Operativos en el Mapocho: quemar rucos no apaga la crisis

Las imágenes del operativo en el Río Mapocho  recorrieron todos los canales. Fuego, humo, funcionarios municipales y cámaras. La sensación de que algo se está haciendo, pero quienes trabajamos con personas en situación de calle sabemos que esa sensación dura exactamente lo que tarda la persona desalojada en instalarse unas cuadras más adelante.

No es una opinión, es lo que muestra la evidencia internacional. Un estudio de la Universidad de Colorado (2024), analizó cuatro años de desalojos de campamentos en la ciudad de Denver, concluyó que estos operativos no reducen el delito en los sectores intervenidos (como suponían las autoridades). En algunos casos, incluso aumentó la violencia. La razón es simple: la mayoría de las personas desalojadas —cerca de dos tercios— solo se traslada unas cuadras más allá.

El sociólogo Chris Herring, de la Universidad de California, lleva una década documentando este fenómeno. Tras analizar 3,9 millones de llamadas al sistema de emergencias de San Francisco y pasar dos años observando operativos desde adentro (junto a las cuadrillas de limpieza, con los policías, y también viviendo en la calle con las personas afectadas), llegó a una conclusión incómoda: los operativos no se diseñan para resolver la situación de calle, si no para responder a las quejas de vecinos y comerciantes, los que son, en última instancia, los votantes de los alcaldes.

Doce años atrás, el medio ProPublica en Estados Unidos, documentó 135 testimonios de personas afectadas por desalojos en once ciudades de ese país. Lo que encontraron: pérdida de documentos de identidad, medicamentos de uso continuo, equipos médicos, herramientas de trabajo. Todo destruido o incautado. Sin cédula no hay atención de salud, no hay postulación a vivienda, no hay empleo. Una persona que estaba intentando salir de la calle queda, literalmente, más atrás que antes del operativo.

En Chile esto no es abstracto. Quienes acompañamos procesos de inclusión habitacional lo vemos semana a semana: personas con evaluaciones activas en el sistema, con cupos en lista de espera, a veces con oferta residencial concreta, que tras un desalojo dejan de aparecer. Los casos se cierran porque no se las puede volver a ubicar. El operativo borró meses de trabajo social.

Tampoco existe una estimación pública del costo real de estos operativos. Los operativos no son gratuitos: movilizan camiones, cuadrillas de limpieza, personal municipal, Carabineros, maquinaria pesada. Todo financiado con recursos del Estado.

La experiencia internacional muestra lo costoso y poco efectivo que resulta este tipo de operativos. En ciudades de Estados Unidos, los municipios gastan millones de dólares cada año en desalojar campamentos de personas en situación de calle: En Nueva York, por ejemplo, de más de 2.300 personas intervenidas en estos operativos durante ocho meses, solo tres lograron acceder a una vivienda.

Dice que el costo de criminalizar la situación de calle es más de 31 mil dólares por persona al año, y estima el costo de proveer vivienda de apoyo permanente en 10 mil dólares anuales, menos de un tercio. Es decir: es más barato resolver el problema que administrarlo indefinidamente.

Chile no tiene estas cifras. Pero solo desde el 18 de noviembre, un plan intensivo de la Municipalidad de Santiago ha permitido el desalojo de cerca de 1.500 instalaciones irregulares en distintos puntos de la comuna, según reportó La Tercera. ¿Cuánto costó cada operativo?, ¿Cuántas personas accedieron a una solución habitacional estable como resultado?, ¿Alguien lo está midiendo? Sin esa información, no hay forma de evaluar si el gasto público está cumpliendo algún objetivo. Y sin evaluación, no hay política pública: hay gestión de imagen.

Los rucos en el Mapocho no son el problema. Son el síntoma visible de un problema que no cabe en un encuadre televisivo: escasez severa de oferta residencial para personas en situación de calle, fragmentación de los sistemas de atención, y una política pública que históricamente ha respondido a la presión mediática antes que a la evidencia.

Lo que sí funciona, y está documentado, son los modelos Housing First (vivienda primero): vivienda estable primero, acompañamiento después, sin condiciones previas de sobriedad o empleo. Los resultados en ciudades de Europa, Canadá y, más recientemente, en experiencias piloto latinoamericanas, son consistentemente superiores en términos de permanencia, costo-efectividad y recuperación de los espacios públicos. No como efecto secundario: como consecuencia directa de resolver el problema en lugar de desplazarlo.

No pedimos que se ignore el conflicto de convivencia en el entorno del río. Pedimos que el gasto público funcione. Que antes de cada operativo exista una oferta habitacional concreta para cada persona afectada. Que los procesos de inclusión en curso no se interrumpan. Que se proteja lo poco que estas personas tienen. Y que se evalúen los resultados reales de estos operativos; no la cantidad de rucos retirados, sino cuántas personas accedieron efectivamente a una solución habitacional estable. Quemar un ruco produce una imagen. No produce una solución.