A 20 años del primer gobierno paritario presidido por una mujer: un hito que deja huellas

Sorprende que, casi culminando el mes de marzo, no haya sido recordado un hito histórico, inédito en Chile y con gran repercusión internacional. Hace 20 años, en marzo del 2006, por primera vez en la historia de Chile una mujer accedía a la Presidencia de la República, Michelle Bachelet. Y, con ella, la conformación del primer gobierno paritario: un gabinete ministerial compuesto por igual número de mujeres y hombres, paridad que se replicó a nivel de subsecretarías, en intendencias regionales y gobernaciones provinciales, de acuerdo a la conformación político administrativa territorial de esas fechas.

Hasta la elección presidencial 2006-2010, que en la segunda vuelta del 15 de enero del 2006 le diera la victoria a Michelle Bachelet con el 53,5% de los votos, nunca una mujer había alcanzado tan alto cargo. Pero estaba en el aire que la conducción del país tenía necesidad de cambio, de la presencia de una mujer.

Los sondeos del año 2005, año electoral, mostraban dos figuras femeninas que por lejos contaban con la mayor adhesión popular: la exministra de Salud y Defensa Michelle Bachelet y la exministra de Justicia y Relaciones Exteriores, Soledad Alvear, mujeres en espacios que antes habían ocupado exclusivamente hombres.

Ambas no sólo irrumpían como liderazgos que dejaban muy atrás a figuras tradicionales y del sexo masculino, sino que, además, rompían algunos moldes, al ser mujeres que provenían de las clases medias, de la educación superior pública, de una vida de trabajo profesional, lejanas a las redes del poder y de las elites económicas. Finalmente, la primera de ellas sería la candidata electa presidenta y, la segunda, senadora.

Entre sus compromisos programáticos como candidata, Michelle Bachelet había priorizado la paridad en la organización de su gobierno, en un país que entonces no tenía leyes de cuota en las elecciones y en que la paridad no formaba parte de la prioridad en el sistema político, ni en ningún espacio de toma de decisiones relevantes para el país, fuera éste el poder ejecutivo, legislativo o judicial, en la actividad económica, o en el espacio académico.

Las fotos que dan cuenta de este hito histórico recorrieron el mundo: una mujer presidenta, líder de un gobierno de centroizquierda, siendo ella socialista -con un padre militar democrático, preso y muerto por torturas de sus propios camaradas de armas a los inicios de la dictadura-, rodeada de un gabinete que igualaba la presencia de mujeres con hombres. Hasta entonces sólo había existido como precedente, en el gobierno de Ricardo Lagos, con su compromiso de campaña de tener un tercio de su gabinete integrado por mujeres, cinco de ellas. Esa fue una señal que permitió que se visibilizaran las capacidades de las mujeres, constituyéndose en el punto de partida para el surgimiento de nuevos liderazgos nacionales, esta vez con rostros de mujer.

La paridad hizo justicia a la representación en igualdad de condiciones a mujeres. No fue sólo una cifra para equilibrar la participación, sino también para equilibrar la calidad de esa representación, pues se trató de un gobierno en que se eliminaron los sesgos de representación en cargos supuestamente femeninos y masculinos, pudiendo las mujeres integrarse en ministerios hasta entonces reservados exclusivamente a hombres, como economía, agricultura, defensa o minería, por citar algunos ejemplos.

Desde este hito histórico, que representa el primer gobierno paritario encabezado por la primera presidenta mujer de Chile, han pasado 20 años. Sin duda, dejó huellas, abrió caminos y procesos.

Hay un punto de inflexión en el curso de las políticas públicas y sus prioridades. Data de esa fecha, continuando con la lógica de la reforma de salud del presidente Lagos basada en los derechos de los pacientes, la construcción de las bases de un sistema de protección social fundado en derechos, a lo largo del curso de vida.

Nacía el sistema de protección social que iniciaba con la niñez, Chile Crece Contigo, y que culminaba con la vejez, incorporando el pilar solidario en el sistema de pensiones (Pensión Básica Universal, precursora de la PGU) que beneficiaba a quienes nunca o muy parcialmente habían cotizado, especialmente a las mujeres. Se trata de un Sistema de protección que incluía, a lo largo del curso de vida a trabajadores, a las mujeres en todas sus dimensiones, reforzando la protección a las jefas de hogar, acceso gratuito a la píldora del día después en fechas que no existía el aborto por tres causales y a las mujeres víctimas de violencia con las primeras casas de acogida que se construyeron en el país. Además, incorporaba a las personas con discapacidad, al suscribirse en esas fechas la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad que obliga a legislaciones nacionales en la materia.

