La política laboral del gobierno de Gabriel Boric: un balance

A punto de concluir el gobierno de Gabriel Boric, resulta pertinente realizar un balance de los avances y deudas pendientes de su política laboral. Dicho balance sugiere que, en continuidad con las administraciones de la Concertación y la Nueva Mayoría, la política laboral de este gobierno se caracterizó por la combinación de ciertos avances en materia de derechos laborales individuales y una atención escasa o nula al fortalecimiento de los derechos colectivos del trabajo, particularmente aquellos vinculados a la sindicalización y la negociación colectiva.

En el plano de los derechos individuales, la administración del presidente Boric —y en particular la gestión de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara— será recordada por haber liderado cambios significativos. El más emblemático de ellos fue, sin duda, la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Aunque este cambio no formaba parte de una agenda originalmente planificada por el Ejecutivo, su concreción puede considerarse un resultado políticamente exitoso, especialmente si se toma en cuenta la condición de minoría parlamentaria en la que se encontraron los partidos de gobierno. Para lograr la aprobación de esta reforma, el Ejecutivo debió ceder en aspectos sustantivos que no estaban contemplados en el proyecto original, impulsado años antes por la entonces diputada Camila Vallejo. Entre estas concesiones destacó la incorporación de cláusulas de flexibilidad horaria, sujetas a acuerdo con los sindicatos. Sin embargo, dichas concesiones permitieron alcanzar un amplio consenso político y facilitaron la aprobación casi unánime del proyecto en el Congreso. Esto no se trata de un logro menor: una reducción comparable de la jornada laboral no se producía desde hacía 25 años, con la reforma de comienzos de la década de 2000.

En materia salarial, el gobierno de Boric también quedará registrado como una de las administraciones con mayores alzas del salario mínimo desde el retorno a la democracia. Al inicio de 2022, el salario mínimo se situaba en $350.000. Tras una serie de incrementos progresivos, alcanzó los $539.000 en enero de 2026. Este aumento no fue solo nominal. Ajustado por inflación, el salario mínimo registró una variación real anual promedio cercana al 4,5%.

Junto con estos avances, entre 2023 y 2024 el Ejecutivo impulsó otras reformas laborales relevantes, como la Ley Karin —orientada a prevenir, investigar y sancionar el acoso y la violencia en el trabajo— y la Ley de Conciliación, destinada a facilitar el equilibrio entre la vida laboral y familiar. Sin embargo, la eficacia de ambas iniciativas ha sido objeto de creciente debate. En el caso de la Ley Karin, diversos actores han señalado problemas asociados a la excesiva burocracia de los procedimientos, a la alta tasa de desestimación de denuncias y a la ausencia de un fuero que proteja contra el despido a quienes denuncian. La Ley de Conciliación, por su parte, enfrenta problemas distintos, pero igualmente relevantes. Si bien su orientación normativa es valorable, su capacidad real para promover la conciliación entre trabajo y familia resulta limitada. La ley obliga únicamente a que el empleador responda a solicitudes individuales —por ejemplo, de teletrabajo—, sin garantizar su aprobación. La escasa evidencia disponible sugiere, además, que estas solicitudes suelen ser rechazadas cuando se realizan de forma individualizada. A ello se suma la falta de atención a los potenciales efectos negativos del teletrabajo, como la reproducción de estereotipos de género —al facilitar el trabajo a domicilio principalmente para mujeres— o el debilitamiento de la organización colectiva en el lugar de trabajo, al fomentar procesos de “des-socialización” laboral.

Con todo, y a pesar de estas limitaciones, la aprobación e implementación de estas reformas debería evaluarse con cierta perspectiva. Se trata de un gobierno que operó en condiciones de minoría parlamentaria y que, tras el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022, vio drásticamente reducida su capacidad política y su iniciativa legislativa.

Esta misma falta de capacidad —y, sobre todo, de voluntad política— resulta clave para explicar lo ocurrido en el ámbito de los derechos colectivos del trabajo. A pesar de haber sido un eje relevante del programa de gobierno y de responder a una de las demandas históricas más persistentes del movimiento sindical, durante más de tres años el Ejecutivo se negó a enviar al Congreso un proyecto de ley destinado a establecer un sistema de negociación colectiva multinivel y a fortalecer la capacidad negociadora de los sindicatos.

Como he señalado en otras columnas, una reforma de este tipo debiera ser prioritaria para cualquier gobierno de izquierda, en tanto permitiría poner término a una de las herencias más nocivas de la dictadura militar: el Plan Laboral de 1979. Sin embargo, en la práctica, esto no ocurrió. El Ejecutivo optó por enviar el proyecto de ley recién en enero de 2026, cuando su tramitación legislativa era ya inviable. En términos sustantivos, este envío tuvo un carácter meramente simbólico.

Lo ocurrido con la negociación colectiva multinivel es expresión de un problema más profundo: la ausencia de una discusión estratégica en los partidos de gobierno respecto de la necesidad —común a cualquier proyecto de izquierda— de impulsar reformas redistributivas reforzando, al mismo tiempo, la alianza con los movimientos sociales. Esta falta de discusión se tradujo en una desconexión constante entre la coalición de gobierno y el movimiento sindical, así como en un notorio desinterés de muchos actores gubernamentales por responder a las demandas históricas de los sindicatos.

En este contexto, una parte del movimiento sindical intentó movilizarse para presionar por el cumplimiento de las reformas prometidas. Así, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT) convocó a paros nacionales en abril de 2024 y abril de 2025. A la luz de los resultados concretos —en particular, el envío tardío del proyecto de negociación multinivel—, la efectividad de estas movilizaciones es, sin duda, discutible. Con todo, resulta relevante destacar que, en un escenario general de escasa movilización social, la CUT fue uno de los pocos actores —si no el único— que mostró disposición a presionar al gobierno para que cumpliera sus compromisos programáticos. Este hecho no debiera ser minimizado.

Por el contrario, revela que, a pesar de su debilidad estructural, el movimiento sindical continúa intentando asumir un rol activo frente a gobiernos que, al menos en principio, debieran ser más receptivos a sus demandas. Ello constituye una señal relevante sobre los límites de la estrategia gubernamental y sobre la persistencia de tensiones no resueltas entre el Ejecutivo y el mundo del trabajo organizado.

En suma, al menos en materia laboral, la administración de Gabriel Boric no se diferenció sustantivamente de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría. Más allá de las diferencias de contexto político y de los discursos iniciales que prometían superar la herencia concertacionista, su gestión privilegió avances en derechos laborales individuales en desmedro de transformaciones sustantivas en el ámbito de los derechos colectivos, replicando una lógica ya conocida en la centroizquierda chilena. Asimismo, y siguiendo un patrón instalado desde la transición, el gobierno hizo poco o nada para integrar al movimiento sindical en instancias con real capacidad de incidencia en la formulación de políticas públicas. Si los partidos de la coalición saliente aspiran a recuperar hegemonía social y política en el futuro, una evaluación crítica de estos límites no solo resulta necesaria, sino impostergable.