El caso Makroceano y la peligrosa normalización de construir en zonas de riesgo

La decisión adoptada esta semana por el Comité de Ministros, que revoca el rechazo ambiental del proyecto inmobiliario Makroceano, en las dunas de Concón, vuelve a instalar una pregunta incómoda pero necesaria: ¿por qué en Chile seguimos autorizando proyectos inmobiliarios en ecosistemas costeros frágiles, pese a que la evidencia científica advierte sus riesgos?

El proyecto contempla un edificio de nuevo pisos estilo terrazas, ubicado a unos 240 metros del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de Concón, muy cerca del sector donde -en los  últimos años- se han registrado socavones que obligaron a evacuar edificios completos en Viña del Mar. No se trata de un debate nuevo. Este proyecto arrastra una larga historia de controversias judiciales y administrativas, incluyendo falso de tribunales que obligaron a que la iniciativa ingresara al Sistema de Evaluación Ambiental debido a su cercanía con un área protegida.

Sin embargo, más allá de la discusión administrativa, el problema de fondo es otro: seguimos tomando decisiones territoriales que desconocen el funcionamiento de los ecosistemas costeros y los inminentes riesgos que implica intervenirlos.

Las dunas de Concón son un terreno vacío disponible para urbanizar. Se trata de un sistema geomorfológico de aproximadamente 10 mil años de antigüedad, compuesto por dunas relictas o colgadas, una formación única en Chile que se mantiene gracias a la dinámica entre viento, oleaje y el transporte de sedimentos desde el mar. Este sistema cumple funciones ecológicas y de protección fundamentales: alberga biodiversidad única y actúa como una barrera natural capaz de disipar la energía de marejadas, tsunamis y otros eventos extremos.

Cuando se construye sobre dunas, no solo se altera un ecosistema. Se debilita también una infraestructura natural que protege las ciudades costeras.

La evidencia científica así lo señala. Un estudio que publicamos en la revista Ocean and Coastal Management, junto al investigador Nelson Rangel-Buitrago, analizó los procesos que llevaron al colapso estructural del edificio Kandinsky, tras las intensas lluvias que provocaron un socavón en la zona costera ubicada entre Viña del mar y concón. Lo ocurrido ahí no fue un evento aislado: es la expresión de un modelo de urbanización costera que ha presionado ecosistemas extremadamente frágiles.

En las últimas décadas, ciudades costeras como Valparaíso, Viña del Mar, Concón y Algarrobo, entre otras en el litoral central, han experimentado un rápido crecimiento turístico e inmobiliario. Hoteles, segundas residencias y desarrollos urbanos se han expandido sobre playas, humedales y dunas, generando una presión que supera la capacidad de recuperación de estos ecosistemas.

Nuestras investigaciones también lo han documentado. En 2020 lideramos un estudio científico que utilizó un índice de sustentabilidad para evaluar la situación de la bahía de Concón y sus dunas. Los resultados evidencian que el 89,7% del total del área de estudio presenta niveles bajos o moderados de sustentabilidad, mientras que solo un 10,7% se encuentra en buena salud, lo que corresponde a playas, humedales y campos dunares que no han sido fuertemente intervenidos (dunas de Ritoque). En otras palabras: la evidencia muestra que son justamente las dunas y playas las más amenazadas por la expansión inmobiliaria.

En un contexto de cambio climático, este problema adquiere una dimensión aún más crítica. Chile enfrenta una elevada tasa de erosión costera, marejadas cada vez más frecuentes y el aumento del nivel del mar proyectado para las próximas décadas. A ello se suman amenazas recurrentes como terremotos y tsunamis.

Frente a ese escenario, insistir en urbanizar ecosistemas que funcionan como barreras naturales no solo es ambientalmente cuestionable, también es una decisión riesgosa desde el punto de vista de la seguridad de las personas. Los desastres no son naturales. Son, muchas veces, el resultado de decisiones de planificación que ignoran los límites ecológicos del territorio.

Por eso, el caso Makroceano no es simplemente un conflicto puntual entre una inmobiliaria y las autoridades ambientales. Es un síntoma de una falla estructural en la gobernanza costera de Chile: la ausencia de una Ley de Costas que permita gestionar de manera integrada el litoral.

Hoy nuestro país carece de un marco legal que articule la planificación territorial de sus zonas costeras considerando los procesos ecológicos, los riesgos naturales y el cambio climático. En lugar de ello, las decisiones se toman de forma fragmentada entre distintas instituciones, con normas sectoriales que muchas veces entran en contradicción. La consecuencia es que seguimos reaccionando caso a caso, socavón tras socavón, edificio tras edificio.

Una Ley de Costas permitiría avanzar hacia una gestión integrada del litoral, estableciendo criterios claros para proteger ecosistemas vulnerables como dunas, playas y humedales, y evitando que proyectos de alto riesgo sigan emplazándose en zonas naturalmente inestables.

Chile tiene más de 6.400 kilómetros de costa. Es uno de nuestros principales patrimonios naturales, culturales y económicos, pero también es un territorio expuesto a amenazas naturales que requieren planificación y prudencia. La pregunta que deja la decisión del Comité de Ministros es simple: ¿seguiremos ignorando la evidencia científica hasta que el próximo socavón nos recuerde, una vez más, que la naturaleza tiene límites?