La emergencia como excusa: quién paga realmente los costos

Durante las primeras semanas de instalación del gobierno del presidente Kast hemos visto un despliegue llamativo y ruidoso, en el que se repite la idea de que estamos frente a un “gobierno de emergencia” y de “reconstrucción nacional”. Estos conceptos no buscan retratar la realidad de Chile, sino instalar una peligrosa excusa frente a las personas.

Este relato sugiere que el país literalmente se cae a pedazos, pero no es la realidad de Chile. Hoy tenemos una inflación a la baja, empleo estable y, aunque sabemos que nuestra economía sigue en un pie delicado y son muchos los desafíos, la realidad dista mucho de ese escenario apocalíptico. Entonces, ¿por qué insistir con esta idea? Simple, por un lado: porque es el paraguas que permite justificar la demora administrativa, lo que se traduce en que hay menos plata de la que se pensaba, todo es más difícil de lo que parecía y por ende los chilenos deben tener mucha paciencia, esperar y exigir poco.

Por otro lado subyace la idea de que el país está en un contexto crítico prepara un escenario que busca justificar dolorosos retrocesos en materias sociales. En campaña prometieron no tocar los programas sociales, pero en la práctica ya han dicho a ministerios fundamentales como Desarrollo Social, Mujer, Educación o Salud, que tienen que recortar sus gastos. Ya nos anuncian que políticas clave como la gratuidad deben limitarse, porque no hay dinero. Además postergan, sin fecha clara, proyectos tan relevantes como el de Sala Cuna Universal, desconociendo un acuerdo transversal que costó casi 20 años construir entre trabajadores, empresarios y organizaciones de mujeres, paralizando proyectos largamente buscados.

Mientras estos recortes sociales se asoman, la crisis económica que podría generar el alza del petróleo como consecuencia de la guerra queda sin un plan de acción para proteger a las personas. El gobierno decidió traspasar el costo de las alzas de los combustibles a la clase media, por una supuesta falta de recursos, y obligar a la gente a apretarse el cinturón desde varios frentes, pero paralelamente avanzan con rapidez en una rebaja de los impuestos corporativos para las grandes empresas.

Lo que vemos hoy es una pantalla legislativa y comunicacional montada para el abuso, un despliegue pensado para justificar que sean las clases medias y las familias más vulnerables las que enfrenten el rigor de un recorte del gasto público, mientras los que más tienen se beneficiarán de menores impuestos.

Desde la oposición, nuestra obligación es no permitir que una aplanadora legislativa pase por alto los acuerdos que tanto le han costado a nuestro país. Vamos a estar siempre del lado de la clase media y de las familias chilenas que más lo necesitan, y vamos a estar atentos a que estos retrocesos que solo golpean a algunos sean el futuro que se nos promete. La emergencia no puede convertirse en un castigo para la calidad de vida de las personas.