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Colonia Dignidad: condenan al encargado de hacer desaparecer los autos de personas secuestradas
Willi Malessa fue acusado como encubridor de tres secuestros realizados por la DINA en Santiago en 1976. Tanto a las víctimas como a sus vehículos (dos “Citronetas”) se les perdió el rastro al interior del predio principal de la secta, en la precordillera de Parral.
Pese a que ya han transcurrido cerca de 50 años desde los hechos, la ministra en visita para causas de violaciones de los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, condenó a seis años de presidio a uno de los últimos jerarcas de la Colonia Dignidad que quedan con vida, Willi Malessa, acusado de encubrir el secuestro de tres militantes del MAPU, cuyo rastro se perdió al interior de la Colonia Dignidad, en mayo de 1976.
Se trata del fotógrafo Juan Maino Canales, de Antonio Elizondo Ormaechea y de su esposa, Elizabeth Rekas Urra, que tenía cuatro meses de embarazo al momento de ser secuestrada por miembros de la desaparecida DINA. Una de las peculiaridades de este caso es que tanto a Maino como al matrimonio Elizondo-Reckas les robaron sus automóviles, dos Citroen AX-330, más conocidos como “Citronetas”.
Maino Canales era un estrecho colaborador del actual ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. De hecho, Pablo Adriasola Maino, primo de la primera víctima, declaró el 2004 que “el día anterior a su detención (Juan) estuvo conmigo, manifestándome que se tenía que juntar con Carlos Montes”. Sin embargo, Montes, un alto dirigente del MAPU en la época, no logró llegar al encuentro que realizarían en Estación Central, por lo cual Maino, que residía en Rancagua, se fue a pernoctar a la casa de un amigo en Santiago, siendo posteriormente secuestrado.
Como reveló en 1987 la periodista Mónica González en la revista Análisis, en las fosas comunes que se excavaron en el sector de Chenco, al interior de la secta de inspiración neonazi asentada en la precordillera de Parral, no solo sepultaron los cuerpos de opositores políticos, sino también vehículos, los que eran entregados al enclave como una suerte de “pago” por el uso de las instalaciones del lugar como campo de concentración y de desaparición de opositores.
Autos como “pago”
Ello se vio corroborado a inicios de 2005, cuando la policía civil encontró partes de dos motores sepultados, ambos de marca Renault, los cuales estaban a 135 cm de profundidad, aproximadamente, con sus números de serie borrados.
Ello era coherente con los testimonios que por aquel entonces comenzaron a prestar distintos colonos, quienes relataban que a mediados de los años 70 aparecieron dentro del predio al menos ocho vehículos que no pertenecían a la dotación inicial con que ellos contaban (formada solo por autos y camiones Mercedes Benz, Magirus o Volkswagen), incluyendo dos o tres “Citronetas”.
Sin embargo, las investigaciones judiciales realizadas hasta la fecha indican que al menos en 15 casos de desapariciones forzadas los agentes de la DINA también robaron los vehículos de sus víctimas
El medio hermano del médico Hartmutt Hopp, Ulrich Schmidtke Miottel, dijo, también en 2005, que unos 30 años antes Schäfer lo había llamado, junto a Willi Malessa, Artur Gerlach y al parecer a Johann Van Den Berg, diciéndoles a que “el Gobierno militar les había dado una tarea”, que consistía en reparar y pintar esos vehículos (entre los cuales él dijo que había dos o tres “Citronetas”), para luego venderlos y, con el producto de ello, obtener dinero para comprar nuevos equipos de filmación.
No obstante, poco después de eso la instrucción cambió, pues Malessa “se acercó a mí y me señaló que Paul Schäfer había ordenado hacer desaparecer los vehículos ya indicados y que yo debía ayudarlo a desarmarlos y enterrarlos bajo tierra”, lo que se cree ocurrió en 1978, cuando los cuerpos inicialmente sepultados en Chenco fueron removidos de allí en el marco de la llamada “Operación Retiro de Televisores”, como se conoció la instrucción que dio Augusto Pinochet ese año, en orden a esconder todas las evidencias de las violaciones de los derechos humanos.
Schmidtke también señaló que “una vez que estos eran desarmados los subíamos a un camión Magirus Deutz (que actualmente se encuentra en los talleres). Estos vehículos fueron enterrados en una parte del valle al interior de la Colonia (donde la policía encontró parte de ellos). Para estos efectos Willi elegía los lugares y procedía a realizar un hoyo con una máquina retroexcavadora marca Caterpillar, con oruga”.
En su testimonio, explicó que un automóvil Austin Mini, que era de fibra de vidrio, fue incendiado y, en el caso de los demás móviles, “Willi procedió a machacar estos autos con la pala de la retro y posteriormente los tapó con tierra. A los días siguientes seguimos desarmando y enterrando vehículos, pero yo no recuerdo los lugares exactos, ya que como señalé anteriormente, Willi siempre elegía los lugares”.
El testigo además dijo que un par de años antes (hacia 2003), otro de los jerarcas de la secta, Hans Jurgen Riesland, se le había acercado diciendo “que él tenía conocimiento de que yo y Willi habíamos hecho desaparecer o, mejor dicho, enterrado vehículos, y que esto era muy peligroso si eran descubiertos o si Willi nos delataba”.
Por cierto, en su declaración, Schmidtke no se guardó nada. También relató, entre otras cosas, que “efectivamente al interior de Colonia Dignidad se construyeron armas de fuego, tales como metralletas, granadas, y parte de estas (fueron) vendidas al Ejército”.
Un largo proceso
Dos de los jerarcas del enclave, Gerhard Mücke y Johann Van Den Berg, terminaron condenados en primera instancia a una pena de 5 años y un día de presidio, como cómplices del secuestro calificado de Juan Maino, Elizabeth Rekas y Antonio Elizondo. Asimismo, fueron condenados el exdirector de la DINA Manuel Contreras, así como el exagente de la DINA Carlos López, a 10 años y un día, como autores de los mismos delitos. Otro agente, el exdetective Eugenio Fieldhouse, fue condenado a 5 años y un día como cómplice. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió posteriormente a Mücke y Van Den Berg, lo que después fue confirmado por la Corte Suprema.
La Justicia italiana, sin embargo, condenó a cadena perpetua a 14 militares chilenos por su participación en la “Operación Cóndor” y por la desaparición de ciudadanos italianos en dicho marco, incluyendo el caso de Juan Maino, que poseía nacionalidad italiana.
Ahora, en un nuevo fallo, la ministra Plaza determinó que Malessa (de 76 años en la actualidad) fuera condenado a seis años como encubridor, lo que le fue notificado en la cárcel de Colina 1, donde el exjerarca se encuentra recluido desde hace dos años ya.
