La izquierda sin progreso

Los reveses electorales recientes deberían leerse con menos consuelo identitario y más economía política: una parte relevante del electorado dejó de asociar “progresismo” con progreso material. No es que la ciudadanía haya abandonado los derechos; duda de que la izquierda sepa financiarlos y, sobre todo, de que sepa crear las condiciones para sostenerlos: empleo, inversión, productividad y salarios reales.

La caja fiscal lo evidencia. El Presupuesto 2024 estima ingresos por US$ 84.766 millones: 70% proviene de impuestos y 19% de endeudamiento. Si se excluye la deuda y se mira el ingreso no financiero, 86% es tributario. El Estado social depende, principalmente, de una economía que trabaja, consume, invierte y tributa de manera regular, no de una renta minera milagrosa.

Según DIPRES (IFP 4T 2024), el IVA (US$ 26.992 millones) y el impuesto a la renta (US$ 23.306 millones) suman US$ 50.298 millones: alrededor de 37 veces el “cobre bruto” de Codelco (US$ 1.356 millones). La minería privada agrega US$ 3.475 millones. En conjunto, la gran minería del cobre explica cerca de 8% de los ingresos del Gobierno Central. Relevante, sí; insuficiente para sostener el relato de que “capturar rentas” financia por sí sola la transformación.

Aquí la crítica a la izquierda debe incomodarnos. 

Primero, hemos tratado el crecimiento como sospechoso: inversión como concesión, utilidades como pecado, mercados como falla moral. Esa gramática se paga en un país pequeño y abierto que aspira a un Estado social robusto. Prometer derechos, mientras se desincentivan los motores que los financian, es una contradicción.

Segundo, se ha confundido justicia con maximalismo. Los derechos sociales son contratos intertemporales: si son permanentes, requieren una economía capaz de sostenerlos por décadas. Con crecimiento cercano a 2%, duplicar el PIB toma una generación (40 años); con 6%, solo una década. ¿Qué relevancia tiene esto? El presupuesto público es el 20% del producto: si el producto se duplica, también se duplicarán los ingresos del Estado.

Tercero, se ha banalizado el riesgo fiscal. La deuda es una herramienta; el problema es cuando deja de ser puente y se vuelve hábito. Una deuda pública sobre 40% del PIB y la caída de los activos financieros del Tesoro reducen margen ante shocks y encarecen cualquier agenda de derechos.

Cuarto, el progresismo ha sido errático con el Estado productivo: cuando el fisco aprieta, la tentación es “comerse el capital” de sus empresas públicas. Ese patrón degrada la capacidad de crecimiento y, al final, recauda menos. Codelco lo refleja: se le han retirado sistemáticamente sus utilidades, sin pensar en sus enormes necesidad de reinversión; la relación deuda-capital es cercana a 2; los pagos de intereses consumen su flujo y, como consecuencia, la producción no remonta.

Y, sobre todo, inclusión sin productividad no funciona. El mercado laboral lo muestra: informalidad en torno a 25%, brecha de participación femenina cercana a 20 puntos y desempleo persistente alrededor de 8%. Sin formalización, cuidados y ejecución, el pacto social pierde base tributaria y legitimidad.

¿A quiénes nos debemos los progresistas? A quienes viven de su trabajo, a los independientes y pequeños emprendedores, y a los cuidadores no remunerados que quedan fuera del mercado por falta de salas cuna y redes. Si esa es la base moral, el progresismo no puede despreciar el crecimiento ni tratar la inversión como enemigo cultural.

El giro no exige volverse “la derecha” o tomar sus banderas. Exige ser una izquierda de prosperidad: defender competencia y apertura cuando bajan precios y suben salarios; combatir colusión y abuso; ensanchar el presupuesto con productividad; priorizar primera infancia y cuidados como infraestructura; y practicar responsabilidad fiscal para proteger a quienes más sufren cuando el Estado pierde recursos.

En una frase: el progresismo no recuperará credibilidad si no vuelve a traducirse en progreso material.