal es la diferencia entre un proyecto creíble y una ilusión pasajera.

El avance de la derecha conservadora en Chile y en otras democracias no se explica solo por discursos ideológicos. Se alimenta de un malestar concreto: salarios que no alcanzan, empleos inestables, miedo a perder la vivienda, inseguridad en los trayectos diarios, servicios públicos que no funcionan y una extendida sensación de abandono.

Frente a ese escenario, prosperan ofertas políticas simples y contundentes: orden inmediato, rebajas sin financiamiento, bonos permanentes, culpables claros. Esas propuestas conectan emocionalmente con el electorado, pero rara vez construyen futuro.

La lección es clara: sin bienestar inmediato no hay confianza, y sin confianza no hay espacio político para reformas estructurales. La estabilidad salarial, la seguridad en el empleo, la certeza habitacional y la protección cotidiana no son demandas secundarias ni “pequeñas reformas”. Son la base material desde la cual las personas evalúan la política. Proteger no es claudicar: es crear las condiciones para avanzar, en el cual el sentido común adquiere un rol esencial.

Aquí aparece una diferencia clave con parte de la izquierda radical. En los últimos años, se han formulado utopías normativas deseables en el plano ético, pero desconectadas de las capacidades reales de un país de renta media. Se prometieron profundas transformaciones sin una hoja de ruta clara, sin etapas, sin financiamiento creíble ni capacidad institucional suficiente. Cuando esas promesas no se cumplen, el resultado no es mayor conciencia social, sino frustración y desencanto. Y ese desencanto suele abrirles la puerta a opciones populistas de derecha.

En este punto resulta ilustrativo el caso de la política nacional de cuidados impulsada por el actual Gobierno. Se trata, sin duda, de una iniciativa conceptualmente bien orientada, que reconoce una necesidad estructural de nuestra sociedad y propone una respuesta integral a la crisis de los cuidados. Sin embargo, su principal debilidad radica en la ausencia de una lógica clara de progresividad, escalonamiento y, sobre todo, de un esquema de financiamiento coherente con las expectativas que la propia política genera.

Al no definir con precisión etapas de implementación, prioridades explícitas ni umbrales de expansión gradual, corre el riesgo de convertirse en un diseño ambicioso en lo teórico, pero limitado en su impacto real, beneficiando a un grupo acotado, mientras una mayoría observa desde fuera cómo las promesas no se materializan. Esa brecha entre expectativa y realidad no solo debilita la eficacia de la política, sino que también termina erosionando su legitimidad social y ampliando la distancia entre quienes gobiernan y aquellos a quienes buscan representar.

No se trata, por tanto, de cuestionar su orientación, sino de advertir que sin realismo progresivo y responsabilidad fiscal, incluso las mejores intenciones pueden traducirse en frustración política.

La socialdemocracia no renuncia a los ideales. Los traduce en políticas progresivas, escalonadas y evaluables. El bienestar inmediato no reemplaza las transformaciones de fondo: las hace posibles. Ningún proyecto de cambio sobrevive si las personas no llegan a fin de mes.

Chile no puede copiar mecánicamente modelos europeos ni volver al Estado empresario del siglo XX. Debe reconocer su estructura productiva, su nivel de ingresos y sus restricciones fiscales. Somos un país de renta media, y eso exige responsabilidad, priorización y un Estado fuerte, pero eficaz. El mercado debe seguir siendo un motor de dinamismo, pero debe ser acompañado de una protección social robusta y bien gestionada. Salud, educación, cuidados y pensiones deben ser pilares de seguridad social, no parches temporales.

El bienestar, además, no es solo protección: es oportunidad. Salarios reales, productividad, estabilidad laboral, negociación colectiva moderna y una infraestructura social sólida –cuidados, educación técnico-científica, vivienda– son claves para un desarrollo inclusivo. Pero todo ello requiere expectativas realistas y cumplimiento progresivo. Prometer más de lo que se puede entregar termina debilitando la confianza en la política.

El desafío es, en última instancia, político. El bienestar no es solo técnica; es relato y gobernabilidad. Frente al avance de la ultraderecha y al agotamiento de las promesas maximalistas, la centroizquierda enfrenta una tarea urgente: definirse con claridad como socialdemócrata, y ser capaz de ofrecer protección inmediata para construir mayorías, sin abandonar las reformas estructurales de mediano y largo plazo.

Diferenciarse de otras izquierdas no constituye una traición, sino que es un deber de honestidad política. 

La izquierda socialdemócrata se distingue con claridad de las posiciones del Partido Comunista y del Frente Amplio, que crecientemente parecen inclinarse por una lógica de movilización permanente y confrontación, en desmedro de la construcción de gobernabilidad para los ciclos políticos que vienen. 

Ya que esta lógica, una vez instalados en el Gobierno, suele operar como un búmeran: al acceder al poder sin lograr cumplir las expectativas levantadas en extensas jornadas movilizadoras, el resultado no es mayor adhesión social, sino un aumento sostenido de la distancia con la base que se dice representar –trabajadores, mujeres y territorios, entre otros–.

En este contexto, el mayor error de la centroizquierda ha sido plegarse a una lealtad de tribu acrítica, que la arrastra como vagón de cola a una decepción generalizada, diluyendo su identidad y relegando al olvido los principios que históricamente la han sustentado.

En suma, un Estado de protección social del siglo XXI es un Estado que protege trayectorias de vida, un Estado que no deja caer a las personas en sus proyectos personales y esto no se sostiene ni en la caridad estatal ni en el voluntarismo ideológico. Se funda en un esfuerzo de inversión estratégica en cohesión social, productividad, crecimiento, estabilidad democrática y en un futuro compartido.

Chile necesita una centroizquierda capaz de combinar urgencia social y responsabilidad fiscal, realismo y ambición, bienestar inmediato y transformaciones duraderas.

Solo así será posible enfrentar el populismo, recuperar la confianza ciudadana y construir un proyecto de país que no prometa imposibles, pero que cumpla, paso a paso, con dignidad y sentido de justicia social. Ese es el punto de partida de una discusión crítica, profunda y necesaria para los años que vienen.

De lo contrario, se corre el riesgo de perseverar en un desvarío bienintencionado que satisface los egos de una elite, pero que profundiza la desconexión con las mayorías que se aspira a representar.