La meritocracia hasta los 30

A las diez de la noche todavía hay salas de clases encendidas en Chile. No son estudiantes recién egresados del colegio. Son repartidores que dejaron la bicicleta estacionada afuera, trabajadores que vienen directo desde una bodega logística, conductores de aplicación que pasaron el día recorriendo la ciudad. Llegan cansados, muchas veces después de diez horas de trabajo, y aun así abren un cuaderno.

Son trabajadores que estudian.

Muchos tienen más de 30 años. Y muchos de ellos hoy pueden hacerlo gracias a la gratuidad. Es precisamente a ese grupo al que el gobierno de José Antonio Kast propone dejar fuera del sistema al limitar el beneficio solo a estudiantes menores de 30 años. La medida se presenta como un ajuste técnico para ordenar el financiamiento de la educación superior. Pero cuando se observa quiénes serían realmente los afectados, queda claro que no estamos frente a un simple cálculo presupuestario.

Estamos frente a una decisión política sobre quién merece estudiar.

Hoy más de 600 mil estudiantes acceden a la gratuidad en la educación superior chilena. El beneficio está dirigido al 60 % de los hogares de menores ingresos del país, es decir, principalmente a sectores de clase media baja y trabajadores. No hablamos de privilegios universitarios ni de beneficios capturados por élites. Hablamos de familias que viven de su sueldo, que pagan arriendo o dividendo y que sostienen su vida cotidiana con un ingreso mensual que rara vez admite errores.

Dentro de ese universo hay casi 26 mil estudiantes mayores de 30 años que hoy estudian con gratuidad. No son estudiantes eternos. Son trabajadores que llegaron tarde a la educación superior porque antes no pudieron hacerlo. Porque tuvieron que trabajar primero. Según estimaciones recientes, al menos 8.774 de ellos no habrían podido acceder al beneficio con la propuesta del gobierno.

Es decir, no estamos frente a un abuso del sistema, sino frente a miles de trabajadores que llegaron tarde a la educación superior porque antes no tuvieron otra alternativa.

Ahí están los repartidores que estudian programación para salir de la economía de plataformas. Los técnicos en telecomunicaciones que buscan titularse como ingenieros. Los trabajadores de call center que estudian análisis de datos. Los conductores de aplicación que cursan carreras de logística o comercio exterior.

Pero también hay otro grupo que el debate suele invisibilizar: mujeres que durante años estuvieron fuera del sistema educativo porque se dedicaron a labores de cuidado. Mujeres que criaron hijos, cuidaron adultos mayores o sostuvieron hogares enteros sin remuneración. Para muchas de ellas, estudiar después de los 30 no es un lujo tardío: es la primera oportunidad real de acceder a formación superior.

Limitar la gratuidad por edad significa cerrarles esa puerta.

Desde el punto de vista técnico, además, la medida ignora una realidad ampliamente documentada. Las economías modernas requieren formación continua y reconversión laboral permanente, como muestran distintos estudios de la OCDE sobre educación y mercados laborales. Las trayectorias educativas ya no son lineales: se estudia, se trabaja y se vuelve a estudiar a lo largo de la vida. Castigar a quienes ingresan al sistema después de los 30 no corrige ninguna distorsión; simplemente reproduce la desigualdad que obligó a postergar esos estudios.

Pero hay algo aún más profundo en juego. En Chile, la educación superior sigue siendo uno de los pocos mecanismos efectivos de movilidad social. Diversos estudios de la OCDE y el Banco Mundial muestran que completar estudios técnicos o profesionales sigue siendo uno de los factores que más inciden en el aumento del ingreso laboral a lo largo de la vida. Para miles de trabajadores, terminar una carrera puede significar duplicar su ingreso y alterar decisivamente el horizonte económico de su familia. Limitar la gratuidad para quienes estudian después de los 30 no solo es injusto: es cerrar deliberadamente una de las pocas escaleras reales de movilidad social que aún existen en el país.

Durante décadas la derecha chilena levantó la meritocracia como su principal argumento moral: el esfuerzo individual como motor del progreso y la cultura del trabajo como virtud republicana. Sin embargo, cuando ese mérito aparece en su forma más concreta —trabajar durante el día y estudiar por la noche para mejorar la propia vida— la respuesta política es restringir el acceso.

La meritocracia siempre ha sido presentada como una promesa moral: quien se esfuerza progresa. Pero en sociedades profundamente desiguales esa promesa suele tener una condición implícita: el mérito es celebrado mientras no altere demasiado el orden social existente.

Por eso la conclusión es inevitable: la meritocracia funciona mientras el mérito siga siendo una promesa. Cuando finalmente aparece, se convierte en un problema.