PAÍS
Fiscalía solicita desafuero de Gobernador Claudio Orrego por caso ProCultura
El gobernador de la Región Metropolitana podría ser formalizado por cohecho y fraude al fisco. El requerimiento fue ingresado en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y suma presión a su gestión.
La investigación en torno al caso ProCultura sumó un nuevo capítulo con la solicitud de desafuero presentada este jueves por la Fiscalía Regional de Antofagasta en contra del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. La acción, ingresada por el persecutor Juan Castro Bekios ante la Corte de Apelaciones de esa ciudad, busca retirarle la inmunidad al exintendente con el fin de formalizarlo por los delitos de cohecho y fraude al fisco.
El origen de la causa está en el convenio adjudicado a la fundación ProCultura, que recibió más de $1.800 millones para proyectos culturales y sociales, de los cuales al menos $1.000 millones no habrían sido rendidos ni devueltos al Gobierno Regional Metropolitano. Esta situación ha generado un duro flanco político y judicial para Orrego, quien ya enfrentaba críticas de consejeros regionales de oposición que incluso presentaron un requerimiento de destitución ante el Tricel.
A lo anterior se suman los hallazgos de la Contraloría General de la República, que detectó irregularidades en el uso de recursos del Gore RM entre enero y septiembre de 2024. El informe del organismo constató gastos que podrían estar vinculados a actividades políticas y a la campaña de reelección de Orrego, además de contrataciones directas sin respaldo normativo. Entre ellos, un pago por más de $31 millones en asesorías que, según las sesiones revisadas, abordaron principalmente temas de contingencia política; y más de $51 millones en compras por trato directo sin justificación legal. También se advirtieron contratos por $46 y $109 millones sin acreditación de idoneidad del proveedor ni respaldo contractual suficiente.
Con la solicitud de desafuero, el futuro político y judicial de Claudio Orrego entra en una fase crítica. Si la Corte de Apelaciones acoge la petición del Ministerio Público, el gobernador metropolitano quedaría expuesto a una formalización que podría complicar seriamente su continuidad en el cargo y su proyección electoral.
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