El gabinete gerencial de José Antonio Kast

El primer gabinete de José Antonio Kast no es un inventario de trayectorias. Es un dispositivo de poder. Y su primera señal, más que económica, es política. Kast decidió que el umbral de legitimidad inicial se jugará en seguridad. No es casual que el gesto inaugural –la primera ministra presentada y el primer relato ordenado– se asocie a ese eje. En un gobierno que se anuncia como “de emergencia”, la emergencia se define primero como orden.

La economía aparece como la segunda columna del mismo dispositivo. Seguridad para estabilizar, economía para normalizar, y recién entonces la promesa de atravesar lo social. La cuestión es el orden de prioridades: primero tranquilidad, luego crecimiento, después cohesión. Esa secuencia es una doctrina.

Hay que desmontar, desde el inicio, la palabra más repetida en estas presentaciones: “independiente”. En política, independiente no significa neutral. Significa que la intermediación partidaria se reemplaza por otro tipo de mediaciones como redes de confianza, mundos profesionales, lealtades corporativas y cosmovisiones. Un gabinete sin carné no es un gabinete sin política. Es un gabinete donde la política se desplaza desde los partidos hacia circuitos más estrechos y menos visibles.

En clave comparada, este gabinete se parece a los “gabinetes de expertos” que aparecen cuando los partidos se desprestigian y la política se reordena en torno a resultados. La singularidad aquí es que la seguridad opera como principio organizador del gobierno. Ese cruce entre experiencia gerencial y promesa de orden lo aproxima a una tecnocracia populista, donde se promete resolver problemas saltándose la mediación partidaria.

Los datos publicados por la Oficina del Presidente Electo (OPE) ayudan a describir esa arquitectura. La mitad del gabinete corresponde a perfiles tecnocrático-empresariales. Y, en términos de conducción, hay una asimetría importante porque solo un 25% tiene experiencia política alta (trayectoria parlamentaria o ministerial robusta), mientras un 42% presenta experiencia política baja o nula. En otras palabras, un gabinete con mucha capacidad técnica sectorial, pero con una densidad política limitada para procesar conflicto, negociar derrotas parciales y sostener acuerdos.

Este diseño también se concentra en los ejes “duros” del Estado. Si se agrupan las carteras vinculadas a seguridad/control institucional y al núcleo económico-productivo, ese bloque representa 46% del gabinete. Esa proporción no es solo estadística, muestra cuál es el centro de gravedad del proyecto gubernamental. El gabinete está pensado para funcionar como un tablero de mando con dos palancas principales: control y modelo de desarrollo.

Entonces, se gobernará prometiendo resultados rápidos en seguridad y en economía, y se apuesta a que ese binomio genere el capital político suficiente para atravesar lo social. El problema es que seguridad y economía son precisamente las áreas donde la “gestión” se encuentra rápido con su límite. Porque no son solo políticas públicas, son arenas de conflicto distributivo, de expectativas contradictorias o de costos inevitables. Un gabinete puede estar lleno de expertís y aun así fallar si confunde eficacia administrativa con conducción política.

Aquí está el punto ciego, porque gobernar no es solo administrar. La gobernabilidad democrática es coordinación bajo conflicto. Y en Chile –con un Congreso fragmentado, un sistema de partidos tensionado y demandas sociales que no se evaporan– la coordinación no se resuelve con organigramas ni con credenciales. Se resuelve con negociación, coaliciones efectivas y manejo del disenso como normalidad institucional.

Por eso el análisis del área social no es un detalle. Cuando carteras como salud, educación, desarrollo social quedan subordinadas a la promesa de “orden primero”, tienden a operar como correas de transmisión del eje central. Pero esas áreas no son meramente administrativas, son campos donde se acumulan frustración, legitimidad cotidiana y conflicto simbólico. La ciudadanía no evalúa un gobierno solo por cifras macro o por partes policiales. Lo evalúa por la espera en el consultorio, la incertidumbre escolar, el precio del transporte, el ingreso del hogar.

Lo mismo ocurre con cultura, medio ambiente, mujer o ciencia cuando se las intenta encuadrar como territorios a neutralizar. Esa despolitización, en realidad, es un acto político que define qué temas quedan fuera de la disputa legítima y cuáles se transforman en administración. No elimina el conflicto; suele postergarlo, y muchas veces lo devuelve más caro al judicializarlo, polarizarlo o convertirlo en crisis comunicacional.

Finalmente, la inclusión de figuras “transversales” cumple una función de normalización y señales de estabilidad para mercados, para electorado moderado y para la idea de “fin de las ideologías”. Pero esa narrativa solo funciona como atajo retórico. Los clivajes materiales siguen ahí, aunque cambie el lenguaje: trabajo y capital, centro y periferia, extractivismo y sostenibilidad, derechos sociales y disciplina fiscal. Un gabinete no borra esos clivajes, simplemente decide cómo enfrentarlos.

En este esquema, Kast se juega su primer año en tres pruebas previsibles. La primera es la prueba legislativa: incluso con una derecha que queda a un voto de la mayoría absoluta en la Cámara, la gobernabilidad no está garantizada. El margen es tan estrecho que depende de disciplina y asistencia perfectas, y en cuanto la agenda toque quórums más altos –o el Senado– vuelve la política dura de negociación, concesiones y acuerdos más allá del propio bloque.

La segunda es la prueba del conflicto: si el gobierno interpreta el disenso como desorden, se queda con herramientas coercitivas y pierde margen político. La tercera es la prueba de la captura: cuanto más se perciba un gabinete como garantía para ciertos mundos –empresariales, tecnocráticos– más fácil es que se instale la crítica de gobierno para pocos.

En síntesis, el gabinete de Kast no es la ausencia de política, sino la instalación de una política distinta, con la seguridad como mito fundacional, la economía como garantía de orden y un área social subordinada a la promesa de resultados. Si ese dispositivo logra construir coalición real, coordinación y capacidad de procesar conflicto, puede gobernar. Si no, la promesa de eficiencia puede mutar rápido en su opuesto, como un gobierno que decide con velocidad, pero se desgasta por falta de conducción política.