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Formalizan a suspendido fiscal de Aysén Carlos Palma por filtrar información a Luis Hermosilla
Carlos Palma fue imputado por revelación de secreto en una causa por tráfico de drogas. La Fiscalía de Los Lagos lo acusa de entregar datos confidenciales al abogado Luis Hermosilla. El tribunal decretó arraigo nacional y fijó 120 días de investigación.
El suspendido fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, fue formalizado este viernes por el delito de revelación de secreto en el marco de una investigación por tráfico de drogas. La Fiscalía Regional de Los Lagos, encabezada por Carmen Gloria Wittwer, lo acusa de haber difundido información reservada de un procedimiento penal a terceros ajenos a la causa.
Según la imputación, el 20 de octubre de 2022 Palma habría entregado vía WhatsApp información confidencial sobre los intervinientes y antecedentes del caso al abogado Luis Hermosilla, involucrado en el denominado caso Audio, donde se indagan presuntas gestiones irregulares con fiscales y empresarios.
“En el Tribunal de Garantía de Coyhaique hemos procedido a formalizar al imputado Carlos Palma Guerra por la filtración de información reservada en el marco de una causa por tráfico de drogas que se estaba investigando en la Región de Aysén”, explicó la fiscal Wittwer.
El proceso judicial se inició luego de que la Corte Suprema confirmara la querella por capítulos presentada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, que había sido acogida previamente por la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
Durante la audiencia, la defensa del suspendido fiscal —a cargo del defensor público Cristian Cajas— rechazó los cargos, asegurando que “no existe delito”. Argumentó que la causa por la Ley 20.000 “no era reservada”, según lo declarado por la fiscal titular y el tribunal antes de la formalización. Además, sostuvo que “no hubo perjuicio para la investigación, ya que los nueve imputados fueron formalizados, quedaron en prisión preventiva y posteriormente condenados”.
Tras escuchar los alegatos, el Tribunal de Garantía de Coyhaique decretó la medida cautelar de arraigo nacional y fijó un plazo de investigación de 120 días.
La causa contra Palma se suma a una serie de procedimientos disciplinarios y judiciales que han afectado al Ministerio Público en los últimos meses, y que han vuelto a poner bajo escrutinio la relación entre fiscales y abogados involucrados en causas de alto perfil.
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