La vital reforma a Gendarmería

El país ha presenciado con asombro una serie de graves errores operativos y actos de corrupción de algunos funcionarios de Gendarmería, que han posibilitado la fuga de peligrosos reclusos desde recintos carcelarios y de detenidos desde diversos Tribunales de Garantía bajo su custodia, lo que, sumado al desbaratamiento de una nueva red de funcionarios penitenciarios coludidos con el crimen organizado, revela una profunda y grave crisis institucional, quizá la más profunda de su historia.

El problema de Gendarmería no es sólo de cárceles sobrepobladas ni de falta de recursos, sino de su dramática pérdida de gobernanza intramuros, lo que ha permitido la instalación de bandas de crimen organizado, siendo su principal desafío recuperar el efectivo control del Estado de las cárceles, sin renunciar a la vigencia de derechos fundamentales en el trato hacia el penado.

Según datos de la misma institución, en el año 2020 el país contaba con 38.297 personas encarceladas, en circunstancias que al mes de enero de 2026 la cifra aumentó a más de 64 mil (Chile cuenta con capacidad carcelaria cercana a 42 mil), lo que revela un grave hacinamiento (más de 146% de ocupación). Además, existen cerca de 1.100 bandas criminales dentro de las cárceles y, de estas, al menos 500 estarían activas delinquiendo.

En la esfera intramuros, la población penal ha ido modificando su fisonomía conductual, con reclusos más agresivos (muchos de ellos extranjeros), quienes han llegado acompañados de incivilidades y cruentas modalidades delictivas como la extorsión, la amenaza (incluso a gendarmes y sus familiares) la tortura, el sicariato y el reclutamiento criminal entre reos y facciones delictivas. En suma, es claro que en Chile el encarcelamiento promueve el delito en lugar de disminuirlo.

En este distópico escenario resulta clave la reforma constitucional a la gobernanza de Gendarmería presentada en las postrimerías del Gobierno del Presidente Boric y que, en buena hora, la actual administración del Presidente Kast ha señalado que seguirá impulsando. Se trata de una reforma pertinente, urgente y cardinal, que avanza en la idea de traspasar su dependencia desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública, a fin que Gendarmería sea un importante actor del sistema de justicia penal y, a la vez, un esencial eslabón del sistema de seguridad en Chile.

Cabe preguntarnos ¿Qué beneficios traería para Gendarmería su cambio de dependencia? En primer lugar, se integrarán las cárceles al sistema de seguridad pública. En la actualidad, las cárceles dependen del Ministerio de Justicia, lo que refleja un enfoque predominante jurídico-penitenciario. Con el cambio, Gendarmería pasaría a formar parte del sistema de seguridad pública junto a las policías, constituyendo el último eslabón de este sistema, reconociendo que las cárceles son otro frente donde combatir al crimen organizado.

En segundo término, se alcanzaría una mejor coordinación con las policías y la fiscalía, pues al depender del mismo ministerio que Carabineros y la PDI existiría una relación más directa en materias como  inteligencia penitenciaria, seguridad y coordinación en traslados de presos de alto riesgo, así como mayor información para realizar investigaciones sobre bandas criminales y operaciones conjuntas contra redes criminales que operan desde prisión, entre otras materias.

Tercero: la reforma avanza en la dirección correcta, en orden a imprimir disciplina y carácter policial a Gendarmería, transformándola en la práctica en una policía penitenciaria, con un estatus similar al de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; es decir, una institución jerarquizada, profesional, obediente y no deliberante, con doctrina y principios, cadena de mando, carrera funcionaria y control interno.

Por cierto, un desafío antiguo y latente es concretar la anhelada clasificación y segregación de internos. Existe consenso entre los expertos en que debe existir segregación de la población penal más peligrosa, con un régimen interno especial. Establecimientos como el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) son más necesarios que nunca. A su vez, aumentar la inversión en infraestructura penitenciaria a fin de descomprimir el hacinamiento y los niveles de sobrepoblación penal es otra prioridad que se debe abordar.

Además, este escenario carcelario también impacta negativamente en decisiones jurisdiccionales, por ejemplo, en las audiencias de control de detención y en la decisión de un juez de enviar o no a prisión preventiva a un imputado. No olvidemos que el juez de garantía constantemente está intentando gestionar con el mayor equilibrio posible los intereses legítimos de la persecución penal y los derechos de los imputados, incluida la presunción de inocencia.

Es cierto: el sistema penitenciario es en sí mismo hostil. La violencia es consustancial al régimen cerrado de encarcelamiento. No es el lugar adecuado ni ideal para resolver pacíficamente las controversias, pero este cambio otorgaría mayor atención o prioridad política a la realidad penitenciaria y posibilitaría mejorar las condiciones carcelarias y una redefinición estratégica del rol de Gendarmería, en tanto el Estado podría enfrentar de manera unitaria y coordinada, desde una lógica colaborativa, las nuevas amenazas y riesgos que depara la cárcel.

De allí la necesidad de usar el encarcelamiento como un instrumento de última ratio y de tener programas eficientes y eficaces de rehabilitación social. Es el momento de fortalecer la legitimidad y eficacia del monopolio de la fuerza estatal en las cárceles del país.