La oposición como veto: una enfermedad crónica de la política chilena

Desde la vuelta a la democracia ha sido una tónica que las oposiciones políticas han ejercido sus funciones como un lastre, una traba para el manejo tanto del Gobierno como del Congreso, lo cual ha dificultado el ejercicio óptimo de los mandatarios electos. Esta artimaña, vista como “herramienta política”, se ha desarrollado principalmente a través del abuso de las acusaciones constitucionales, bloqueo de reformas estructurales con una constante negativa a negociar y la recurrente visita al Tribunal Constitucional. Ello, además de ser una política primitiva, viene a constituir parte esencial del problema sobre la desafección y desconfianza política-ciudadana, tema tan tratado durante los últimos años. 

El ser oposición es una labor elemental en toda democracia sana, puesto que es parte de los famosos “check and balances”, pesos y contrapesos, lo cual permite que quienes gobiernen o sean mayoría en el Congreso tenga limitaciones en su actuar, y donde las políticas públicas vengan a ser una representación amplia respecto al espectro político que habita en el Estado. Es una cuestión ética incluso, pero ello siempre debe ir acompañado de una profunda responsabilidad moral y política que permita el funcionamiento óptimo de las Instituciones, pero también del debate; aceptar las victorias y derrotas.

El caso chileno, sin embargo, el comportamiento de las oposiciones ha estado lejos de ese ideal deliberativo. Ya desde los primeros años de la transición política (1990-) tras la derrota de Augusto Pinochet, la oposición parlamentaria liderada por la UDI y el gremialismo, optó muchas veces por la lógica del veto antes que por la de la deliberación. En los Gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos, la derecha utilizó con frecuencia los altos quórums heredados de la Constitución de 1980 para así poder bloquear reformas relevantes. Si bien ninguna transición hacia la democracia es “cómoda” por las asperezas y deudas que cada bando tiene, desde la década de 1990 la política chilena comenzó a estructurarse sobre la base de vetos cruzados más que sobre la construcción de acuerdos amplios.

Un ejemplo ilustrativo es la discusión sobre la reforma al sistema de pensiones. El debate en torno a la modificación del modelo de capitalización individual -instaurado durante la dictadura- tomó especial fuerza durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, tras el informe de la llamada Comisión Bravo. Sin embargo, el proceso político fue extremadamente lento y conflictivo: más de una década de discusión parlamentaria terminó por diluir gran parte de las propuestas originales. El resultado final fue una reforma considerablemente más moderada que la planteada inicialmente, reflejo de un sistema político donde el veto suele imponerse sobre la capacidad de alcanzar acuerdos estructurales. 

Hoy, con José Antonio Kast en la presidencia, la izquierda enfrenta una nueva oportunidad para redefinir su rol político como oposición. Más allá de las diferencias, el desafío es asumir una práctica política que combine fiscalización rigurosa con responsabilidad institucional. En una democracia madura, oponerse no significa bloquear sistemáticamente al adversario, sino contribuir a mejorar las políticas públicas mediante el debate y la negociación. De lo contrario, la política seguirá atrapada en un ciclo de vetos cruzados que termina debilitando no solo a los Gobiernos de turno, sino al propio sistema democrático