Máxima protección internacional de la palma chilena: ¿y en Chile?

La reciente inclusión de la palma chilena (Jubaea chilensis) en el Apéndice I de CITES —la máxima categoría de protección internacional— es una buena noticia. Implica la prohibición casi total de su comercio internacional y refuerza la imagen de Chile como país comprometido con la biodiversidad. No es menor: se estima que la especie ha perdido cerca del 98% de sus poblaciones originales y que las actuales están envejecidas, con escasa regeneración.

Sin embargo, mientras celebramos afuera, en casa seguimos al debe. A nivel nacional, la palma chilena no cuenta con la máxima protección posible. Aunque la evidencia científica sobre su declive es conocida desde hace décadas, recién en 2020 fue clasificada como “En Peligro”. Hoy, académicos y organizaciones sociales solicitan su recategorización a “En Peligro Crítico”. Tampoco ha prosperado la propuesta de declararla monumento natural, figura que sí protege a especies emblemáticas como la araucaria o el alerce. Es importante señalar que solo 7 especies vegetales del país han sido declaradas en esta categoría, existiendo una abismal ausencia de especies de zonas mediterráneas, áridas y semiáridas que se encuentran seriamente amenazadas.

¿Por qué no avanzamos? La pregunta es incómoda, pero necesaria. ¿Falta de voluntad política e institucional? ¿Bloqueos en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad? ¿Temor a afectar intereses productivos? ¿Se retrocederá aún más con la Ley de Permisología? Mientras tanto, la palma chilena sigue expuesta.

Proteger a esta especie no es solo cuidar un árbol (aunque se trata de un gran pasto). Requiere resguardar su ecosistema: el bosque y matorral esclerófilo, uno de los más amenazados del país. La expansión agrícola, los incendios forestales, la presión inmobiliaria y proyectos energéticos han destruido y degradado sistemáticamente estos ecosistemas. Todo esto ocurre, paradójicamente, bajo la vigencia de una Ley de Bosque Nativo que nació debilitada, con un enfoque maderocéntrico que les da poca importancia a ecosistemas de zonas mediterráneas, áridas y semiáridas, y que a 17 años de su promulgación no ha sido reformada para cumplir su objetivo central: proteger, recuperar y mejorar la condición de los ecosistemas nativos a través del manejo. 

Las señales internacionales importan, pero no bastan. Si Chile quiere tomarse en serio la conservación, debe actuar con coherencia puertas adentro. Salvar a la palma chilena —y a muchas otras especies nativas amenazadas— exige políticas públicas integrales que aborden el problema de diferentes dimensiones y miradas, regulación efectiva de actividades productivas, mejoramiento de instrumentos para el manejo de cobertura forestal nativa a largo plazo, planificación territorial y financiamiento que involucre activamente a las comunidades locales en la conservación de ecosistemas, en especial aquellos en contextos críticos. Es momento de dejar las medias tintas y enfrentar las causas reales de la pérdida de biodiversidad.