Cuando el crimen organizado toca la puerta de la niñez

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) es una forma extrema de vulneración de derechos, reconocida internacionalmente como práctica análoga a la esclavitud. En Chile, según datos del Ministerio Público, a octubre de 2025 ya se registraban 1.560 víctimas. No se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno extendido y asociado a redes criminales que se expanden. Exige, por tanto, una respuesta urgente.

Las cifras lo confirman. En solo dos años, las denuncias aumentaron un 73% y las principales víctimas son niñas y adolescentes mujeres que viven en residencias del Servicio Nacional de Protección Especializada. Esta realidad nos enfrenta a una verdad incómoda, porque cuando el Estado separa a un niño de su familia con la promesa de que “aquí estará más seguro”, asume una responsabilidad reforzada que no admite fisuras. Pero las fisuras están y vulneran nada menos que sus derechos humanos.

¿Por qué las residencias quedan particularmente expuestas? La respuesta es estructural. Concentran, por definición, a niñas y adolescentes con trayectorias previas de vulneración y con escasas redes protectoras, una fragilidad que viene desde el Sename y que los cambios institucionales, por sí solos, no han logrado revertir.

A ello se suma la actual crisis residencial, marcada por hacinamiento, infraestructura deficiente y equipos sobrepasados. El resultado son brechas de protección que las convierten en blanco de redes criminales externas.

Aquí emerge un dato clave. Alrededor del 85% de los explotadores son personas ajenas a las residencias, lo que desplaza el foco hacia el entorno que las rodea. Son redes externas que contactan y captan a sus víctimas aprovechando su soledad, la desconfianza acumulada y la ausencia de familia. La tecnología ha acelerado este proceso de manera exponencial. La captación puede comenzar con un mensaje en redes sociales, escalar en horas y sostenerse en dinámicas de control que eluden cualquier fiscalización.

Las señales de alerta están a la vista. Si un tercio de las residencias registra al menos una circular por presuntos delitos de explotación sexual, no estamos ante excepciones, sino ante un patrón sistémico. Se trata de un riesgo persistente, documentado y previsible, que no se neutraliza con buenas intenciones ni con protocolos archivados en carpetas.

En el fondo, el problema es doble. Primero, la exposición del entorno residencial, con brechas que facilitan la captación y el control desde afuera. Segundo, la impunidad. Para que la ESNNA funcione como negocio criminal necesita dos condiciones: víctimas accesibles y sanción improbable. Y Chile les está ofreciendo ambas.

Desde 2019 se han presentado solo 56 querellas por delitos de ESNNA. De ellas, 44 siguen en investigación, 12 han terminado y solo 5 obtuvieron condena. Eso significa que menos del 9% de las querellas ha logrado sanción efectiva. El mensaje para los explotadores es claro: el riesgo es bajo y el negocio puede continuar.

Ante un crimen organizado que revictimiza sin escrúpulos a los niños más vulnerados, urge fortalecer el resguardo del entorno residencial y, al mismo tiempo, robustecer la persecución penal. No se trata de estadísticas. Se trata de si seremos o no capaces de volver creíble la palabra “protección”. Cómo cuidamos a nuestros niños dice quiénes somos como sociedad. Y en eso, seguimos al debe.