Retiro de decretos ambientales: ¿revisión necesaria o retroceso en marcha?

A solo un día de haber asumido el nuevo gobierno encabezado por el Presidente José Antonio Kast, el Ministerio del Medio Ambiente envió a la Contraloría General de la República un oficio para retirar 43 decretos supremos que se encontraban en trámite de toma de razón.

El documento, fechado el 12 de marzo de 2026, comunica que estos decretos —ingresados entre 2023 y 2026— dejan de seguir su curso administrativo. En términos simples, se detiene su entrada en vigencia antes de la revisión de la Contraloría.

Se trata de un conjunto amplio y diverso de instrumentos relacionados con la implementación del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la Ley Marco de Cambio Climático, planes de descontaminación, normas de emisión y calidad ambiental, entre otros (ver detalle en recuadro). No son ajustes puntuales, sino un paquete regulatorio completo sobre cuestiones ambientales clave, cuya paralización abre interrogantes sobre su continuidad en temas críticos para el país.

Es importante aclarar que, si bien esta acción es legal, ya que el Ejecutivo puede retirar actos administrativos que aún se encuentran en trámite, ello no la convierte en una decisión neutra ni carente de consecuencias. Esta facultad ha sido utilizada por gobiernos anteriores, generalmente de manera acotada y selectiva, en función de ajustes específicos. Sin embargo, la magnitud del retiro actual marca una diferencia relevante y exige mayor fundamento y transparencia de cara a la ciudadanía, especialmente cuando lo que está en juego son políticas públicas que no se construyeron en un solo gobierno, sino que han requerido largos procesos de participación y diálogo para alcanzar acuerdos entre múltiples sectores.

La oportunidad y alcance de la medida —43 decretos retirados apenas iniciado el nuevo gobierno y uno reingresado el jueves— no son detalles menores. Constituyen una señal de alerta que la ciudadanía no debiera pasar por alto. En la práctica, puede que se trate solo de una pausa, pero también de un posible desmantelamiento de una parte significativa de la agenda ambiental construida en los últimos años, dejando en suspenso instrumentos clave para enfrentar desafíos urgentes.

Tras conocerse esta información, se levantaron alertas en diversos sectores políticos y de la sociedad civil, tanto por la escala de la medida como por sus posibles implicancias.

Ante ello, el 17 de marzo el gobierno emitió una declaración pública señalando que el retiro de los decretos responde a un proceso de revisión técnica y normativa, en el marco de una práctica habitual al inicio de una nueva administración y de una auditoría interna en curso.

Indicó además que varios de estos instrumentos fueron ingresados en los últimos días del gobierno anterior, por lo que serán revisados en detalle para asegurar su calidad jurídica y luego reingresados a tramitación, comprometiendo informar oportunamente a la ciudadanía sobre sus avances.

Lo ocurrido es, en definitiva, más que un acto administrativo una señal política temprana. Y frente a ella, la ciudadanía no solo tiene razones para observar: tiene derecho a exigir explicaciones. Cabe esperar que, tras su revisión y como ya sucedió con uno de ellos, estos decretos sean reingresados a tramitación y se garantice efectivamente el pleno ejercicio de los derechos que buscan resguardar, respetando los procesos que les dieron origen.