Cuando la inversión trae geopolítica en la maleta

Durante décadas, Chile trató la inversión extranjera directa como un bien casi automático. Y en gran medida lo fue. Trajo capital, tecnología, empleo, redes comerciales. La apertura se volvió parte de nuestra identidad económica. El problema es que ese mundo, el de las certezas de los noventa, quedó atrás. Hoy la pregunta no es si queremos inversión, sino si contamos con un mecanismo institucional capaz de distinguir entre inversión valiosa y operaciones que, por su naturaleza, su ámbito o su contexto, pueden implicar riesgos estratégicos.

Ese mecanismo existe y se conoce como screening de inversiones. No es un eslogan ni una bandera ideológica. Es un procedimiento acotado para evaluar adquisiciones o participaciones en sectores sensibles cuando hay señales razonables de riesgo para la seguridad nacional, el orden público o el funcionamiento de servicios esenciales. Bien diseñado, no significa cerrar la puerta ni instalar una sospecha generalizada sobre el capital extranjero. Al revés, reemplaza la improvisación y el ruido por reglas, plazos y criterios predecibles.

Este debate no es nuevo. Muchos lo venimos planteando desde hace años, precisamente para evitar que Chile discuta estos temas a golpes de titulares cada vez que aparece una operación polémica. Lo hemos visto en recursos estratégicos, infraestructura crítica, telecomunicaciones y activos ligados a datos sensibles. En esas ocasiones, el país suele reaccionar con la caja de herramientas equivocada. A falta de un instrumento propio, se presiona al control de competencia para que responda preguntas que no están dentro de su mandato. La libre competencia se preocupa de mercado, poder de mercado, precios y barreras de entrada. No nació para ponderar riesgos geopolíticos, seguridad de abastecimiento, exposición tecnológica o vulnerabilidades sistémicas. Mezclar ambos planos termina dañando a ambos, porque politiza el análisis competitivo y deja sin tratamiento adecuado lo estratégico.

El screening se creó, en muchos países, para separar esas aguas. Sirve para revisar casos específicos, no para levantar murallas. Opera con confidencialidad, permite requerir información, pondera riesgos y, según corresponda, autoriza, impone condiciones o bloquea en circunstancias excepcionales. La clave está en ese carácter excepcional. Si se transforma en una traba general o en un instrumento discrecional, pierde legitimidad y termina siendo un problema para la inversión y para el propio Estado.

La experiencia comparada ayuda. La Unión Europea, por ejemplo, construyó un marco que coordina a los Estados miembros y a la Comisión, con intercambio de información y posibilidad de formular observaciones cuando una inversión pueda afectar a más de un país o a proyectos de interés común. No descansa en prohibiciones masivas, sino en cooperación institucional, reglas procedimentales claras y criterios orientadores que buscan equilibrio entre apertura y resguardo. Esa arquitectura, adaptada a nuestra escala, deja una lección simple. Dar certeza exige reglas, no intuiciones.

En Chile el debate también ha madurado. Hay argumentos sólidos a favor, y advertencias atendibles. Sin un sistema formal, cada caso sensible se vuelve una pelea ad hoc, expuesta a presiones externas e internas, con decisiones que parecen improvisadas, aunque no lo sean. Del otro lado, existe el temor de que lo “estratégico” se estire hasta abarcar casi todo y de que el mecanismo se convierta en un permiso que venga a alargar ya extensa lista de requerimientos para llevar a cabo proyectos de inversión, agregando trabas sin umbrales claros ni contrapesos. Ambas preocupaciones son razonables, y por eso el diseño lo es todo.

Si Chile avanza, debe hacerlo con un marco técnico y acotado. Eso supone definiciones precisas sobre qué ámbitos justifican revisión, pensando en infraestructura crítica, tecnologías de uso dual, información sensible, cadenas de suministro esenciales, energía y comunicaciones. Supone también una institucionalidad especializada, distinta de la de competencia, con capacidades reales y protocolos estrictos de resguardo de información. Y exige un procedimiento que reduzca al mínimo la arbitrariedad, con plazos breves, criterios explícitos, umbrales de notificación bien calibrados y mecanismos de revisión que den garantías sin eternizar decisiones que, por definición, deben ser oportunas.

Hay un punto adicional que Chile debiera sostener con tranquilidad. La decisión de establecer un screening debe ser autónoma. No puede presentarse como concesión a presiones de terceros ni como gesto alineado con la agenda de una potencia u otra. Si se hace, es por interés propio, porque el país tiene activos y servicios cuya continuidad y control seguro importan para su desarrollo y estabilidad.

Esa autonomía, por supuesto, no significa actuar fuera de las reglas. Al contrario, el mecanismo debe ser compatible con los compromisos internacionales asumidos por Chile, en especial los acuerdos multilaterales que regulan la relación entre inversión y comercio, incluyendo el Acuerdo TRIMs. Un screening bien construido no es un atajo para imponer requisitos de desempeño prohibidos ni una coartada para discriminar por origen. Su legitimidad descansa en criterios objetivos asociados a riesgos, aplicados de manera consistente.

En el fondo, se trata de modernizar el Estado para un mundo distinto. Chile puede seguir siendo un país abierto, pero con una institucionalidad capaz de proteger lo esencial sin caer en paranoia ni en slogans. Un screening bien diseñado no espanta inversión. Lo que espanta inversión es la incertidumbre, el cambio de reglas sobre la marcha y la sensación de que las decisiones dependen del clima político del día. Lo que da confianza es un marco claro, excepcional y técnico, pensado para separar la economía de la geopolítica cuando sea posible y para administrarla con rigor cuando no lo sea.

Si no hacemos este ajuste, seguiremos reaccionando caso a caso, con debates ásperos, soluciones improvisadas y un Estado que llega tarde. Si ya sabemos que, a veces, la inversión trae geopolítica en la maleta, lo mínimo es tener un escáner que detecte ese posible contrabando.