Cámara aprueba leyes clave: multa por no votar y mayores requisitos para sufragio de extranjeros

Después de semanas de intensas negociaciones, disensos dentro del oficialismo y múltiples tropiezos en su tramitación, la Cámara de Diputados finalmente despachó a ley dos reformas electorales de alto impacto: la aplicación de multas por no cumplir con el voto obligatorio y la elevación de los requisitos para que ciudadanos extranjeros avecindados puedan votar en Chile.

Esta última comenzará a regir en 2026 y ambas fueron aprobadas en el marco de un acuerdo político alcanzado por el Gobierno en el Senado.

Multa por no votar: sanción de hasta $103 mil

El primer proyecto, centrado en la implementación de sanciones económicas por el incumplimiento del voto obligatorio, fue aprobado con 127 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones en la Cámara Baja. De este modo, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric logró concretar una de sus principales reformas en materia electoral, justo a tiempo para su entrada en vigor en las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre.

La ley establece que quienes no concurran a sufragar se exponen a una multa que va desde 0,5 a 1,5 UTM, es decir, entre $34.632 y $103.897, según el valor de la UTM vigente en septiembre de 2025. Cabe destacar que esta sanción económica originalmente contemplaba una cifra superior —en torno a los $206 mil—, propuesta por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), pero fue rechazada previamente por los partidos oficialistas en la Cámara.

No obstante, el proyecto contempla excepciones. No serán multados quienes acrediten estar enfermos el día de la elección, residir a más de 200 kilómetros del local de votación, encontrarse fuera del país, tener alguna discapacidad, entre otras causales eximentes que deberán ser debidamente justificadas.

Los extranjeros avecindados, aunque mantendrán el derecho a sufragio, no estarán sujetos a sanciones si no acuden a votar.

“Hoy hemos aprendido una lección desde el Congreso, que nunca más podemos estar legislando a última hora, que nunca más un 30% decida por un 70% y no reforcemos la democracia oportunamente. No da lo mismo llegar a último minuto con un proyecto, si bien hubo una amplia mayoría, también hubo una imposición por parte del Gobierno y lo aceptamos porque creemos en los acuerdos, creemos en las mayorías y hoy día se reflejaron. Lo valoramos, pero creo que en futuros gobiernos debe aprenderse esta lección. Hoy día tenemos que abocarnos a la ley de presupuesto, a los problemas que tiene nuestro país, a la seguridad, a la reactivación y sin duda que esto ha sido bochornoso y creo que el Gobierno tiene que tener una autocrítica. Nosotros como oposiciones distintas hemos estado de acuerdo y sin duda que hay que mejorar nuestra migración, pero no solamente en lo que respecta a la ciudadanía. Una migración ordenada, regular y segura es mucho más integral que si tienen o no tienen derecho a un voto. Así que valoramos esto, valoramos el liderazgo que tuvo la ministra de Segpres, Macarena Lobos, porque sí, con ella pudimos dialogar, porque sí pudimos llegar a acuerdos, a un entendimiento, quizás tardío, pero valioso finalmente”, comentó la diputada Pérez, autora del proyecto.

División en las bancadas oficialistas

Pese al respaldo mayoritario, la aprobación no estuvo exenta de polémicas internas. Algunos diputados del oficialismo y sectores independientes expresaron su rechazo o se abstuvieron. Entre los votos en contra estuvieron Sebastián Videla (PL), Consuelo Veloso (FA), Matías Ramírez (PC) y Félix González (Partido Ecologista Verde). Desde la bancada Independientes-PPD, Jaime Araya, Carlos Bianchi y Camila Musante también se descolgaron del apoyo al proyecto.

Uno de los discursos más críticos provino del jefe de la bancada Ind.-PPD, Héctor Ulloa, quien cuestionó la rapidez con la que se tramitó la iniciativa en medio de un proceso electoral ya en marcha.

En contraste, el diputado Raúl Leiva (PS) defendió la medida argumentando que responde a un compromiso político asumido por el Gobierno.

Desde la oposición, Henry Leal (UDI) también respaldó la norma, enfatizando que la obligatoriedad del sufragio sólo se concreta si existe una sanción efectiva.

Restricción al voto de extranjeros: de 5 a 10 años de residencia

El segundo proyecto aprobado —con 142 votos a favor y solo 4 abstenciones— modifica la Constitución para endurecer los requisitos que permiten a extranjeros votar en elecciones chilenas. A partir de 2026, los ciudadanos extranjeros sólo podrán sufragar si cumplen con al menos 10 años de residencia ininterrumpida en el país, duplicando el requisito actual de 5 años.

Además, el proyecto establece una estricta regulación respecto a las salidas del país: durante esos 10 años, el extranjero no podrá haber salido del país por más de 90 días en cualquier período de 12 meses, o perderá su condición de avecindado.

La normativa también aclara que el período de residencia comenzará a contar una vez que se obtenga la residencia definitiva, limitando así el acceso al sufragio de quienes aún se encuentren en trámites migratorios o con visas temporales.

Aprobación tras semanas de tensiones políticas

La jornada legislativa de este lunes marca el cierre de un ciclo de alta tensión entre el Ejecutivo y sus propias filas. La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, logró finalmente alinear a la mayoría del oficialismo tras varias semanas de descoordinaciones, votos divididos e incluso el rechazo inicial de las propias bancadas gubernamentales.

Ambas reformas fueron tramitadas como parte de un acuerdo político alcanzado en el Senado, lo que obligaba a aprobarlas en conjunto para asegurar el respaldo del bloque oficialista. La estrategia, aunque efectiva, generó resistencia en sectores que consideraron que se estaban “legislando a última hora”.