Educación militar: déficit de gobernanza

La educación militar constituye uno de los pilares más sensibles para el funcionamiento del sistema de defensa de un país. A través de ella se forma el personal profesional de las Fuerzas Armadas. Por eso, cuando el Estado no cuenta con capacidad de conducción en esta materia mediante formulación de políticas (política militar), el problema no es administrativo: es de gobernanza.

Hoy, en Chile, el Ministerio de Defensa Nacional enfrenta precisamente esa situación.

Durante los últimos 11 años se intentó dotar al ministerio de una estructura que permitiera formular políticas públicas en educación militar. Con ese objetivo, en el año 2017, y con posteriores modificaciones, se creó la unidad de educación militar, en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esa solución administrativa terminó revelando un problema mayor: la ausencia de un marco institucional explícito para ejercer la función directiva del ministerio en este ámbito.

El punto de inflexión fue el pronunciamiento de la Contraloría General de la República mediante el oficio N°E309987, de 2023. En él se estableció que la creación de dicha unidad mediante resolución administrativa de nivel de Subsecretaría para las Fuerzas Armadas no se ajustaba a derecho, porque la estructura orgánica del Ministerio de Defensa Nacional se determinaba en sus detalles por reglamento y este no contemplaba una entidad de esa naturaleza.

El órgano contralor recordó, además, que la normativa vigente asignaba la asesoría educacional al Consejo de Educación de las Fuerzas Armadas, órgano encargado de estudiar, planificar y proponer medidas en esta materia al ministro de Defensa. El problema es que ese consejo, aunque formalmente vigente, ya no existe dentro de la actual arquitectura institucional del sistema de defensa desde el año 2010. De ahí que las transformaciones introducidas por la reforma del ministerio dejaron a esta Cartera de Estado, de manera explícita, sin las competencias para formular políticas de educación militar en materia comunes a las ramas castrenses.

El resultado, entonces,  es paradójico y preocupante: la entidad que la normativa reconoce como órgano asesor no existe, y la unidad administrativa que intentó reemplazarla fue considerada jurídicamente improcedente.

En términos simples, el Ministerio de Defensa Nacional carece hoy de un organismo que proponga políticas de educación militar para las Fuerzas Armadas en materias de interés común.  Las consecuencias de este vacío no son menores. Sin una instancia de asesoría institucionalizada, la cartera pierde capacidad para orientar la formación y especialización profesional de las ramas castrenses. Al mismo tiempo, la educación militar —que forma parte del sistema de educación superior chileno— queda sin una articulación formal con las políticas públicas del sector educativo.

La defensa moderna exige conducción política clara, coordinación interinstitucional y visión estratégica. La educación militar es precisamente uno de los espacios donde esas dimensiones se encuentran.

Por eso, el problema no es sólo jurídico ni administrativo. Es, ante todo, un problema de gobernanza. Y mientras no se corrija esta anomalía normativa e institucional, el Ministerio de Defensa Nacional seguirá enfrentando una situación difícil de explicar: en uno de los ámbitos más estratégicos para la conducción de la defensa, la asesoría y formulación de políticas públicas simplemente no existe.