Contar izquierdas no basta

El debate reciente en la izquierda suele organizarse como una disputa entre ejes: material-cultural, unidad- iferenciación, proyecto o gestión. En ese marco, Basaure ha planteado, en este mismo espacio, la tesis del “fin de una izquierda” y la necesidad de separar aguas. Desde otra vereda, la “izquierda tecnológica”, de Girardi y Ramírez, exige reformular la política para un mundo de algoritmos, plataformas digitales e inteligencia artificial. Ambas lecturas aciertan en identificar el malestar: la dificultad para orientarse en un escenario radicalmente distinto al que le dio protagonismo. Pero mientras se clasifica a sí misma, la sociedad ya cambió las reglas del juego.

Discutir si la izquierda debe separar aguas o articularse en torno a lo tecnológico puede ser un ejercicio útil de clarificación: permite ordenar debates y pensar con autonomía. Pero confundir esa distinción analítica con una solución política puede ser una trampa intelectual. Basaure sugiere esta separación como si las izquierdas fueran siameses que se estorban, olvidando que comparten órganos vitales: la credibilidad ética y la vocación de mayoría. Y con el riesgo de hacerlo además, en un quirófano no inmunizado para ambos: la crisis de legitimidad. Nombrar nuevas izquierdas sin enfrentar la erosión del suelo común que las sostiene es quedarse en la epidermis del problema: una clasificación impecable pero para una política inviable.

El diagnóstico así no es errado pero resulta insuficiente. Aunque identifica síntomas reales —fragmentación, pérdida de horizonte, dificultad para articular mayorías—, elude una pregunta decisiva: ¿por qué la izquierda ha perdido credibilidad, más allá de sus errores programáticos o de sus disputas de gestión?

El problema no es solo que falte un relato común. Es que el terreno cultural sobre el que se juega la política ya no es el mismo. No es solo un desorden de ideas; estamos ante una transformación profunda de los vínculos. Ha cambiado radicalmente la forma en que las personas se relacionan con las promesas colectivas, con los compromisos duraderos y con la experiencia misma de la vida en común.

Durante décadas, la vida pública ha descansado sobre una convención incómoda pero funcional: aunque se transgredieran los valores, era obligatorio fingir respeto por ellos. Esa distancia —la hipocresía— no era un simple
defecto de una moral. Cumplía una función política vital: reconocía que existía un horizonte compartido ante el cual rendir cuentas. La hipocresía traicionaba el ideal, pero al hacerlo confirmaba su vigencia. Era, en el fondo, el tributo que el vicio pagaba a la virtud: permitía denunciar la distancia entre lo que se decía y lo que se hacía. Hoy, esa distancia ha desaparecido. Y no porque la sociedad se haya vuelto más honesta, sino porque la incoherencia o ambivalencia dejó de ser un costo político para convertirse en el nuevo paisaje natural.

De ahí la emergencia de lo que suele llamarse un “nuevo centro”, que no se define por la moderación —como antaño o como aún suele creerse—, sino por la capacidad de tolerar ambivalencias sin necesidad de resolverlas, de convivir con posiciones contradictorias sin vivirlas como conflicto, y de habitar la política más como ajuste pragmático que como adhesión a principios estables.

No se trata solo de una intuición cultural. Investigaciones sobre la experiencia moral en Chile —como las desarrolladas por Katia Araujo— han mostrado que este escepticismo no expresa indiferencia normativa ni rechazo a toda referencia común, sino una transformación en la forma en que se otorga legitimidad. La justicia, la coherencia y la autoridad no desaparecen como valores, pero dejan de operar como presupuestos: ya no se conceden por adelantado, deben probarse en la experiencia concreta del trato justo o injusto.

Ese cruce entre legitimidad condicionada y tolerancia abierta a la ambivalencia configura un nuevo suelo moral que la política rara vez incorpora, pero frente al cual hoy se juega buena parte de su credibilidad.

Este giro se agudiza en una era de autoexpresión permanente, donde la distancia entre lo que se dice y lo que se hace ya no escandaliza. La ambivalencia no exige disculpas, porque el mandato social ha cambiado: ya no se nos pide ser consistentes, se nos pide ser visibles. En este nuevo suelo moral —donde la legitimidad es condicional y la ambivalencia se tolera— la política tradicional resbala, porque sigue vendiendo promesas de futuro a una sociedad que solo parece validar pruebas de presente.

