Seguridad pública: 70 leyes aprobadas en este Gobierno y una disputa abierta por el mérito político

Durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric se han despachado 70 proyectos de ley en materia de seguridad pública y ciudadana. La cifra corresponde a un balance actualizado al mes de junio de 2025 y considera tanto iniciativas incluidas en las agendas priorizadas acordadas con el Congreso como otras promovidas o respaldadas por el Ejecutivo fuera de dicho marco.

Un reciente informe de la Fundación Chile21 –ligada a la centroizquierda– subraya que la agenda de seguridad del Ejecutivo “ha sido mucho más activa de lo que ciertos diagnósticos superficiales sugieren”. Su director, Daniel Grimaldi, afirmó en una columna publicada recientemente por El Mostrador que, considerando el número de leyes promulgadas en esta materia hasta la fecha, “el Gobierno de Boric constituye el que más legislación en seguridad ha impulsado desde el retorno a la democracia”.

El propio Mandatario destacó en su última Cuenta Pública los hitos en seguridad ciudadana durante su administración, señalando que “cuando nos unimos, el crimen retrocede”. Esa unidad es la clave –y más– para dirigentes de la oposición agrupada en Chile Vamos, más allá de los dimes y diretes entre candidatos presidenciales en pleno año electoral.

El senador Kenneth Pugh (Ind-RN), miembro de la Comisión de Seguridad Pública, enfatizó a El Mostrador que han sido los votos de su sector los que han permitido sacar adelante todos los proyectos. En ese sentido, coincide en que es más bien un legado de acuerdos que del Gobierno.

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Desde la coalición opositora también acusan un cambio de discurso tras el primer año de mandato de Gabriel Boric. “Se produjo un giro que permitió tramitar varias iniciativas, muchas de ellas presentadas por el expresidente Piñera y rechazadas anteriormente por quienes hoy están en el Gobierno, las que debieron haberse aprobado mucho antes. Gracias al apoyo de la actual oposición, que promovió, enriqueció y empujó todos los proyectos de seguridad, logramos un alineamiento en esta materia, que muchas veces no contó con los votos de los propios parlamentarios oficialistas”, señaló a El Mostrador el diputado y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Andrés Longton (RN).

El diputado Longton recalcó que aquello es “bastante insólito” y sostiene que esto, “más que ser un legado del Presidente, es del Congreso y de la ciudadanía, que, a pesar de la mezquindad que mostraron con el expresidente Piñera, logró, impulsada por la cruda realidad que vive el país, hacerle ver al Gobierno que iniciativas tan importantes como la Ley Naín-Retamal eran fundamentales, a pesar de que el Ejecutivo nunca les otorgó urgencia”.

Agenda priorizada

Del total, 27 leyes forman parte de las denominadas agendas legislativas priorizadas en seguridad, acordadas entre el Gobierno y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados en mayo de 2023 y mayo de 2024. Estas agendas permitieron una tramitación acelerada (fast track) de los proyectos, abordando distintos ejes temáticos: fortalecimiento institucional, prevención del delito, persecución penal y refuerzo de las policías.

Entre estas leyes destacan:

• Ley de Delitos Económicos (21.595).
• Ley de Sicariato (21.571).
• Ley de Usurpaciones (21.633).
• Ley que crea el Ministerio de Seguridad (21.730).
• Ley que establece una nueva Ley Antiterrorista (21.732).
• Ley de cámaras corporales para policías (23.638).
• Reforma constitucional que habilita la Fiscalía Supraterritorial (21.644).

Otras normas relevantes incluyen la Ley de Detenciones Múltiples (21.635), la Ley de Ciberseguridad (21.663), la Ley de Reincidencia (21.713), la Ley contra los narco funerales (21.717), y disposiciones para el uso de tecnologías de autenticación biométrica en el transporte aéreo (ya despachada).

