La urgencia de una reforma al empleo público

La ley manda, prohíbe o permite. Cuando ella no se respeta, la voluntad soberana que la origina retrocede y la volición particular avanza. En contextos de leyes obsoletas, que son letra muerta, la corrupción, entendida como el abuso de poder para obtener beneficios privados, emerge como consecuencia natural. Y esta es, precisamente, la situación en la que se encuentra el Estatuto Administrativo que rige a nuestra administración pública.

Las normas contempladas en el Estatuto Administrativo llevan años siendo ignoradas, sobre todo en lo que respecta a cargos supuestamente transitorios. Si la ley prescribe que la “contrata” no puede exceder el 20% del total de cargos de planta, en la práctica representan el 63,1% de la dotación el Gobierno Central; si la “contrata” es de naturaleza transitoria, en los hechos su antigüedad promedio es de 8 años.  Si la no renovación de la “contrata” puede ocurrir cada fin de año por el solo ministerio de la ley, instructivos, dictámenes y fallos judiciales han establecido requisitos adicionales.

Esta distorsión tiene resultados que son injustos e ineficientes, debido a que la calidad “a contrata” no exige procesos de reclutamiento y selección competitivos como en el caso del personal de “planta”. Los cargos públicos son codiciados no solo porque permiten servir al país, sino también porque su remuneración bruta es 19,6% superior al sector privado (Ocec-UDP, 2026). Si bien este nivel de renta no es negativa en sí misma, al no haber concursos competitivos se incentiva el favoritismo en lugar del mérito. Luego, el uso excesivo de las contrataciones temporales o accidentales en las que han caído tanto los gobiernos centrales como locales representa un riesgo de corrupción, clientelismo y mal uso de los recursos públicos. El resultado es un embudo con un modelo de entrada abierto y estrecho de salida, cuyo nivel de apertura no ha dependido de la legislación, sino del criterio de “confianza legítima” aplicable en cada caso.

A fines del 2018, cuatro centros de estudio de diversas tendencias políticas (CEP, Chile 21, Espacio Público y LyD) consensuaron propuestas en materia de modernización del Estado, incluyendo la gestión de personas. Ya entonces se advertía que “la realidad del empleo público hoy supera largamente la legislación que la rige”. Los cambios propuestos constituían una reforma integral porque permitía distinguir adecuadamente entre funcionarios de carrera de aquellos que acceden por su cercanía con el oficialismo. En marzo del 2022, el expresidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley que recogía las propuestas de los think tanks, pero fue archivado por el actual Gobierno. Sobre esta materia, la actual administración intentó hacer modificaciones escuetas en la discusión la Ley de Reajuste al Sector Público que prontamente fueron consideradas un “amarre” por el hecho de consolidar el criterio de confianza legítima a 2 años de antigüedad -luego aumentada a 5- sin diferenciar adecuadamente entre funcionarios propiamente de Estado de aquellos que ingresaron con el gobierno, especialmente porque los “funcionarios de confianza” en la práctica son solo una parte de los que ingresan en cada nueva administración por su cercanía con el oficialismo.

En este sentido, es fundamental que la próxima administración se haga cargo del desafío de acabar con la distinción de “plantas” y “contratas” unificándolas en una sola calidad jurídica que abarque a la totalidad de funcionarios de carrera. Estos debieran ingresar al sector público a través de un mecanismo único de ingreso, abierto y competitivo. Así también, es necesario reformular las evaluaciones del desempeño para que sean vinculantes con la permanencia en el sector y efectivamente incentiven una mayor eficiencia de la labor pública. Por otra parte, se debe reconocer taxativamente a todos los servidores que ingresan con el gobierno, delimitando su movilidad y duración en el Estado. La calidad de las políticas públicas y la efectividad del Estado dependen de una burocracia profesional al servicio de las personas.