Couso y credibilidad del Poder Judicial: “Me temo que va a seguir decayendo de manera gradual”

La decisión del Pleno de la Corte Suprema de no remover al juez Antonio Ulloa ha abierto un nuevo capítulo en la crisis institucional que atraviesa el Poder Judicial chileno. La controversia se suma a una serie de episodios recientes que han puesto en entredicho la credibilidad del máximo tribunal, en un contexto donde su rol como árbitro de los grandes conflictos políticos, sociales y económicos del país adquiere cada vez mayor relevancia.

Así lo describe el abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, quien en conversación con El Mostrador, advirtió que la determinación de la Corte proyecta un mensaje preocupante en torno a la probidad judicial. Según el experto, el caso de Ulloa no solo compromete la imagen de imparcialidad del Poder Judicial, sino que además profundiza la desconfianza ciudadana hacia una institución cuyo capital más importante es precisamente la percepción de neutralidad.

Couso, quien ha seguido de cerca las tensiones que afectan a la judicatura desde la crisis de 2024, subraya la urgencia de reformas  que permitan separar a la Corte Suprema de sus atribuciones disciplinarias. A su juicio, la falta de transparencia y la respuesta ambigua ante acusaciones graves de lobby y faltas a la probidad auguran un deterioro gradual del prestigio de la judicatura, con riesgos políticos similares a los que ya se han observado en otros países de la región.

-¿Cuáles son tus impresiones luego de que el Pleno de la Corte Suprema haya decidido no remover al juez Antonio Ulloa?

-A mí me parece que es muy grave para la Corte Suprema y en general para la judicatura chilena, especialmente atendido a lo que viene ocurriendo desde hace aproximadamente un año. Hay que recordar que en septiembre del año pasado la Corte Suprema vivió una crisis que fue caracterizada por el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, como la más grave crisis desde el retorno a la democracia.  Recordemos que fue removida por la propia Corte la ministra Vivanco y luego acusada constitucionalmente y removida también por el Congreso Nacional, junto con el juez Muñoz, aunque era una situación diferente.

Pensamos que esto iba a ser un llamado de atención para la Corte, para tener la disposición máxima a dar, no solo la imagen, sino la realidad de una preocupación por terminar con toda duda de corrupción al interior del máximo tribunal. 

Esto es particularmente importante cuando uno aquilata que en las últimas décadas el Poder Judicial es más incidente en políticas públicas de toda índole que lo que era hasta hace unos 30 o 40 años atrás. Por un proceso que se ha dado a llamar la judicialización de la política, los tribunales de Justicia y la Corte Suprema en particular, pasan a ser algo así como el árbitro de la política, de los grandes conflictos económicos, ambientales, todo tipo de cuestiones.

Este fenómeno que es global tiene como contrapartida que se requiere aún más certeza y tranquilidad de que ese árbitro de todos estos conflictos es neutro, es imparcial, no tiene sesgos. Porque cuando se pierde esa confianza, surgen personas que acusan la movilización política de los tribunales. 

Yo diría que el reconocimiento -porque el juez Ulloa no ha desmentido los audios- de que se coordinó con un asesor directo de la Presidencia de la República en el gobierno anterior, el abogado Hermosilla, para hacer lobby, es algo que incumple con el principio de probidad que la Constitución, en su artículo 8º, reclama de toda persona que ejerce una función pública. No sé si hoy se logra aquilatar la gravedad de la situación que estamos enfrentando. 

-Parlamentarios ya anunciaron una acusación constitucional contra Antonio Ulloa, ¿qué te parece esta acción como contrapeso a la decisión de la Suprema?

-A mí me da la impresión de que es prematuro. Yo hace muchos años que vengo abogando porque la Cámara de Diputados primero levante una comisión investigadora y luego acuse o no, dependiendo de los resultados de esa comisión. Me parece a mí que la idea de que, por mucha presunción que tengamos de que aquí hubo una falta a la probidad, hay demasiada confusión. 

