Un Estado más débil, una ciudadanía más expuesta: el costo de desmontar la regulación ambiental

Uno de los primeros mandatos del presidente Kast ha sido “destrabar” la inversión, reabriendo una discusión que parecía, al menos en buena medida, saldada en el plano institucional, a saber, la falsa oposición entre crecimiento económico y protección ambiental. No se trata de un gesto aislado. Desde hace algunos años se ha instalado con fuerza la idea de la “permisología”, una narrativa que presenta la regulación ambiental como un obstáculo excesivo y al Estado como una fuente de lentitud, ineficiencia y costos económicos.

En esa misma línea se inscriben declaraciones recientes del oficialismo, que han caricaturizado la protección ambiental como si fuera una extravagancia burocrática o una prioridad absurda frente a otras necesidades de las personas. El problema es que esa caricatura simplifica una discusión compleja y erosiona la legitimidad de instrumentos de política y gestión ambiental que cumplen funciones esenciales para la vida cotidiana, la salud pública, la protección territorial y la preparación frente a riesgos futuros.

A solo una semana de haber asumido, el gobierno optó por una decisión drástica de retirar de Contraloría 43 decretos supremos de la administración anterior que se encontraban en trámite de toma de razón. Según lo informado públicamente, entre ellos había normas de calidad ambiental y de emisión, planes de descontaminación, instrumentos de adaptación al cambio climático, reglamentos de biodiversidad, creación de parques y reservas, e incluso decisiones sobre protección de especies en peligro de extinción. Hasta la fecha no se han transparentado de manera suficiente las razones de esta decisión, más allá de ser parte de la auditoría a la administración pública propuesta por Kast.

La señal política es preocupante, porque rompe el consenso ambiental alcanzado por diferentes administraciones al frenar regulaciones ambientales de larga discusión pública. Pero, además, debilita la capacidad estatal para actuar de manera preventiva, coordinada y sostenida frente a problemas que afectan directamente a la ciudadanía. Un Estado no demuestra capacidad únicamente cuando acelera inversiones o simplifica trámites. También la demuestra cuando logra producir reglas, coordinar sectores, anticipar riesgos, reducir vulnerabilidades y proteger bienes comunes indispensables para la vida social y económica.

Visto así, retirar estos instrumentos se convierte en una decisión que afecta herramientas concretas con las que el Estado puede responder en distintos frentes. Por una parte, impacta la gestión de la contaminación y la salud pública. Entre los decretos retirados se encontraban planes de descontaminación, normas de calidad del aire, normas de emisión industrial (de fundiciones de cobre y de emisión de arsénico y de termoeléctricas) y regulaciones sobre descargas de residuos líquidos en aguas marinas y continentales. Dichos decretos no tratan de asuntos marginales ni ornamentales, son instrumentos destinados a reducir la exposición a contaminantes que afectan directamente la salud respiratoria, la calidad del agua y las condiciones ambientales en que viven miles de personas.

Por otra parte, la decisión también debilita la respuesta estatal frente al cambio climático, siendo Chile uno de los países más expuestos a sus efectos. Entre los decretos retirados se cuentan instrumentos clave de adaptación climática y gestión de emisiones, como planes nacionales y sectoriales de cambio climático, junto con reglamentos sobre certificación voluntaria y compensación de emisiones. Estos instrumentos son parte de la arquitectura con la que el Estado intenta orientar conductas, reducir la incertidumbre, generar información y preparar a los territorios frente a eventos extremos, crisis hídricas, incendios, lluvias abruptas y otros impactos cada vez más frecuentes que han experimentado nuestra ciudadanía.

El problema también alcanza la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, un ámbito donde los costos de la inacción suelen ser acumulativos y muchas veces irreversibles. Dentro de los decretos retirados se encuentran diversos reglamentos e instrumentos vinculados a la implementación de la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), incluyendo medidas sobre compensaciones, servicios ecosistémicos, conservación de ecosistemas y especies, restauración ecológica y control de especies invasoras. Incluso se frenaron instrumentos específicos como el plan para recuperación de las Ranitas de Darwin y la declaratoria del pingüino de Humboldt como monumento natural. Todo ello muestra que no estamos frente a una poda administrativa menor, sino frente a un debilitamiento de la capacidad del Estado para conocer, clasificar, intervenir y proteger sistemas ecológicos estratégicos.

A ello se suma un cuarto plano: el de la protección territorial directa. Entre los decretos retirados figuran la creación de áreas protegidas y parques nacionales, asociados tanto a la implementación de la ley SBAP como a la Red de Salares Protegidos y a la Estrategia Nacional del Litio. Es decir, la decisión afecta la consolidación espacial de la conservación en territorios concretos y algunos altamente vulnerables. Así, cuando se frena la creación o formalización de estas figuras, lo que se posterga es la protección efectiva de ecosistemas valiosos económica, social y ecológicamente, así como, la capacidad del Estado para ordenar sus usos, prevenir la degradación y sus efectos y resguardar el patrimonio natural.

Pero el problema no se agota en los efectos que esta decisión produce en cada uno de estos ámbitos. También alcanza las capacidades institucionales que permiten al Estado sostener, coordinar e implementar estas respuestas en el tiempo. Entre los decretos retirados había reglamentos vinculados al despliegue del SBAP, incluidos aquellos relativos a su comité científico asesor, a los concursos de ingreso y promoción, a la evaluación de desempeño y a otros aspectos de su organización interna. Lejos de ser cuestiones meramente administrativas, estos dispositivos forman parte de la infraestructura institucional que permite sostener una acción pública continua, coordinada y especializada. Esto importa porque la capacidad estatal no depende únicamente de grandes leyes o discursos presidenciales, sino también de reglas, procedimientos, estructuras de coordinación y sistemas de información que hacen posible que las instituciones funcionen de manera consistente en el tiempo. Por eso, debilitar estos soportes no constituye un efecto secundario del retiro de los decretos, sino una de sus consecuencias más profundas: erosiona la base institucional con la que el Estado puede anticiparse, coordinarse y responder adecuadamente frente a problemas que afectan a la ciudadanía.

En definitiva, retirar estos 43 decretos es una decisión que compromete la capacidad estatal y, con ello, la posibilidad de que el Estado responda adecuadamente a problemas que afectan la salud, la seguridad y el bienestar de la población. Un Estado que renuncia a sus instrumentos ambientales no se vuelve más ágil, se vuelve más incapaz.