El infierno está plagado de buenas intenciones

Las políticas públicas no deben evaluarse por la nobleza de sus intenciones, sino por los efectos reales que producen. En educación, esta distinción no es teórica: es dramáticamente práctica.

Hace un tiempo, conversando con compañeros de un Magíster en Política Educativa, reflexionábamos sobre la necesidad de normar ciertos aspectos de género en las escuelas. Señalé entonces que, sin poner en duda las buenas intenciones de estas propuestas, las escuelas chilenas eran precisamente el último lugar que necesitaba más normas. Por el contrario, lo que urgía era sentarse a decidir qué normativas vigentes debían retirarse, no por carecer de buen espíritu, sino por sus efectos concretos: agobio institucional, pérdida de foco en la formación y los aprendizajes, y un desgaste excesivo de tiempo, energía y recursos en el mero cumplimiento administrativo. En concreto, la convivencia escolar se está convirtiendo en un agotamiento insoportable para las comunidades educativas. 

En una columna publicada en julio de 2024 en este mismo medio, titulada “Que el foco esté en la formación y los aprendizajes de los niños”, describí numéricamente y con mayor detalle el agobio normativo que enfrentan hoy las escuelas. La conclusión era clara: el exceso de normas termina debilitando incluso aquellas regulaciones más necesarias, pues se pierden entre un mar de exigencias. El ser humano —y también las organizaciones— tienen límites; en los hechos, funcionan con focalización. Como dice el dicho popular, “el que mucho abarca, poco aprieta”.

Las direcciones de los establecimientos educacionales, responsables de sostener comunidades escolares complejas y de operar dentro de un sistema crecientemente exigente, se encuentran hoy completamente sobrepasadas. Y esto, por cierto, termina reflejándose en los resultados educativos. Hemos transitado desde un sistema poco normado a uno sobrenormado, o al menos sobredemandado para las reales capacidades administrativas de las escuelas.

Aquí es inevitable tomar definiciones. El tiempo, la energía y los recursos son finitos: o se orientan a la formación y los aprendizajes de los estudiantes, o se consumen en el cumplimiento administrativo, en responder procedimientos, fiscalizaciones y trabajo burocrático. Creer que todo puede hacerse simultáneamente es una ilusión infantil e irrealista.

En este escenario, la Superintendencia de Educación aparece profundamente desenfocada. Su diseño y operación están hoy prácticamente capturados por un rol punitivo, que requiere ser urgentemente morigerado. Existe un problema estructural de diseño, tanto en la Superintendencia como en el Ministerio de Educación. Resulta ilustrativo que, hace dos años, el Ministerio difundiera un afiche dirigido a los apoderados que señalaba: “Involúcrate en tu comunidad educativa, infórmate sobre los protocolos de tu establecimiento y denuncia en la Superintendencia de Educación”. Es decir, se incentiva que los conflictos se tramiten mediante largos y desgastantes procesos burocráticos, en lugar de promover comunidades educativas maduras, capaces de resolver sus diferencias a través del diálogo interno. La denuncia debería ser última ratio, no un mecanismo de “gatillo fácil”, como se ha instalado en la práctica.

Como si el sistema no estuviera ya suficientemente saturado, la Superintendencia ha continuado incrementando el agobio regulatorio. Ejemplo de ello son el oficio ORD. N° 1.660 de noviembre de 2024 y las circulares Rex N° 781 y 782 de diciembre de 2025. Se siguen agregando capas normativas, muchas veces excediendo la potestad interpretativa, cargando a los colegios con nuevas obligaciones administrativas que poco o nada aportan al núcleo educativo.

En este contexto, no es casual que cada vez más docentes abandonen la profesión. El motivo que aparece con mayor recurrencia es claro: la convivencia escolar, gestionada a través de una maraña de protocolos, se ha vuelto infernal, junto con una creciente sensación de desprotección frente a los apoderados, en un sistema que castiga cualquier error. Estos factores generan una destrucción progresiva de la vocación docente. Todo ello ocurre, además, en un contexto de crisis creciente de escasez de profesores, que amenaza seriamente la sostenibilidad del sistema educativo.

El diseño educacional del país se está volviendo administrativamente insostenible, cada vez más alejado de lo esencial y más atrapado en el cumplimiento formal. Las comunidades escolares están exhaustas.

Aquí se requiere liderazgo y voluntad política real. O terminamos por asfixiar definitivamente al sistema, o iniciamos un cambio de rumbo que exigirá decisiones impopulares, contraintuitivas y valientes. El sistema educativo necesita oxígeno; necesita descomprimir a sus comunidades, necesita reducir la cantidad de normas, por muy bien intencionadas que parezcan. Y eso solo será posible con madurez, coraje y hacedores de política pública que conozcan —de verdad— la realidad cotidiana de la gestión escolar.