
Comisión de consejeros regionales que indagará gestión de gobernador Orrego tendrá mayoría opositora
Cuatro de sus miembros son de oposición. La instancia tendrá hasta seis meses para emitir un informe y proponer medidas. Claudio Orrego ya declaró ante la Fiscalía Oriente por el eventual uso indebido de fondos públicos en su campaña a la reelección, hecho que él niega.
El Consejo Regional Metropolitano definió a los integrantes de la comisión investigadora que indagará las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en el Gobierno Regional encabezado por el gobernador Claudio Orrego (Independiente, exmilitante DC).
La instancia estará conformada por cinco consejeros regionales, cuatro de ellos pertenecientes a partidos de oposición: Álvaro Bellolio (UDI), Nicole Aguilera (UDI), José Pablo Soto (RN) y Sergio Morales (Partido Republicano). La única representante oficialista será Carolina Oteiza (PS). Como miembros suplentes fueron sorteados Alfredo Vergara (Partido Republicano), Leslie Venegas (Frente Amplio) y Valeria Ortega (Ind-PC).
La comisión investigadora tendrá un plazo de 15 días hábiles para constituirse y 45 días hábiles para realizar su labor, con un funcionamiento que no podrá exceder los seis meses. Según lo establecido en los artículos 154 y 155 del reglamento del Core, la instancia deberá investigar los hechos encargados por el pleno, emitir un informe con los resultados, proponer medidas de fiscalización y, en caso de detectar responsabilidades administrativas, civiles o penales, remitir los antecedentes a los órganos competentes.
Ayer, Orrego se presentó de manera voluntaria a declarar ante la fiscal Constanza Encina, en el marco de la investigación por un eventual fraude al fisco durante su campaña de reelección como gobernador metropolitano, iniciada tras un informe de la Contraloría. Al salir de la Fiscalía Oriente, el jefe del Gobierno de Santiago entregó declaraciones a la prensa, enfatizando su “voluntad de colaborar con absoluta disposición con la Contraloría General de la República y el Ministerio Público para esclarecer el informe” del ente contralor, que cuestiona pagos con fondos públicos.