Decretos presidenciales y la ineficiencia de los anuncios en materia de seguridad

En su primer día de mandato, y siguiendo el mismo modelo que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Presidente José Antonio Kast firmó una serie de decretos dando inicio a lo que él y su equipo han denominado el “gobierno de emergencia”. En materia de seguridad, la señal es preocupante no sólo por la ineficiencia de algunas acciones anunciadas, sino que también porque hay otras que ya se están realizando o podrían terminar siendo un retroceso a la política de seguridad implementada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En primer lugar, el Presidente Kast firmó un decreto que crea el cargo de Comisionado de la Macrozona Norte, quien tendría la responsabilidad de coordinar las acciones en materia de control migratorio y crimen organizado en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Esta medida no es nueva. Diversos gobiernos han creado este tipo de cargos que intentan realizar una labor de coordinación por sobre la institucionalidad. Los delegados presidenciales para la reconstrucción o el “zar de la macrozona sur” son algunos ejemplos de aquello.

El problema es que este tipo de cargos nace cojo, ya que no cuenta con las atribuciones legales ni presupuestarias para realmente incidir en el proceso de toma de decisiones. Este Comisionado no tiene facultades reales para instruir a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones o a las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, es muy probable que interfiera con las propias funciones de Ministros de Estados, como los de Seguridad y Defensa, que se dupliquen responsabilidades ya existentes y que termine tensionando las relaciones políticas y operativas en el territorio.

En el mejor de los casos, la gestión de este Comisionado podría no tener efectos, siendo una persona que finalmente termine convocando a reuniones de coordinación. En el peor de los casos, podría generar graves tensiones entre las autoridades del gobierno central, autoridades regionales, como el delegado presidencial regional o el Seremi de Seguridad y, por cierto, entre las fuerzas policiales y militares, ralentizando así el combate contra el crimen organizado.

En segundo lugar, el Presidente Kast anunció la ejecución de una Política Nacional de Cierre Fronterizo, que implicaría la identificación de la zona más vulnerable de la frontera con Bolivia y el mejoramiento de los medios de vigilancia en dicho territorio. Además, habló de un plan “Escudo Fronterizo” que implicaría, entre otras cosas, colocar “barreras” en la frontera, lo cual, en palabras del Ministerio del Interior, en algunas entrevistas que concedió anteanoche, significa la construcción de más zanjas.

Vamos por partes. Primero, las zonas más vulnerables de la frontera norte no sólo están identificadas tanto por las policías como por las Fuerzas Armadas y el Gobierno, sino que también existen estrategias para identificar nuevas rutas vulnerables, lo cual me lleva al siguiente punto. “Delimitar” una zona como vulnerable en ningún caso es una labor estática que se realiza una sola vez, ya que las organizaciones criminales se mueven y buscan nuevas vulnerabilidades cuando el Estado previene y controla. Por lo tanto, este trabajo debe ser parte de una estrategia más amplia y sostenida.

Segundo, llama la atención que, considerando que la delincuencia organizada es sofisticada y muta con el tiempo, una de las acciones que anuncie el Presidente Kast sea la construcción de zanjas, las cuales muy probablemente ya existen en esas zonas vulnerables que él menciona y que, al parecer, el nuevo gobierno desconoce. Sin embargo, lo más preocupante en torno a esta medida es pretender esconder o minimizar el trabajo interinstitucional que se está ejecutando en la macrozona norte y que es mucho más rigurosa y eficiente que la construcción de una zanja.

Como parte de la Política Nacional contra el Crimen Organizado (2022), tanto Carabineros de Chile como las Fuerzas Armadas han estado implementando proyectos tecnológicos para mejorar y hacer más eficiente la vigilancia en la frontera, prevenir los ingresos irregulares, el contrabando, la trata de personas y, por cierto, perfeccionar la reacción de las fuerzas policiales y militares ante estos hechos.

En esta línea, Carabineros de Chile se encuentra ejecutando el “Sistema Integrado de Vigilancia” también conocido como la “Muralla Digital”, mientras que las Fuerzas Armadas están implementando el proyecto SIFRON (Sistema Integrado de Frontera). Ambas iniciativas buscan robustecer la prevención y control en la frontera norte con sistemas que utilizan tecnología avanzada, con más y mejores Puestos de Observación Fronteriza (POF) y con equipamiento de primer nivel, con el objetivo de mejorar sus capacidades preventivas y de control.

¿En qué medida la construcción de una zanja o el anuncio de entregar “más medios” de vigilancia es más eficiente y eficaz que las acciones de la Política Nacional contra el Crimen Organizado? ¿Qué acciones anunciadas por el Presidente Kast no son ya parte de esta política pública?

Tal vez el equipo de seguridad del Presidente Kast sea uno de los que más resienta el quiebre de las reuniones de traspaso. Tal vez, les faltó información. Lo cierto es que los anuncios de la nueva administración en materia de seguridad demuestran desconocimiento de las políticas públicas implementadas en estos cuatros años, de la labor que realizan tanto Carabineros de Chile como las Fuerzas Armadas en la frontera y, por cierto, no son propias de un gobierno que dice pretender trabajar con sentido de urgencia.