La imperiosa necesidad de Chile de mejorar la coordinación de Cancillería y defensa

La política exterior y la defensa son funciones básicas de toda sociedad organizada. Comparten esta condición con el Gobierno interior, el manejo de la Hacienda Pública y la administración de justicia. La función de defensa asegura la independencia política de un país, ampara su integridad territorial y resguarda su soberanía merced de la aplicación potencial de la fuerza, usualmente, mas no exclusivamente, bajo la modalidad disuasiva. En tiempos recientes, ha extendido su responsabilidad a cooperar en la seguridad interior.

La política exterior, a su turno, gestiona la actividad diplomática del país y sus vinculaciones internacionales para fines políticos, de representación, de cooperación y comerciales. Las finalidades últimas de ambas funciones son similares, en términos de afianzar la posición internacional de un país, con el máximo espacio de maniobra e independencia en la comunidad de naciones.

Cabe observar, con todo, que las relaciones exteriores y la defensa son funciones complementarias, pero no se compensan mutuamente. Dicho de otro modo, más allá de un cierto umbral –en general bajo– no es posible reemplazar la defensa con la diplomacia, aunque esta sea especialmente sofisticada y eficaz.

Ambas funciones son ejecutadas mediante políticas públicas específicas –la política exterior y la política de defensa– desarrolladas en el seno de la actividad general del Estado, por agencias específicas de su organización administrativa central, siempre de rango ministerial. Las dos políticas están inextricablemente vinculadas, en términos de constituir, diríase, dos caras de una misma moneda.

Por lo anterior, las políticas exterior y de defensa deben desarrollarse e implementarse con altos niveles de coordinación. La forma más avanzada es su integración en una “Estrategia de Seguridad Nacional”, aplicable también a la potencias medianas.

En ausencia de esta, una imbricación funcional entre ambas políticas descansa en, al menos, tres requisitos: niveles similares de desarrollo, que las agencias encargadas de su definición e implementación tengan capacidades de gestión similares y que las autoridades encargadas de cada política conozcan los fines, los métodos, las ritualidades y los objetivos de la otra. Son cuestiones, si se quiere, bastante obvias, pero no siempre son ponderadas en una mirada conjunta y holística. De ahí la conveniencia de su sistematización.

Todo lo expresado tiene aplicación directa en Chile. La cooperación y complementación entre sus políticas exterior y de defensa han sido comparativamente escasas, lo que ha  constituido un eslabón débil en el posicionamiento del país en el sistema internacional. Se han generado instancias de coordinación a nivel táctico pero, en lo macro, la ausencia de miradas comunes entre ambas políticas ha subsistido.

Esto pudo haber sido relativamente aceptable en el pasado, cuando la problemática estratégica de Chile era estable y predecible y su injerencia en los asuntos mundiales muy limitada, mas no en la actualidad. En el sistema internacional en evolución, convulso e impredecible, es la hora de la seguridad y la política, lo que afecta los fundamentos tradicionales de su posicionamiento en la comunidad de naciones. Además, Chile tiene responsabilidades significativas en la competencia geopolítica global.

En suma, el horizonte estratégico y de política exterior del país es posiblemente el más complejo que ha debido asumir desde la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, porque hoy es un actor en una competencia geopolítica global y no meramente regional.

En estos escenarios, el país requiere que sus políticas exterior y de defensa actúen de consuno bajo una mirada común y estrecha coordinación. Además, ambas deben disponer de suficiente financiamiento, el que no debería ser afectado por el de otras funciones públicas, así sea de manera temporal. Cabe observar, además, que la institucionalidad existente es adecuada para estos fines, incluso en ausencia de una arquitectura de seguridad nacional moderna y funcional.

Es, entonces, una cuestión de compresión de los escenarios políticos, diplomáticos y de seguridad internacional por las autoridades superiores del país, así como de voluntad política, y descansar en una conducción de ambas funciones de especial capacidad y experticia.

En síntesis, la defensa y la política exterior son funciones básicas e indispensables, que todo gobierno debe ejecutar de modo acorde con las circunstancias políticas, estratégicas y comerciales que le corresponda asumir, con una mirada larga y de Estado. Y dichas realidades resultarán especialmente desafiantes para la República en los próximos años.