En suma, es el inicio de un modelo de bienestar que, en su esencia, buscaba que el Estado cumpliera un rol activo en la protección social y el cuidado, alivianando esas responsabilidades,  que mayormente recaían y siguen recayendo en las mujeres. Y es a partir de entonces que en Chile se dio un salto en la concepción de derechos sociales que empezó a ser apropiado por la ciudadanía y que se extiende a una noción más amplia de derechos, como los son también los culturales (se crean los centros culturales comunales ampliando el acceso territorial a la cultura), dotando así de integralidad a los derechos humanos (sin dejar de mencionar la creación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos).

Este legado, con mayores o menores avances, ha seguido su curso y hoy forma parte de un patrimonio que es la base a partir de la cual la ciudadanía puede crecer en derechos. Y defenderlos, ante eventuales circunstancias que los amenacen.

Pero la huella no sólo está en el aporte de la participación de las mujeres en la ampliación de derechos para toda la sociedad, sino que tiene asimismo un efecto en reducir la más porfiada de la desigualdad de derechos, aquella que se da entre hombres y mujeres, en detrimento de ellas.

La presencia de mujeres en el poder ejecutivo, en ministerios, subsecretarías y en la dirección de servicios públicos, ha dejado de ser una excepción y ya no es noticia, como lo fuera dos décadas atrás. Se ha “naturalizado” la participación de las mujeres.

En el poder legislativo, aún si la paridad es esquiva, se ha avanzado parcialmente y corrigiendo la desigual representación con una legislación de cuotas en la postulación, que tiene la limitación de no asegurar igualdad en los resultados de escaños obtenidos.

También en el poder judicial se empiezan a corregir las desigualdades de acceso a los máximos niveles del sistema de justicia y dejan de ser los juzgados de familia el lugar preferente al que se destinan mujeres juezas.

En el ámbito económico, las brechas de representación han disminuido si bien siguen siendo muy grandes en directorios y puestos gerenciales. Pero ya se abrió la agenda por una mayor igualdad de representación, sobre todo porque ello ha mostrado incidir en la corrección de las persistentes desigualdades que viven las mujeres en el acceso al trabajo, en el acceso a puestos de mayor responsabilidad y en las remuneraciones, en que aún persisten brechas salariales que castigan a las mujeres y, de paso, frenan el desarrollo económico al restarlas del aporte al PIB nacional.

Y en el mundo académico, la evidencia indica que las mujeres estudiantes ingresan a las universidades en mayor número que los estudiantes hombres y que son las mujeres las que egresan y se titulan en menor tiempo que sus pares masculinos, sin embargo, persisten las brechas según el tipo de carreras, manteniéndose los estereotipos de carreras feminizadas y masculinizadas, entre ciencias sociales y humanidades, versus carreras científicas, técnicas e ingenierías.

Aun así, con estas limitaciones existentes y con los retos aún pendientes, las señales que aparecen por la presencia de mujeres liderando espacios que antes estaban vedados, es alentadora de cambios posibles.

Tras dos décadas, gobierno tras gobierno, las mujeres son parte del cuadro normal de presencia en los espacios de toma de decisiones, incluido el reciente gobierno que asumió este marzo 2026 y que, siendo el gobierno más de derecha, encabezado por la ultraderecha, desde los inicios de la democracia, técnicamente exhibe un gabinete paritario (en el que, si bien no iguala un número equivalente de mujeres y hombres, cumple con el criterio que ningún género tenga una representación inferior al 40%).

En paralelo, asistimos a cambios visibles: una mujer encabeza por primera vez en la historia de Chile, la Corte Suprema. Otra mujer encabeza el Tribunal Constitucional. Por primera vez, también, la Contraloría General de la República tiene una mujer a su mando. El Banco Central, asimismo, por primera vez es presidido por una mujer. Y en las Universidades, si bien aún en minoría, son elegidas mujeres rectoras, destacando entre ellas la primera rectora que tiene la Universidad más antigua del país, la prestigiosa Universidad de Chile.

Muchas interrogantes quedan abiertas ante estas nuevas realidades, no sólo en cuanto a cómo progresar en representación paritaria y cómo darle sostenibilidad en el tiempo, sino en qué efectos ello tiene, no tan sólo en los avances de derechos de las mujeres, sino en su contribución a la democracia, al progreso con paz y al desarrollo humano y económico del país. En suma, en avances hacia la cohesión social ante una realidad que la desafía dramáticamente. La reflexión está, pues, abierta.