La Corte fue demasiado críptica para informar que en el caso de la jueza Sabaj procedía a remover y en este caso no. Y como todavía no tenemos el fallo, sería muy útil que esa comisión investigadora eventual de la Cámara de Diputados tuviera a la vista la sentencia, más los antecedentes. Eventualmente invitara tanto a las personas que sostienen que aquí han habido irregularidades graves que implican una falta de probidad, dar la posibilidad de que el abogado de Ulloa presente los descargos del caso y se haga un informe. Lo otro es como disparar primero y preguntar después. 

-Independiente de si la acusación prospera o no, ¿cómo se procede en términos de subsanar la confianza pública en medio de esta crisis del Poder Judicial? Sabemos que hay una reforma que hoy día está alojada en el Congreso, pero ya llevamos un año con este problema en la agenda pública. 

-Ciertamente lo que ha ocurrido ahora, en que la Corte aparece como muy poco severa frente a una acusación muy grave, contrasta con la severidad que se le pide en el tratamiento de todo tipo de delitos. La sensación de que hay un trato complaciente, con faltas graves a la probidad de un poder de Estado, cuyo capital más importante es la percepción de imparcialidad, es gravísimo. 

Y la pregunta a cuál es la salida de esto, claramente ya la propia Corte ha señalado que está disponible para que haya un mecanismo diferente. Me parece que es urgente, y yo creo que va a ser clave una reforma constitucional, un sistema donde la Corte Suprema deja de tener las facultades disciplinarias. 

Pero eso es un diseño complicado que requeriría que la nueva administración que asumirá el 11 de marzo de 2026 tenga esto como prioridad, y lamentable e históricamente no ha sido el caso, que preocuparse de que el gran árbitro de los grandes problemas políticos, sociales y económicos chilenos sea transparente e imparcial, no ha sido una prioridad.

Entonces tengo la impresión de que estamos en una circunstancia que me temo que va a seguir decayendo de manera gradual, no dramática, el prestigio del gran árbitro de los problemas del país, que es la judicatura. Y eso en otros países ha llevado a que explote esta situación. En México explotó y fue movilizado para destruir la judicatura por la vía de la elección de otras fuerzas, que por motivos que nos daría para otro programa,  y llevó a que en México hoy la Corte Suprema es casi exactamente lo que quería el Ejecutivo. 

Este es el típico problema que en lo inmediato no aparece como gravísimo, porque el Poder Judicial aparece como lejano, la estructura del mismo parece como arcana, como algo que la ciudadanía no puede entender bien cómo es posible que pueda arreglarse.

Estamos en una situación en que gradualmente, sin gran dramatismo pero de manera inexorable, este año estamos peor que el año pasado en términos de que por lo menos se reaccionó con firmeza ante la crisis del año 24. Ahora tuvimos siete jueces de la Corte Suprema contra siete jueces, que una mitad estaba por remover a Ulloa, la otra mitad por no removerlo, y la ciudadanía queda en una situación de cierta perplejidad. 

-Pasando al tema presidencial, ¿cómo analizas el debate en torno a la relevancia de los programas en las campañas y qué tanto podrían incidir en la adhesión de las candidaturas? 

-Yo creo que es importante cuando uno entra en una elección, en una época polarizada como la que tenemos, recordar que la Presidencia de la República está a cargo de lo que se denomina el gobierno y la administración del Estado. A diferencia de muchos países de América Latina, en Chile se respetan relativamente más las normas legales y constitucionales. Entonces en otros países cuando un programa de un candidato no se puede realizar porque no hay mayoría en el Congreso, a veces se salta la Constitución de esos presidentes y gobiernan por decreto. Esto pasó con Menem en Argentina, que logró implementar un programa para el cual no tenía mayoría por la vía de decretos de necesidad de urgencia, ha ocurrido también con Milei. 

Ahora, la parte negativa de eso es que muy probablemente va a haber un Congreso fragmentado, gane quien gane la elección presidencial. Entonces una tarea que yo creo que sería importante es que el periodismo y los debates que van a ser mediados por periodistas, logren distinguir muy nítidamente aquellas propuestas programáticas que requieren ley de aquellas que no requieren ley.

