El veto a la negociación ramal: la victoria para los mismos de siempre

Era esperable, dada la historia y la mentalidad del empresariado chileno, que hoy, más que nunca, dispone de los medios para ejercer su poder a través de un gobierno que busca mantener intacto el statu quo en materia de relaciones laborales y en la distribución de la riqueza.

El proyecto proponía superar, de una vez, la herencia del Plan Laboral de 1979, que confinó la negociación colectiva exclusivamente al nivel de la empresa y prohibió cualquier articulación superior. Cuatro décadas después, esa estructura sigue en pie, fragmentando la representación sindical y debilitando a los trabajadores frente a sus empleadores. Ante esto, lo que el proyecto ofrecía era una arquitectura de tres niveles coordinados: uno sectorial, para fijar estándares mínimos de aplicación general en cada rama económica; uno intermedio, para regular condiciones en cadenas de valor, proyectos o grandes faenas; y uno de empresa, que se mantiene y que, por diseño, no puede reducir lo obtenido en los niveles superiores. Los acuerdos sectoriales tendrían efecto erga omnes, es decir, obligarían a todos los empleadores del sector, y la implementación sería gradual, y con incentivos para las PyMEs.  

¿Qué se pierde entonces? la posibilidad de que más trabajadores y trabajadoras estén cubiertas por los beneficios de las negociaciones. Empero, una objeción recurrente es que, dado que la gran mayoría de la población no está sindicalizada, la negociación colectiva sería un asunto de unos pocos. Sin embargo, un modelo como el propuesto apuntaba precisamente a ampliar su cobertura, es decir, que más personas fueran beneficiadas por acuerdos alcanzados a nivel sectorial, incluyendo a trabajadores no sindicalizados. ¿Puede esto afectar el empleo? La respuesta estaba más que estudiada. El análisis de la OCDE, uno de los pilares técnicos del proyecto, es categórico en este sentido. En su influyente reporte Negotiating our Way Up (2019), menciona que los países con sistemas multinivel fuertemente coordinados registran tasas de empleo superiores en más de cuatro puntos porcentuales respecto de los sistemas totalmente descentralizados, como el chileno. La dispersión salarial también mejora de manera significativa, en donde la diferencia en el ratio entre el decil más alto y el más bajo de salarios llega a entre 0,25 y 0,30 puntos porcentuales a favor de los sistemas coordinados. En un país con un Gini de 43 y donde el ingreso mediano laboral no supera los $611.000 netos mensuales, esos números son de suma importancia e impacto. 

Asimismo, los estudios de la OCDE y OIT sugieren que los sistemas coordinados además de distribuir mejor la renta, desincentivan la competencia a la baja, expresada en la dinámica de las empresas de reducir costos laborales como estrategia competitiva, y, en cambio, empujan hacia la innovación y la inversión en capital humano. El proyecto lo recogía directamente al contemplar ampliar el crédito tributario para I+D de 15.000 a 45.000 UTM para las empresas que participaran de un acuerdo sectorial vigente, convirtiendo la negociación en un motor de productividad. A esto se sumaba la protección explícita de las MIPYMES, que en un piso común sectorial encuentran resguardo frente a la presión constante de las grandes empresas por abaratar costos en su desmedro.

Adicionalmente, se pretendía otorgar mayor autonomía a las relaciones laborales, hoy profundamente normadas y tuteladas por el Estado, y permitir que los trabajadores participaran activamente en decisiones estratégicas sobre sus sueldos, condiciones y beneficios, así como en los desafíos que hoy ya son una realidad ante el cambio tecnológico y climático: reconversión laboral, capacitación y transición justa. Cada Consejo Sectorial contaría con una Secretaría Técnica Ejecutiva de soporte, compuesta por representantes del Ministerio del Trabajo, Hacienda y Economía, encargada de proveer información de productividad, brechas laborales y análisis prospectivo antes de cada negociación. El diálogo, en otras palabras, estaría basado en datos, equilibrando el poder de las partes. 

Además, el proyecto no sólo se sustentó en estudios internacionales, sino que también recogió los resultados de los Diálogos Multinivel de 2024. Esta instancia reunió a representantes de trabajadores de distintos sectores, PyMEs y Estado, en una mesa de trabajo donde se levantaron percepciones, propuestas y cautelas sobre un modelo de negociación coordinado. Los grandes empresarios, una vez más, se restaron de participar, declarando que se estaba ante “una mala política pública“. Asimismo, estuvieron ausentes en el Seminario Internacional Tripartito Chile-Uruguay sobre negociación ramal del pasado diciembre, mismo día en que representantes de la SOFOFA y la CPC viajaban a Argentina a conocer las reformas laborales de Milei, en una burda muestra de poder e ideología.

Podrían señalarse más beneficios documentados, pero lo cierto es que, para un empresariado que hoy expresa su poder en el gobierno, esa evidencia sencillamente no forma parte de su estrategia. Sus análisis comienzan en “costos laborales” y terminan en sus utilidades . Con ello, su propia mentalidad es la tumba bajo la cual se sepultan ganancias de productividad, mejor distribución del ingreso, crecimiento, coordinación y diálogo. Todo aquello que podría cambiar los incentivos de una economía estancada y atrofiada, en parte, por sus propias decisiones. Tal como decía el economista Gabriel Palma “rentas fáciles crean élites indolentes”. 

La demanda, sin embargo, no cesará. Continuará hasta que los trabajadores sean actores activos de las decisiones económicas del país y no meros receptores. Este gobierno es un obstáculo más en ese camino, y por ello, se seguirá pujando por darles más poder a los trabajadores, por mucho miedo que eso le dé a la clase empresarial chilena.