Entre la ley y la calle: una prueba mayor para la República

El fallo favorable al carabinero Claudio Crespo, que reconoce la legítima defensa reforzada establecida por la ley Naín-Retamal, deja al descubierto una tensión política que excede largamente el caso individual.

El Presidente Boric, promotor de esa ley en medio de la crisis de seguridad, ha reaccionado contra la sentencia con una vehemencia que sugiere sorpresa ante consecuencias plenamente previsibles de la norma. En ello se confunden responsabilidad institucional y cálculo coyuntural, con el riesgo de erosionar tanto la legitimidad de la ley como la credibilidad del Estado.

No es razonable impulsar una legislación con urgencia para luego relativizar su aplicación cuando sus efectos resultan políticamente incómodos. La ley no puede degradarse a instrumento selectivo: su fuerza reside en su estabilidad, en su resistencia a los vaivenes de la contingencia y en su pretensión de permanencia, con independencia de los intereses del gobierno de turno.

El Frente Amplio y el Partido Comunista han exhibido una reacción semejante. Detrás de la contradicción parece insinuarse una inclinación persistente a desconfiar de las instituciones estatales y a tolerar, o al menos relativizar, protestas que con frecuencia derivan en violencia. Esa actitud tensiona principios jurídicos fundamentales: la legítima defensa como resguardo de la vida y la integridad, y el uso justificado de la fuerza pública para contener la violencia privada.

Cabe preguntarse si no opera aquí una lógica de superioridad moral que transforma al adversario político en “enemigo moral”, alguien “inaceptable” (véase Razón bruta revolucionaria, págs. 43-49). Bajo esa óptica, la disidencia puede ser declarada inadmisible y hasta combatida violentamente, aun cuando se trate de policías actuando para controlar multitudes en despliegue destructivo. Tal conversión erosiona los fundamentos del pluralismo democrático y justifica dudas sobre el compromiso republicano efectivo del PC y el FA.

La inquietud se intensifica ante llamados explícitos a retomar las vías de hecho, como los de Lautaro Carmona, para “que Kast no tenga ninguna posibilidad” de proyectar su gobierno; o las invocaciones de recientes documentos del PC al Leninismo (y su inescindible carga de violencia). Ellas evocan tradiciones y actitudes incompatibles con una democracia institucional plena. El FA, por su parte, oscila entre un presente adulto y la tentación de persistir en narrativas moralizantes, pese a derrotas electorales macizas (62-38 y 58-42%).

La pregunta decisiva es ineludible: ¿PC y FA adhieren a una democracia fundada en la pluralidad, la deliberación y la diferencia, una abierta al otro, que lo acepta sin decretarlo “inaceptable” o, en cambio, están atados a una lógica que legitima la condena moral del enemigo y las vías de hecho contra él?

La respuesta es crucial. De ella depende si su compromiso con la república democrática es sustantivo o meramente instrumental, y si la ciudadanía puede exigir al Estado anticiparse responsablemente a eventuales estallidos de violencia.

La convivencia nacional no se sostiene en consignas ambiguas ni en oportunismos tácticos, sino en el imperio de la ley, autoridades coherentes y un compromiso firme, lúcido y sostenido con los fundamentos de la república democrática.