Opinión
Reforma a la Ley Ricarte Soto: un punto de inflexión que Chile no puede dejar pasar
Esta es una decisión país. Y no podemos darnos el lujo de dejarla pasar nuevamente.
Chile enfrenta una definición estratégica cuyo impacto va mucho más allá del sistema de salud. La modernización de la Ley Ricarte Soto (LRS), que actualmente se discute en el Congreso, no es un ajuste técnico ni una mejora incremental: es la corrección de un error regulatorio que desde 2015, es decir, por más de diez años, ha frenado inversión, ha debilitado la competitividad del país en investigación clínica y ha limitado el acceso oportuno a terapias innovadoras.
Si esta reforma se posterga, el costo será significativo y difícil de revertir. En la actualidad, Chile invierte cerca de US$ 150 millones anuales en investigación clínica, pero podría estar captando al menos US$ 130 millones adicionales cada año de no existir las barreras introducidas hace una década.
Cada estudio clínico perdido es capital humano avanzado que no se contrata, transferencia tecnológica que no llega, encadenamientos productivos que no se activan y oportunidades que se trasladan a México, Argentina o Brasil, países que comprendieron el valor de esta industria y adoptaron marcos regulatorios modernos para atraerla.
Lo más preocupante es que Chile tenía ventajas naturales para liderar: científicos de excelencia, datos confiables, hospitales capaces y un ISP reconocido por su agilidad. Pero mientras la región avanzó en reformas pro-innovación, Chile quedó inmovilizado por una estructura normativa que terminó castigando al país y, sobre todo, a los pacientes, que pierden acceso temprano a tratamientos de última generación y, en muchos casos, deben buscarlos fuera, asumiendo costos e inequidades enormes.
La modernización de la LRS permite corregir este daño estructural. Ordena procesos, elimina trabas innecesarias, moderniza la evaluación de tecnologías y restituye la certeza que la innovación requiere para mirar a Chile nuevamente. No es solo una reforma sanitaria: es una política de desarrollo que puede recuperar inversión extranjera directa, fortalecer capacidades científicas y volver a posicionar a Chile en la economía del conocimiento en salud.
Postergar esta reforma sería dilatar una solución que el país necesita desde hace años. Y es importante decirlo con claridad: si el Gobierno saliente no prioriza su aprobación, o si el próximo Gobierno no la continúa, Chile perderá una oportunidad crítica para recuperar competitividad, atraer I+D y mejorar el acceso real a terapias avanzadas.
Esta es una decisión país. Y no podemos darnos el lujo de dejarla pasar nuevamente.
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