Peatonalizar no es técnico: es político

A fines de los años setenta, cuando la municipalidad designada por el régimen militar impulsó la peatonalización de Ahumada y Huérfanos, la medida también fue presentada como una solución técnica para revitalizar el centro de Santiago. Sin embargo, el resultado fue mucho más que un reordenamiento vial: transformó la experiencia urbana, fortaleció el comercio, revalorizó el suelo y redefinió el carácter del casco histórico. La calle dejó de ser solo un espacio de circulación para convertirse en un lugar de permanencia, aún en el contexto dictatorial y sus limitaciones.

Durante décadas, esa apuesta funcionó. El centro mantuvo dinamismo económico y centralidad simbólica con el retorno de la democracia. Pero la ciudad cambió. Las grandes empresas se trasladaron al oriente, la vivienda en altura redibujó los equilibrios demográficos y el mall reemplazó progresivamente a la calle como escenario privilegiado del consumo. Del 2010 hasta hoy, el centro perdió atractivo corporativo y ganó conflictividad política. La Alameda se convirtió en eje de protesta; la plaza Baquedano en símbolo de disputa. Luego vino la pandemia y profundizó el vaciamiento.

Es en ese contexto que surgió el paseo Bandera en el año 2018. Nacido como intervención transitoria en el marco del llamado urbanismo táctico, el proyecto terminó consolidándose como un espacio peatonal activo en pleno corazón de la ciudad. Más allá de su estética, alabada y discutida a la vez, logró algo relevante: devolver centralidad al peatón en un sector golpeado por una crisis urbana emergente.

Hoy, la decisión de permitir nuevamente el paso de buses por la vía se fundamenta en criterios de eficiencia, conectividad y descongestión. Son argumentos legítimos. Santiago necesita un transporte público robusto y articulado. Pero el problema es presentar la discusión como si se tratara exclusivamente de flujos.

La historia urbana demuestra que cada decisión sobre el espacio público distribuye poder. Privilegiar el tránsito motorizado o privilegiar la caminata no es neutro. Implica optar por determinados usos, por ciertos actores y por una manera específica de entender la ciudad. Flujos versus experiencia urbana: esa tensión atraviesa más de un siglo de planificación.

El conflicto entre ingenieros del transporte y urbanistas no es nuevo. Desde comienzos del siglo XX, la expansión de la infraestructura vial ha tensionado el tejido urbano, el patrimonio y la vida social. Lo que hoy ocurre en Bandera es una versión actualizada de ese dilema.

Lo preocupante es que la discusión se haya reducido a cifras y declaraciones cruzadas entre autoridades, ministerios y gremios. ¿Dónde está la ciudadanía en este debate? ¿Qué opinan quienes usan cotidianamente el paseo, trabajan en el sector o habitan sus alrededores? Más allá de la voz de algunos comerciantes, el proceso carece de una deliberación pública amplia.

La racionalidad neoliberal que marcó las últimas décadas tendió a presentar las decisiones urbanas como inevitables resultados de criterios técnicos. Pero no hay neutralidad en la planificación. Cada intervención redefine quién gana, quién pierde y cómo se ejerce el derecho a la ciudad.

Si el centro histórico enfrenta hoy una crisis estructural —marcada por el deterioro físico, la precarización comercial y la pérdida de densidad institucional—, la respuesta no puede limitarse a restablecer circulaciones. Se requiere una visión integral que articule movilidad, espacio público, vivienda, cultura y actividad económica.

Existen oportunidades. La eventual construcción de un parque sobre el trazado de la Norte-Sur podría reparar una fractura histórica. La revitalización coordinada del Mercado Central y La Vega permitiría fortalecer el tejido comercial tradicional, una cuestión urgente sin duda para el casco histórico. Pero nada de eso tendrá sentido si no se define con claridad el proyecto de centro que se quiere impulsar.

El debate sobre Bandera no es anecdótico. Es una señal sobre la orientación que tomará la política urbana en los próximos años. ¿Se apostará por una ciudad que privilegia la experiencia peatonal y la calidad del espacio público? ¿O por una ciudad organizada prioritariamente en función de la eficiencia circulatoria?

Ambas dimensiones son necesarias. La movilidad importa. Pero también importa el encuentro, la permanencia y el uso democrático de la calle. Reducir la discusión a una ecuación de tiempos de viaje es empobrecer el horizonte urbano.

Desde la tradición política clásica sabemos que la ciudad es más que un soporte físico: es el espacio donde se ejerce la ciudadanía. Si las decisiones sobre su configuración se adoptan sin debate amplio, la democracia urbana se debilita.

Peatonalizar no es un capricho estético ni un gesto simbólico. Es una definición sobre cómo convivimos. Y esa definición no puede quedar encapsulada en informes técnicos ni resolverse únicamente en negociaciones administrativas.

La pregunta de fondo sigue abierta: ¿qué lugar queremos que ocupe el centro en la Santiago del siglo XXI? Hasta ahora, la discusión sobre Bandera ha sido presentada como un problema de tránsito. En realidad, es una discusión sobre el proyecto colectivo de ciudad.

Y eso, nos guste o no, es política.