Jueces en el banquillo

“Los jueces hablan por sus fallos” era una máxima que antaño se repetía como una letanía cada vez que un juez era requerido por los periodistas. Era una época en la que la judicatura mantenía una conducta social sobria y recatada porque entendían que la apariencia de neutralidad es tan crucial como la realidad. Evitaban comidas con litigantes, declaraciones políticas o viajes ostentosos. No por ascetismo, sino para que ninguna sospecha empañara la pureza de sus fallos; en general su vida privada era un escudo invisible que preservaba la fe en la justicia.

¿Es la corrupción en el Poder Judicial un fenómeno nuevo? No, sin duda no lo es. Pero en forma infrecuente, en pocos meses, hemos visto desfilar a varios jueces –incluidos ministros de cortes de apelaciones y de la propia Corte Suprema– compareciendo en forma inédita ante la justicia penal, el Congreso o la jurisdicción disciplinaria.

Lo que hemos conocido en audios filtrados y sumarios masivos se contrapone a esa vieja tradición: jueces en cenas privadas o licencias dudosas, jueces coincidiendo con abogados que han litigado en sus salas en viajes lujosos, cohechos o lavado de activos, entre otras cosas. Si los fallos ya no bastan para “hablar” y la conducta social muestra a gritos corrupción o ligereza, la legitimidad se reduce hasta desvanecerse.

Se ha instalado en la sociedad la idea de que el sistema que debía protegernos del abuso se ha convertido, en parte, en su protagonista. No es natural que los jueces, los que dictan el derecho, deban sentarse en el banquillo de los acusados. Y cuando eso ocurre el sistema judicial pierde legitimidad y crea una sensación de inestabilidad porque instala en la sociedad la idea de que los más poderosos y conectados pueden evadir sanciones mientras los más vulnerables enfrentan rigidez punitiva.

La justicia chilena enfrenta una difícil encrucijada y ante ella tiene dos caminos: puede mantenerse en una lógica defensiva, ignorar el cambio de paradigma y atrincherarse, señalando que se trata solo de “casos aislados”. O bien puede asumir que la cantidad de jueces que han debido comparecer ante la justicia, enfrentar acusaciones constitucionales o sumarios masivos, revela una enfermedad sistémica. Enfrentar esta crisis exige algo más que castigar a los culpables visibles.

Se requiere un cambio de paradigma en la justicia chilena. El cambio de verdad supone repensar los mecanismos de nombramiento, evaluación y remoción de jueces, reduciendo la opacidad y la influencia de redes cerradas que han favorecido la cooptación interna. También implica fortalecer controles externos efectivos que puedan investigar a magistrados sin temor ni privilegios indebidos. Eso requiere un acuerdo transversal, político y social.

Pero demanda también un cambio de la judicatura, la que por sobre todo debe retornar a esa sobriedad de los jueces de antaño. Pero no por nostalgia, sino porque un juez que vive como dicta –silencioso fuera de la sentencia, recatado en lo social– puede reclamar que sus fallos hablen con legitimación social.