Agenda Legislativa de Seguridad by Andrés Cárdenas

Proyectos fuera del fast track

Además de las iniciativas incluidas en las agendas priorizadas, se han promulgado otras 43 leyes en materia de seguridad que no fueron parte de los acuerdos de tramitación acelerada. Estas leyes abarcan áreas como protección de víctimas, sanciones penales específicas, infraestructura institucional y modernización de las policías.

Algunos ejemplos:

• Ley Naín-Retamal (21.560), sobre uso legítimo de la fuerza.
• Ley Karin, contra el acoso y abuso en el trabajo (21.643).
• Ley contra el Crimen Organizado (21.577).
• Ley Antisecuestros (21.557).
• Ley de Delitos Informáticos (21.459).
• Ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (21.527).
• Ley que fortalece la Infraestructura Crítica (21.542).
• Ley de prórrogas sucesivas del Estado de Excepción (21.654).
• Ley que regula el ingreso de objetos prohibidos a cárceles (21.494).

También se aprobaron medidas para fortalecer el rol de la Policía de Investigaciones (PDI), como la modificación a la norma de Control de Armas (21.670), el bono transitorio para la PDI (despachado) y la ley que consagra su rol en investigación especializada (21.552).

Agenda Legislativa de Seguridad by Andrés Cárdenas

Proyectos en trámite

Además de las leyes ya aprobadas, el Ejecutivo mantiene en curso una serie de iniciativas legislativas en el Senado, muchas de las cuales buscan dar continuidad a su agenda de seguridad. Algunos de estos proyectos no han estado exentos de polémicas ni de acusaciones por trabas legislativas. Uno de ellos es el proyecto que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades, para fortalecer su rol en prevención del delito.

La iniciativa –con urgencia de discusión inmediata– cuenta con informes de las comisiones de Gobierno y Seguridad Pública unidas. Sin embargo, las últimas sesiones de la Sala han estado marcadas por otros temas, como los proyectos de reforma al sistema político y de multas por no votar. “Solamente no se ha llegado al punto”, enfatizan desde el Ejecutivo.

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Pero el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), ha cuestionado la demora en la tramitación del proyecto de seguridad municipal. En medio de posturas divididas por el financiamiento de la iniciativa y el uso de armas no letales –como los taser– por parte del personal municipal, ha instado a avanzar con urgencia principalmente en las atribuciones de contratación (ya que muchas veces los municipios cuentan con vehículos para patrullar, pero no con el personal suficiente).

Lo cierto es que el proyecto está listo para ser votado en Sala. No obstante, hace poco surgió otro antecedente que podría retrasar incluso más la tramitación: la Contraloría detectó que 342 municipalidades del país (90%) no han cumplido con remitir a la Subsecretaría de Prevención del Delito toda la documentación relacionada con sus Planes Comunales de Seguridad Pública y las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública entre 2024 y 2025.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, enfatizó en recientes declaraciones a la prensa que “cuando estamos todos impulsando la Ley de Seguridad Municipal, así como se reclaman atribuciones, así también es conveniente cumplir con las obligaciones”.

Otro ejemplo es la propuesta de ajustes a la legislación sobre terrorismo. En su último debate legislativo se abordaron aspectos de redacción y técnica legislativa, como la incorporación de la expresión “alterar gravemente el orden público” y la conveniencia de suprimir o modificar ciertos artículos, lo que generó dudas sobre si algunos elementos debían ser tratados en la Comisión de Constitución.

Algo parecido sucedió con la iniciativa que introduce una nueva agravante para delitos cometidos contra personal de Gendarmería o Fuerzas Armadas. La semana pasada, se enfatizó la importancia de proteger a funcionarios de estas instituciones, pero se cuestionó la pertinencia de tramitar el proyecto exclusivamente en la Comisión de Seguridad Pública, sugiriéndose la posibilidad de remitirlo a la Comisión de Constitución.

Entre los principales pendientes se encuentran los proyectos que buscan: