Bernardo Navarrete, presidente del CPLT: “La corrupción municipal ya es sistémica”

Gran parte de la agenda del presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, ha estado enfocada en impartir talleres sobre transparencia y probidad a funcionarios municipales y alcaldes en diferentes comunas del país. Esto en un contexto de corrupción municipal que califica como “sistémico”, y que representa un importante desafío político e institucional en un año de elecciones.

En conversación con El Mostrador, Navarrete apunta a la necesidad de tomar decisiones serias que permitan cambiar el modelo de gobierno local, como –por ejemplo– separar las funciones políticas y administrativas de la figura del alcalde. También advierte sobre las “más de 300 medidas de integridad pública. Un enorme bosque de leyes que nadie sabe muy bien cómo aplicar”.

-Con todos los datos sobre la mesa respecto a las querellas y causas abiertas por corrupción en diferentes municipalidades del país, ¿cuál es su balance sobre los niveles de corrupción municipal en Chile?
-Hoy día estamos en un escenario sobre el cual nadie se preocupó a tiempo. Tenemos ocho instituciones que tienen que ver directamente con la integridad del Estado: el Consejo de Defensa del Estado, la CMF, Contraloría General de la República, la propia brigada de anticorrupción de la Contraloría y así sucesivamente. ¿Hay cooperación interagencial? No. Todas estas instituciones generan una base de datos, pongamos la lógica de una piscina, y yo tiro todos los datos a la piscina. ¿Quién está usando eso para tomar decisiones de carácter político, económico, social, incluso de inteligencia, de control policial?

Estamos hablando de que la Contraloría nos dice que el 70% de los chilenos cree que los funcionarios públicos son corruptos, o la última Criteria Research nos dice lo mismo y eleva la cifra, o el Centro de Estudios Públicos nos dice que la quinta preocupación de los chilenos es la corrupción. Bueno, debemos pensar también que la primera es la seguridad pública. Y entre corrupción y seguridad pública, la distancia es muy poca.

Entonces, algo que parecía que no era un tema de los chilenos, hoy día lo es y hay que colaborar. Como Consejo de Transparencia estamos colaborando con los municipios, porque son la principal ventanilla de atención del Estado y existe un efecto cascada de casos de corrupción donde el persecutor penal ha generado mucha información. La Fiscalía Nacional, pero también la Contraloría, es decir, todos los organismos que tienen que fiscalizar tienden un poco a concluir lo mismo: hay corrupción en los municipios. No se podría decir a partir de estos datos que esto es algo episódico, esto ya es sistémico.

Nosotros vamos a los municipios, entregamos una base de datos previa que es la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que describe con precisión qué deben hacer los distintos departamentos y direcciones del municipio, y les pedimos que la rellenen considerando la percepción que ellos puedan tener de la posibilidad de corrupción dentro de sus direcciones, alta, media o baja. Y la segunda pregunta, asociada obviamente a la primera, para las direcciones y departamentos, son las posibilidades de la captura por redes criminales.

-¿Qué recepción han tenido en los municipios con los cuales han podido trabajar hasta ahora?
-Muy buena, lo hemos hecho con ocho municipios. Estamos hablando de Puente Alto, Peñalolén, La Reina, Puerto Williams, Arica, La Serena, Coquimbo, Vicuña y Rapa Nui. Porque a veces dejamos de lado a los municipios que conforman el Chile no continental.

Primero hacemos un análisis comparado de la evidencia internacional, este quiebre que hay entre la percepción internacional y la nacional. Pero también que se hagan cargo de lo que están diciendo los chilenos de ellos, donde el 70% los percibe como funcionarios corruptos. Porque finalmente las instituciones son lo que hacen las personas y definen el orden del pueblo. Entonces, finalmente les expongo los resultados de su comuna comparado con las otras siete, y ver qué es lo que hay, qué pueden hacer respecto de disminuir las posibilidades de riesgo y captura por raíz criminal.

-Usted ha planteado la necesidad de modificar “en serio” la institucionalidad y el modelo de gobierno que hoy día rige en los municipios. Profundicemos sobre la propuesta de separar las funciones políticas y administrativas de la figura del alcalde.
-El alcalde es lo más cercano a un rey en el territorio. Y se puede entender porque además las personas quieren un rostro, no quieren una máquina. Y eso es el alcalde. El alcalde en Chile cae dentro de lo que se llaman los modelos de liderazgo fuerte, porque cumplen dos funciones. Primero, canalizar el sistema político, pero a la vez, administrar como jefe de servicio el municipio.

Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? La hipótesis es que ya dentro de una situación sistemática de corrupción, hay que tomar decisiones serias. Y a mi entender, hay que cambiar el modelo, es decir, separar la función de representación política –en la cual los ciudadanos le delegaron la soberanía de la comuna a él, por lo tanto, gestionar todas esas necesidades de demanda– de lo que es la figura de jefe de servicio o de administrador. Que puede ser perfectamente el administrador municipal electo, o designado o por concurso.

En definitiva, tenemos que separar las dos funciones o, si no, vamos a seguir con lo mismo. Es importante tener presente que no porque tengamos más institucionalidad anticorrupción o porque nosotros hagamos mucho mejor lo que estamos haciendo, vaya a disminuir la corrupción. Eso no es cierto. Lo que sí podemos hacer es ir al territorio y convencer a los alcaldes, pero también entender que necesitamos modificar el modelo. Este es un modelo anglosajón, prestador de servicios. Y como les comentaba recién, la principal ventanilla de atención del Estado.