Hay propuestas que en nuestro sistema constitucional actual sí o sí demandan la aprobación de una ley. Entonces una promesa programática para la cual se requiere ley, ante la posibilidad bastante probable de que no haya mayoría afín al presidente o presidenta electa en esta elección, nos llevaría a tomar con cautela lo que digan los programas. 

-La necesidad de una mayoría parlamentaria para cumplir con un programa presidencial es invisible en términos de la narrativa electoral…

-Estoy completamente de acuerdo contigo, es algo esquizofrénico, porque en el fondo las campañas se hacen como si fuera obvio que el gobierno que sea electo contará con mayoría parlamentaria, y se omite que buena parte de esas medidas no van a poder ser aprobadas. Recordemos el programa del gobierno actual, que incluyó muchísimas cosas que ni siquiera se presentaron al Congreso porque no había suficiente ambiente para que se aprobaran, y hay algunas que se presentaron como saludo a la bandera.

Entonces yo creo que hay un trabajo de mediación de distinguir muy nítidamente qué requiere ley y qué no requiere ley para el efecto de saber, en otras palabras, los primeros 100 días de un gobierno que son cruciales.

En esa línea pasa a ser fundamental más bien atenderla trayectoria de las y los candidatos para, por lo menos, tener alguna idea de cómo reaccionarían ante crisis que son difíciles de prever.

Mi impresión es que es mucho más importante hacer un análisis hoy día de la trayectoria de las y los candidatos para ver cuál es el grado de acción que su pasado sugiere respecto de respetar la Constitución y las leyes. Y focalizarse sobre todo en aquellas cosas para las cuales no se necesitan leyes. Para saber exactamente qué plantean hacer.

Por ejemplo, las relaciones internacionales no son algo para lo cual se requiere una ley. Para ratificar un tratado sí, pero no para negociar relaciones internacionales. Y hay materias de seguridad y de manejo del Estado, de administración del Estado, que no demandan ley. En ese sentido, es harto el espacio. 

Particularmente en Chile, esta es la primera elección presidencial, con votantes obligados, no se han reparado suficientemente en eso. Entonces, me parece que es importante profundizar en las trayectorias y contrapreguntar, recordar cuestiones que plantearon, repreguntar si siguen pensando eso.

Por ejemplo, el candidato Kast planteó gran admiración por Orbán, que es hoy día un líder autoritario. O Bukele, que es una persona de las mismas características. Se requieren definiciones que nos den alguna idea de cuál es el carácter de un candidato.

La candidata Jara fue indagada de una manera que me parece correcta respecto a su posición sobre Cuba y Venezuela. No porque sea especialmente relevante para Chile, más bien porque el posicionamiento de alguien nos dice algo acerca de cuáles son sus formas de reaccionar ante cosas que no podemos saber hoy día que van a ocurrir. 

-¿Qué otros temas, a tu juicio, habría que visualizar como relevantes en el sentido de que es necesario que los candidatos expliquen? 

-Nosotros, al elegir a quien tenga a su cargo el gobierno y la administración del Estado, no estamos eligiendo un autómata. Hay temas que requieren prudencia. 

Por ejemplo, la Corte Suprema ha decidido el desalojo de una toma ilegal en San Antonio. Hay cerca de 3.000 familias. ¿Cómo se aproximaría la o el candidato si se ratifica por parte de la Corte Suprema tal desalojo? ¿Cómo exactamente se hace? Decir que voy a enviar a carabineros y al ejército, si es necesario, es una manera de abordar un tema que no tiene que ver con leyes, pero tiene que ver con la prudencia.

Entonces, pongo solo ese ejemplo porque creo que este es un buen caso en donde no tiene que ver si existen o no mayorías parlamentarias, tiene que ver con qué tipo de carácter va a gobernar quien tiene a su cargo la administración del Estado de Chile, en un país altamente presidencial. Es el tipo de cuestiones que nos deberían importar a la hora de elegir, porque recordemos, el presidente en Chile no solo está a cargo del gobierno de la administración, sino que es el gran colegislador. Tiene más poderes legislativos que el propio Poder Legislativo.