Formación Ciudadana: la oportunidad de construir una política de Estado

A un par de semanas de que José Antonio Kast asuma la presidencia de la República, los ojos están puestos en las “bilaterales” que se están dando entre sus futuros ministros y los actuales secretarios de gobierno. Uno de los que ha generado mayor expectación es el de la siempre compleja cartera de Educación, que será dirigida por la economista María Paz Arzola. Desde que se anunció su nombre, mucho se ha hablado sobre su posición respecto a políticas educativas como el FES, el SAE o los SLEP. Sin embargo, poco sabemos respecto a su mirada sobre una política pública en particular, que además cumplirá una década en 2026: la implementación de la Ley 20.911 que creó los Planes de Formación Ciudadana en todas las escuelas reconocidas por el Estado.

La ley 20.911 surgió en un contexto muy específico, como parte de las recomendaciones que la Comisión Engel entregó en 2015 para enfrentar diversos escándalos de corrupción y conflictos de interés que sacudían al país. Una década después, los escándalos de este tipo están lejos de haber desaparecido. Sin embargo, el sistema educativo nacional sí ha enfrentado cambios y desafíos de envergadura, incluyendo reformas estructurales, una pandemia global y un proceso de Reactivación Educativa. En una recientemente concluida investigación desarrollada por Fundación Momento Ciudadano y la Universidad Austral de Chile, con el apoyo del Fondo de Investigación y Desarrollo en Educación (FONIDE) hemos podido identificar una serie de hallazgos importantes sobre los obstáculos y facilitadores que ha enfrentado la implementación de tan relevante ley y que debiesen ser de interés para las nuevas autoridades educativas.

Uno de estos hallazgos es la clara falta de continuidad en la implementación de esta política entre gobiernos, la que se ha expresado tanto en lo conceptual como en lo organizacional. A pesar de compartir ciertas concepciones básicas de ciudadanía, las tres administraciones que han implementado esta política pública la han concebido con un foco claramente distinto: mientras el segundo gobierno de Bachelet la entendió como “formación para vivir en la polis”, el gobierno de Piñera la integró explícitamente como componente de la convivencia escolar, y la administración de Boric intentó darle nuevamente mayor autonomía y ligarla a la participación escolar, aunque manteniéndola vinculada estrechamente a la convivencia producto de las urgencias post-pandémicas.

Esta falta de consistencia conceptual se reflejó también en sucesivos cambios organizacionales: la formación ciudadana pasó de estar alojada en una coordinación del nivel de Educación Media de la División de Educación General durante Bachelet, a integrarse en el Comité de Formación Integral y Convivencia Escolar bajo Piñera, para luego reconfigurarse dentro del área de Convivencia para la Ciudadanía, específicamente en la unidad de Participación y Formación Ciudadana. Estas reorganizaciones no son meramente administrativas: reflejan diferencias sustantivas en cómo se comprende qué es la formación ciudadana y cuál es su lugar dentro del sistema educativo. 

El resultado de esta falta de consistencia ha sido problemático para las escuelas. Al carecer de una visión compartida y estable, a los establecimientos se les hace más difícil apropiarse colectivamente de un sentido común sobre la formación ciudadana, perpetuando su percepción como una exigencia administrativa más que como un componente genuinamente constitutivo de su proyecto educativo. Cuando los mensajes que se reciben desde las autoridades educativas son mixtos, es difícil orientar el rumbo de manera sólida, especialmente cuando los gobiernos duran en el poder mucho menos de lo que el estudiantado dura en sus escuelas. No es que las escuelas no quieran hacer formación ciudadana; es que cada cuatro años tienen que reaprender qué se espera que hagan con ella.

Para superar esta limitación fundamental, es necesario establecer la formación ciudadana como una política de Estado que trascienda los ciclos políticos. Esto podría construirse mediante procesos participativos amplios que involucren al sistema educativo, la academia y la sociedad civil, aprovechando experiencias recientes exitosas como el Congreso Pedagógico y Curricular de 2023. Los resultados de este proceso podrían plasmarse en un documento marco de largo plazo que defina con claridad qué se entiende por formación ciudadana, establezca orientaciones estables para un período mínimo de seis años y fije metas de mediano y largo plazo.

A partir del 11 de marzo, la ministra Arzola tendrá una oportunidad única: puede optar por continuar con la lógica que ha predominado hasta ahora, imponiendo nuevamente su propio sello y reorganizando otra vez las estructuras ministeriales dedicadas a este tema, o puede ser la ministra que, reconociendo que la formación ciudadana es demasiado importante para ser rehén de los vaivenes políticos, lidere la consolidación de una verdadera política de Estado en esta materia. No se trata de renunciar a sus propias convicciones sobre qué ciudadanía queremos formar, sino de entender que estas deben dialogar y coexistir con otras visiones si queremos que esta política finalmente logre los objetivos que se propuso hace ya una década.