Opinión
Chile entre cables y feudos digitales
En el siglo XIX, los imperios protegían rutas marítimas. En el XX, oleoductos. En el XXI, cables de fibra óptica. La diferencia es que hoy esas rutas transportan no solo mercancías, sino datos, conocimiento y poder cognitivo.
¿Por qué no hay un cable de fibra óptica que conecte directamente a Sudamérica con Asia, aunque China es el mayor socio comercial de la región? Porque Estados Unidos busca mantener el monopolio de su ecosistema tecnológico y rechaza toda competencia estratégica en las rutas globales de datos.
Por eso Washington decidió revocar visas a un ministro y a altos funcionarios chilenos vinculados a la evaluación técnica de un cable submarino con China. Indudablemente es una medida unilateral que vulnera la soberanía nacional. Pero el episodio revela algo más profundo que una fricción diplomática: muestra hasta qué punto la infraestructura digital se ha convertido en un instrumento de disciplina geopolítica ejercido por ecosistemas tecnológicos rivales.
Los cables submarinos rara vez ocupan titulares, pero transportan más del 95 % del tráfico global de datos. Son la infraestructura material del capitalismo digital: determinan rutas, latencias, costos y jurisdicciones de la información. Controlarlos equivale a administrar arterias económicas y cognitivas del mundo contemporáneo. En este contexto, permitir que un rival estratégico construya rutas de datos en tu esfera de influencia se percibe como pérdida de hegemonía estructural, especialmente desde la perspectiva de un poder que percibe erosionada su primacía tecnológica.
Chile, que aspira a convertirse en nodo de conectividad entre Sudamérica y Asia, exploró un proyecto transpacífico con participación china. La reacción estadounidense fue inmediata y punitiva. Entre los afectados por la revocación de visas figura el actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. La señal es inequívoca: incluso altas autoridades político-técnicas de países intermedios pueden quedar atrapadas en conflictos estructurales que no controlan, pero de los que dependen.
El economista Yanis Varoufakis ha descrito el orden emergente como “tecnofeudalismo”: un sistema en el que grandes plataformas y conglomerados tecnológicos funcionan como señores que dominan territorios digitales y rentan acceso a ellos. Bajo esta lógica, los cables submarinos son caminos feudales. La reacción estadounidense frente al proyecto Chile-China puede leerse como la defensa de un feudo digital amenazado.
La teoría del capitalismo de plataformas de Nick Srnicek ayuda a entender por qué. Las plataformas tienden a monopolizar no solo servicios, sino infraestructuras. El ecosistema digital occidental —en el que empresas como Google participan en cables y centros de datos globales— depende de mantener rutas bajo su órbita técnica y jurídica. Un cable alternativo reduce dependencia y redistribuye poder de red. Lo que para Chile es diversificación, para Estados Unidos es fragmentación de su arquitectura.
También está en juego el control de la información. La socióloga Shoshana Zuboff mostró que el capitalismo contemporáneo se basa en la extracción y análisis masivo de datos. Las rutas físicas determinan dónde pueden ser interceptados, almacenados o regulados. Cuando Washington invoca seguridad, no solo habla de espionaje militar; habla de la gobernanza de los flujos de datos del hemisferio.
La dimensión más problemática del episodio no es que dos Estados compitan por infraestructura —eso es tan antiguo como la geopolítica— sino que un país intermedio sea sancionado por evaluar opciones tecnológicas de su conveniencia. Chile no firmó el cable chino; lo estudió. Sin embargo, el castigo llegó en la fase de deliberación. Es una señal clara de que, en la era digital, incluso explorar alternativas puede considerarse desviación estratégica.
Esto plantea una cuestión clave para el Sur Global. Durante años, se promovió la integración digital como vía de desarrollo. Pero a medida que la infraestructura se geopolitiza, la integración se transforma en alineamiento. Los países que intentan conectarse con múltiples polos descubren que la neutralidad tecnológica es cada vez menos tolerada.
Chile encarna hoy una posición que probablemente caracterizará a muchas economías intermedias en el siglo XXI: territorios donde compiten feudos digitales rivales. No son potencias tecnológicas, pero su geografía, mercado o estabilidad institucional los vuelve estratégicos. Su margen de autonomía dependerá de cuánto logren negociar entre ecosistemas sin quedar subsumidos en uno.
En el siglo XIX, los imperios protegían rutas marítimas. En el XX, oleoductos. En el XXI, cables de fibra óptica. La diferencia es que hoy esas rutas transportan no solo mercancías, sino datos, conocimiento y poder cognitivo. Cuando Chile intentó decidir por dónde circularían los suyos, descubrió que la geopolítica digital no admite demasiada autonomía.
El caso deja al gobierno de Kast un dilema más amplio: si incluso democracias aliadas enfrentan coerción por explorar alternativas tecnológicas, ¿qué margen real queda para una soberanía digital plural en el mundo interconectado? En la respuesta se juega algo más que un cable submarino: se juega quién puede decidir cómo se conecta el futuro.
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