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Agencia Uno
CDE interpone querella por fraude al Fisco contra diputado Miguel Ángel Calisto (Ind-Dem)
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra el diputado Miguel Ángel Calisto y otros por fraude al fisco, acusando desvío de fondos de asignaciones parlamentarias a fines personales y políticos. Se investigan contratos fraudulentos y transferencias ligadas a campañas electorales.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra el diputado por la Región de Aysén, Miguel Ángel Calisto (Ind.- Partido Demócrata), y contra Carla Graf, Roland Cárcamo, Felipe Klein, además de quienes resulten responsables, por el delito de fraude al fisco.
Según el organismo, la acción no excluye la posibilidad de que se acrediten otros ilícitos durante la investigación en curso por parte del Ministerio Público.
La querella, ingresada al Juzgado de Garantía de Coyhaique, detalla una serie de maniobras dirigidas a desviar recursos provenientes de asignaciones parlamentarias hacia fines no contemplados por la ley de presupuestos. Entre los hechos denunciados, el CDE señala que Carla Graf habría firmado contratos para servicios como asesorías, coordinación y elaboración de estudios, recibiendo a cambio pagos que superaron los 100 millones de pesos. Sin embargo, estos servicios no se habrían prestado, según los antecedentes recabados.
El CDE asegura que los contratos firmados por Graf no contaban con justificación alguna ni respaldo que acreditara su cumplimiento. Además, destaca que personas vinculadas al equipo de trabajo del diputado en la Región de Aysén desconocían a Graf como parte del grupo.
Por su parte, el diputado Calisto habría actuado en conocimiento de estas irregularidades, promoviendo la celebración de contratos fraudulentos, en un incumplimiento de los deberes de su cargo. Según el CDE, los fondos desviados habrían sido utilizados para fines personales y políticos, incluyendo el financiamiento de campañas electorales.
Asimismo, la querella documenta transferencias de dinero entre los imputados, que coinciden con periodos de campañas políticas en la región. Estas transacciones formarían parte de un esquema doloso destinado a desviar recursos públicos mediante actos de administración desleal.
El CDE concluye que las acciones descritas configuran un perjuicio económico significativo para el Fisco, y reafirma su compromiso de avanzar en la investigación para determinar la responsabilidad de los involucrados y asegurar que los recursos públicos sean protegidos.
