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«Me parece que la propuesta es equilibrada, sin ninguna duda», dice enfáticamente el presidente de la mayor organización de jueces del mundo, la UIM, José Igreja Matos, con respecto a la forma en que se abordan los sistemas de justicia en la propuesta de nueva Carta Magna de Chile, en particular sobre la idea de la independencia del Poder Judicial y la creación del Consejo de la Justicia. Es precisamente acerca de esta última materia en donde se han hecho escuchar la voces más críticas, como las de los ex Presidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frei, además de la preocupación de la Corte Suprema, porque –señalan– el Consejo podría poner en riesgo la independencia y autonomía de jueces y tribunales de justicia. Igreja Matos descarta ese tipo de problemas, basándose en la experiencia internacional, y, además, reconoce sentirse «impresionado» por algunos avances considerados en la nueva Carta Fundamental, tales como la paridad de género, aspecto que consideró como «innovador, pionero y positivo».
El Consejo de la Justicia, dentro de la propuesta de nueva Constitución, es el órgano que se encargaría de los nombramientos –vía concurso público–, sanciones, calificaciones, ascensos, traslados y remociones de más de 2 mil jueces, entre ellos, quienes componen la Corte Suprema. Pero, además, dicho organismo efectuaría una revisión integral de la gestión de todos los tribunales del Poder Judicial –que pasaría a llamarse Sistema Nacional de Justicia–, al menos cada cinco años en audiencias públicas y que, «en ningún caso, incluiría las resoluciones judiciales».
Como visión contrapuesta a las críticas, desde Portugal –país que sirvió de modelo para el planteamiento de sistemas de justicia aprobado en la Convención Constitucional– el actual presidente de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) y presidente del Tribunal de Apelación de Oporto, José Igreja Matos, considera que se trata de una «propuesta equilibrada». Cabe mencionar que la UIM es un órgano de carácter asociativo con sede en Austria, que agrupa a las asociaciones de juezas y jueces de 94 países de todos los continentes.
Igreja Matos es enfático en señalar que “me parece que la propuesta es equilibrada, sin ninguna duda, en particular en cuanto a la idea de la independencia del Poder Judicial y a la creación del Consejo de la Judicatura. Es importante subrayar que UIM tiene el Estatuto Universal del Juez –que fue adoptado primero en Taiwán en 1999, y ha sido actualizado y aprobado otra vez por unanimidad en 2017, precisamente en Chile– y que en su artículo 2, en el inciso 3, no podría ser más claro cuando dice que, a fin de salvaguardar la independencia judicial, debe crearse un Consejo de la Judicatura u otro órgano equivalente, con la única excepción de los países en los que tradicionalmente se garantiza esta independencia por otros medios. En el caso de Chile, después de la dictadura, y con todos los problemas que han surgido de la Constitución de 1980, me parece claro que la opción del Consejo de la Justicia es la que está más conforme al Estatuto Universal del Juez”.
Por otra parte, el presidente de la UIM agrega que «hay algunas cosas que me han impresionado de la propuesta de nueva Constitución, porque es una propuesta que, además de intentar ir al encuentro de los estándares internacionales –con la existencia de un Consejo de la Justicia y su composición diversificada–, hay una preocupación que es original e innovadora, que es el tema de género. Sinceramente creo que es un avance positivo, porque nunca he encontrado una Constitución que subraye de manera tan impactante el tema de paridad de género, y eso creo que viene de que estamos hablando de una Constitución de 2022 y, como todo en la vida, no se puede hacer una Constitución en 2022 que no procure encontrar los desafíos que existen hoy. Así que veo como innovador, pionero y positivo, porque creo que, en ese aspecto, es una Constitución que está pendiente de los desafíos de hoy”.
Según la propuesta de nueva Constitución, el Consejo de la Justicia está integrado por 17 personas. De ellas, 8 son jueces; 2 funcionarios judiciales; 2 representantes de los pueblos y naciones indígenas y 3 serían elegidos por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. Estos 3 integrantes deben postular por concurso público a través de la Alta Dirección Pública, que debe elaborar una terna y enviarla al Congreso.
Una idea que despertó la preocupación de la Corte Suprema, y que su presidente, Juan Eduardo Fuentes, hizo notar al Mandatario Gabriel Boric, en una reunión que sostuvieron en el Palacio de La Moneda, en abril pasado, en pleno trabajo de la Convención. Tras el encuentro, Fuentes dijo que, según su parecer, este Consejo debería estar integrado mayoritariamente por jueces, para resguardar la independencia de los tribunales. «Lo que a nosotros nos interesa es que se asegure la imparcialidad y la independencia y la autonomía de los jueces, para poder actuar con absoluta independencia frente a los problemas que van a presentar los usuarios del sistema”, agregó.
Pero para José Igreja Matos, considerando una visión histórica y conceptual en el contexto mundial, los Consejos de la Justicia han sido una solución «óptima» para evitar la tentación totalitaria de los otros poderes –Ejecutivo principalmente– y es por eso que, a su juicio, han sido creados. «En Europa, los Consejos de la Judicatura tuvieron su mayor consolidación después del fin de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en Italia y Francia, y más tarde en los países ibéricos, como Portugal y España. No es coincidencia que, después de la caída del muro de Berlín, prácticamente todos los países que han salido del sistema que existía hasta entonces, han creado este tipo de órganos. Se ha percibido que la existencia de un Consejo de la Justicia sería importante para tener un órgano independiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que pudiera operar como un sistema para contrabalancear el autoritarismo de algún político de turno o de un Gobierno con tendencias más autocráticas”, apunta el abogado portugués.
Además, el presidente de la UIM añade que, en el caso de América Latina, existen Consejos de la Judicatura en casi todo los países, donde, sin embargo, su origen es distinto, en que lo que se buscaba era evitar la verticalización de la justicia y la concentración de poder en las cúpulas judiciales, «que a menudo se percibían como vinculadas al poder político, en el que recae normalmente su nombramiento. Y de esta manera, se buscaba garantizar la independencia de los jueces, comprometida por influencia interna del Poder Judicial, dentro de una estructura jerarquizada. Eso ocurría en el pasado, y el Consejo de la Justicia tiene esa ventaja, que es dar un poco de oxígeno al sistema, permitiendo desplazar ese problema de la concentración de un poder que estaba muy astricto a las supremas cortes, con problemas varios de independencia interna, y ahora tenemos un órgano plural, que si bien tiene una mayoría de jueces, al mismo tiempo tiene otros elementos de la sociedad civil, y principalmente en los miembros jueces tiene representantes de todas las instancias de la magistratura, no solamente de la Corte Suprema”.
Finalmente, y en cuanto a una de las materias más criticadas de la propuesta de nueva Constitución, el pluralismo jurídico, y la relación entre la justicia tradicional y la justicia indígena, Igreja Matos señala que es un asunto sobre el cual se mantiene «expectante», porque en su experiencia como legislador en Europa, nunca ha observado la existencia de sistemas alternativos al sistema tradicional de Justicia, y porque podrían existir posibles dificultades en la conciliación del pluralismo jurídico. Ante esto, subraya que «lo más importante es que la justicia, sea cual sea su sistema, tenga presente la importancia decisiva de los derechos fundamentales, y que, sea cual sea la estructura del sistema que se aplique, que en primera línea queden muy claros los principios esenciales de dignidad de la persona humana, la paridad de género, elementos que deben estar muy presentes en todas las opciones que se decidan en el futuro”.
