La economía política del alza del combustible

La discusión sobre el alza del combustible ha estado cruzada por un problema cada vez más frecuente en el debate público: argumentos fiscalmente malos usados para sostener conclusiones que, a veces, pueden sonar políticamente atractivas. Y eso importa, porque una crítica correcta no se vuelve más seria por estar mal fundamentada.

Partamos por una distinción básica. El déficit o superávit fiscal es una variable de flujo: mide lo que ocurrió en un año determinado entre los ingresos y los gastos del Estado. Cuando el Estado gasta más de lo que recauda, aparece un déficit. Y ese déficit, igual que en una economía familiar cuando se gasta más que el sueldo, no desaparece por sí solo: se financia de dos maneras, usando ahorros o endeudándose.

En el caso del Estado, eso significa recurrir a los activos del Tesoro o aumentar la deuda pública. La deuda, en cambio, es una variable de stock: la mochila acumulada de déficits anteriores. Por eso, comparar déficits de distintos períodos sin mirar con qué nivel de deuda y de activos partía cada gobierno es un análisis torcido. No es lo mismo tener un déficit de 2% del PIB con una deuda de 10%, que ese mismo 2% con una deuda de 40%, mayores pagos de intereses y mucho menos margen de maniobra fiscal. Y esto importa todavía más porque Chile no viene de una posición estructural holgada. Al contrario: ha registrado déficit estructural en 16 de los últimos 20 años. No estamos, entonces, ante un gasto transitorio montado sobre una caja fiscal robusta, sino sobre una trayectoria larga de estrechez fiscal, menor colchón de activos y mayor dependencia de deuda.

Algo parecido ocurre cuando se relativiza la deuda chilena comparándola mecánicamente con el promedio de la OCDE. Esa comparación, por sí sola, dice poco. La pregunta relevante no es solo cuánto representa la deuda sobre el PIB, sino cuánto cuesta financiarla y qué capacidad efectiva tiene el país para pagarla. Dos economías pueden tener ratios de deuda similares y, sin embargo, enfrentar escenarios completamente distintos si una se endeuda barato y con alta credibilidad, mientras la otra paga más por riesgo y tiene menor cobertura de intereses. Comparar solo deuda sobre PIB, sin mirar riesgo país ni carga financiera, también es una forma de torcer la discusión.

Ahora bien, aclarar esto no significa absolver lo que ha hecho el gobierno con el MEPCO. Al contrario: es perfectamente razonable sostener que ha sido un error. En finanzas públicas existe una regla elemental: a gastos permanentes, ingresos permanentes; a gastos transitorios, financiamiento transitorio. Si el alza internacional del petróleo exige amortiguar temporalmente el precio de los combustibles, entonces el financiamiento coherente también debiera ser transitorio. El problema aparece cuando esa lógica excepcional se vuelve recurrente y empieza a tensionar de manera persistente la caja fiscal o la trayectoria de la deuda.

Y ahí aparece la verdadera economía política de la medida. Este gobierno llegó con una visión económica clara: bajar impuestos para mejorar la rentabilidad de los proyectos, impulsar la inversión y apostar al crecimiento. Nos guste o no, es un proyecto legítimo. El problema es que esa visión no es recaudatoria; supone menos ingresos y, por tanto, exige reducir el gasto estructural para mantener el equilibrio fiscal. Eso también forma parte de su programa. Cuando, en ese contexto, se financia el MEPCO con activos del Tesoro o con más deuda, no solo aparece una tensión fiscal: se debilita la consistencia del programa en sus propios términos. Ahí está la verdadera economía política de la medida.