Es una decisión política, no un problema de caja

Existe una tendencia peligrosa en el debate económico nacional: disfrazar decisiones políticas como si fueran limitaciones técnicas. Hoy, el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) está en el centro de la discusión bajo el eslogan de que “no hay caja”. Pero cuando se revisan los datos con frialdad, la realidad es otra.

Chile no está quebrado. Enfrenta, más bien, una crisis de voluntad política sobre cómo utilizar sus herramientas de protección social. El argumento de la falta de liquidez es, en el mejor de los casos, una verdad incompleta que opera como un encuadre engañoso. Si imaginamos al Estado como una familia, quienes proponen debilitar el mecanismo están mirando solo el saldo del cajero automático al final del día, ignorando deliberadamente que, a marzo de 2026, el país cuenta con ahorros (US$3.912 millones en el FEES) y todavía tiene capacidad de endeudamiento.

A esto se suma un dato clave: la deuda pública de Chile ronda el 42% del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE (entre 84% y 85%). Esto no solo refleja una posición relativamente sólida, sino que confirma que el país aún tiene acceso al crédito y margen para usarlo con prudencia. Por eso, afirmar que no se puede sostener el MEPCO no es un diagnóstico técnico riguroso, sino una decisión política: dejar guardadas las herramientas mientras la casa se empieza a inundar. Más aún, en un contexto en que el precio del cobre, nuestro principal ingreso estructural, se mantiene en niveles históricamente altos.

Dicho lo anterior, sería un error, y también una irresponsabilidad, ignorar las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo. El CFA ha sido claro: Chile enfrenta un desvío relevante de su meta fiscal, pues los ingresos han sido sobreestimados de forma sistemática y la credibilidad de la regla fiscal se ha erosionado.

A esto se suma un escenario de mayor estrés: aumento en el pago de intereses, menor acumulación de activos y una trayectoria de deuda que, aunque hoy es moderada, podría tensionarse si no se corrige el rumbo. En otras palabras, no estamos quebrados, pero tampoco en una posición que permita actuar como si los recursos fueran ilimitados o el problema meramente coyuntural.

En este contexto, el MEPCO no debe verse como un capricho fiscal, sino como un amortiguador necesario para evitar que los vaivenes geopolíticos golpeen de lleno el presupuesto de las familias de un día para otro. Pero tampoco puede transformarse en un subsidio permanente, opaco y sin reglas claras de salida, especialmente cuando la institucionalidad fiscal está bajo presión. El punto, entonces, no es eliminar el mecanismo, sino usarlo bien: de manera transitoria, focalizada en los momentos de mayor shock y con criterios explícitos de sostenibilidad.

Reducir o eliminar su alcance de forma abrupta, como se ha planteado, no es necesariamente un acto de responsabilidad fiscal. Más bien, implica trasladar el costo del ajuste directamente a las familias, encareciendo de manera regresiva el transporte y los alimentos. Pero sostenerlo sin límites ni correcciones sería, a su vez, ignorar señales que hoy son difíciles de desestimar. La política pública responsable no consiste en elegir entre disciplina fiscal o protección social, sino en diseñar mecanismos que hagan compatibles ambas.

En definitiva, la pregunta de fondo no es cuánto dinero hay en la cuenta ni si existe margen para endeudarse, sino cómo se utilizan esos espacios sin comprometer la estabilidad futura. Un gobierno responsable no niega la restricción fiscal, pero tampoco la usa como excusa para abandonar a las personas frente a shocks externos. Gobernar bien es, precisamente, administrar esa tensión: proteger hoy sin hipotecar el mañana.