En ese contexto cultural, el auge de la ultraderecha no es un accidente ni una anomalía ideológica. Su principal acierto ha sido sintonizar sin avergonzarse de ello. Allí donde la política tradicional todavía intenta explicar o justificar, la ultraderecha ofrece algo más directo: autoridad sin mediaciones, pertenencia sin argumentos, orden sin culpa. No exige coherencia; ofrece identificación. No pide confianza; explota la desconfianza ya instalada. Su eficacia no proviene de la calidad de sus soluciones, sino de su capacidad para prometer protección allí donde la experiencia cotidiana solo reconoce arbitrariedad.

Pero la ultraderecha no corre sola. Una parte de la izquierda también ha sabido leer el clima, desplazando el conflicto hacia la identidad y el reconocimiento, sintonizando con la sensibilidad contemporánea, especialmente en sectores
urbanos y jóvenes.

Ese gesto tiene un valor innegable: dio visibilidad a experiencias postergadas. El problema surge cuando la expresión vital pretende sustituir un proyecto colectivo. Validar el sentir individual o grupal es necesario, pero no basta para
levantar un orden común. Una política construida como suma de “yoes” termina siendo impotente ante un adversario que ofrece disciplina y mando.

En el fondo, aunque se detesten, ambos prosperan en el mismo suelo: una sociedad que aprendió a desconfiar de los límites compartidos. La ultraderecha reemplaza esos límites por autoritarismo; la izquierda, por autoexpresión. Pero
ninguna responde la pregunta vital: ¿cómo volver a hacer verosímil la idea de que la vida en común puede organizarse sin arbitrariedad ni pura competencia?

Por eso, allí donde el progresismo celebra la fragmentación infinita de la identidad, el autoritarismo promete la seguridad de un “nosotros” unificado. El ejemplo más elocuente de esto fue la primera Convención: mientras el
progresismo celebraba la suma de banderas identitarias (plurinacionalidad, diversidades, disidencias), la mayoría social percibió la pulverización del país. El triunfo del “Rechazo” —y el posterior auge de Republicanos— no fue
necesariamente un voto contra las minorías, sino una demanda angustiosa por un orden común. La izquierda ofreció un archipiélago de causas justas; la derecha, con astucia atávica, prometió simplemente que la nación seguiría
siendo una.

Sin embargo, un error principal sería aceptar el falso dilema de tener que elegir entre lo material y lo cultural o lo universal y lo particular. La ciudadanía no vive la injusticia por turnos; la padece simultáneamente como precariedad en el bolsillo y como falta de reconocimiento o menosprecio en el trato.

Tal vez por eso convenga mirar con frialdad analítica —sin nostalgia ni ajuste de cuentas—los llamados “30 años”, con todas sus restricciones y ambigüedades, donde las fuerzas políticas cumplieron una función simbólica que hoy parece debilitada. No solo gobernaron; hicieron verosímil que el conflicto estaba encauzado, que existían límites compartidos, que, aunque imperfectos, eran capaces de amortiguar el miedo y reducir la arbitrariedad.

Esa arquitectura se desmanteló denunciando sus acomodos —reales e inaceptables—, pero se ignoró el costo estructural. Su desaparición no trajo más libertad, sino un vacío peligroso. Al romper los diques de la transición, la
izquierda no liberó el agua; simplemente nos dejó a todos expuestos a la inundación.

Ahí se juega parte del desafío actual. No consiste en competir con la ultraderecha en crudeza ni con la izquierda postmaterialista en expresividad. Tampoco en replegarse a la administración eficiente del presente. Consiste en
algo más exigente y menos vistoso: reconstruir la credibilidad de las mediaciones comunes en una cultura escéptica, mostrar —no declamar— que el esfuerzo no es ingenuidad, que la autoridad puede existir sin humillación y que la igualdad no exige borrar la experiencia del mérito, sino impedir que el punto de partida decida el destino.

Quizás el problema no sea que la izquierda haya perdido el rumbo, sino que el presente se ha vuelto hostil a la idea misma de dirección. Frente a ese vértigo, la tarea no es acelerar la adaptación ni radicalizar la denuncia. Es insistir
—contra toda moda— en una opción esencial: una sociedad sin mediaciones creíbles o reglas comunes no se vuelve más libre, sino más frágil. Solo desde esa convicción una izquierda podrá disputar el futuro sin renunciar a su vocación transformadora: que la vida en común, aun imperfecta, sigue siendo preferible al cinismo organizado o a la intemperie del sálvese quien pueda.