Entonces, no sigamos conversando más leyes. Tenemos más de 32 leyes sobre integridad pública en Chile. Está la Política Nacional de Integridad Pública con más de 211 propuestas, la Comisión Jaraquemada sobre Fundaciones, con 46 propuestas. O sea, en menos de ocho meses tenemos en términos prácticos más de 300 medidas de integridad pública. Un enorme bosque de leyes que nadie sabe muy bien cómo aplicar.

Y lo otro, clave en esto, es la impunidad. Yo les explico a los alcaldes que la corrupción es igual a monopolio. Ellos son un monopolio en el territorio, pero también en algunas comunas es el principal empleador, el que más influye en el desarrollo económico y social de las personas. Además, los alcaldes tienen mucha discrecionalidad a la hora de implementar el gasto público. Entonces, la corrupción es igual a monopolio, más discrecionalidad, menos transparencia. ¿En qué nos estamos preocupando? ¿Por qué no miramos la discrecionalidad que tiene para el gasto público? ¿Por qué no miramos la discrecionalidad para seleccionar con quiénes participar? ¿Qué entregar y qué no entregar? Esa es un poco también la función que estamos haciendo como Consejo.

-¿Hay alguna otra modificación que a su juicio sea importante debatir?
-Primero tenemos que debatir el alcance de la frondosa legislación para la integridad pública, que no funciona. Eso por de pronto. Tener una regla general de transparencia para los tres órganos del Estado, esto lo planteaba el programa de gobierno del actual Presidente Gabriel Boric. Es decir, una regla general para el Gobierno Central o el Poder Ejecutivo, pero también para el Legislativo y el Poder Judicial. Eso creo que nos ayudaría a todos a entender el proceso. Porque no podemos solo concentrarnos en los municipios, solo en el Gobierno Central, solo en el caso de fundaciones, etc.

Como decía recientemente, también cambiar el modelo de gobierno local. Pero además, por ejemplo, estudiar con mucha atención la Ley de Probidad Municipal que hoy día está en discusión, y esperemos que salga pronto del Congreso. Esta ley centra en la Unidad de Control o la Dirección de Control dentro del municipio, una enorme cantidad de funciones. Pero lo que va a ocurrir, y como suele ocurrir en todas estas legislaciones, es que se traspasa una nueva función a un directivo del municipio, pero sin recursos, ni personal. Porque en la nueva norma la cantidad de registros y controles que van a tener que hacer sobrepasan por mucho lo que ya tienen.

Aquí nadie confía en los municipios, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, no confiamos en nuestras instituciones. Y cuando no confiamos, no les hacemos caso. No estamos dispuestos a jugar con sus reglas. Eso nos lleva a una situación donde el capital social que nosotros entendemos es clave, es decir, no necesito un millón de leyes para actuar correctamente, es lo que dice el estatuto administrativo, de forma leal, por ejemplo. Tengo todos los instrumentos, pero preocupémonos, por ejemplo, si voy a tener una ley de transparencia o anticorrupción a nivel de los gobiernos subnacionales, en este caso los municipios, que sea operacional, sea lógica. Porque, si no, estamos creando cuerpos legislativos que entran a normar la función pública y serán imposibles de practicar.

-Estamos precisamente en año electoral, ¿cuáles deberían ser los estándares para cuidar la institucionalidad por parte de los partidos políticos, más allá de lo legal? Por ejemplo, el actual alcalde de Coronel va a la reelección pese a que está siendo investigado por casos de corrupción municipal.
-Es la pregunta del millón de dólares, esta es la pregunta incluso más importante que la modificación de la institucionalidad municipal. ¿Cuál es el estándar ético que tienen los partidos para designar a su candidato? La otra gran pregunta, tal vez más importante incluso, es por qué los electores votan al que está siendo acusado, o auditado por la Contraloría General de la República con vicios claros de corrupción.

Entonces, a veces ponemos mucho el acento en la ley y se nos olvida que esos alcaldes son electos. Hay un proceso de delegación de soberanía, donde traspaso a un tercero, en este caso al alcalde, una facultad única que es gobernarnos en la comuna. Eso ya es un tema que tenemos que tomarnos en serio como sociedad, algo nos pasó que estamos legitimando conductas que son ética, moralmente reprobables y sancionables en el caso del derecho. Y, claro, justificamos sancionar a los enemigos, pero no a los amigos.

Yo creo que, como decía muy bien Carlos Peña en una conferencia, no tenemos un lenguaje moral común. Y al no tener este lenguaje, vamos viviendo lo propio de la corrupción. En la lógica aristotélica, la corrupción es el quiebre de aquello que nos une, aquello que nos da sentido al todo. Hoy día estamos más en la lógica de Maquiavelo, que definía la corrupción más desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista del enriquecimiento. Pero a veces vale la pena recordar que la corrupción es el quiebre de algo que nos da sentido, y que nos es común a todos. Y eso que nos es común a todos es la confianza en las instituciones, que están literalmente en el suelo. Si la pregunta de cualquier extranjero es cómo funciona ese país, donde la mayoría de los chilenos no confían en sus instituciones.