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Contraloría da 10 días al gobierno para justificar defensa del exministro Pardow con fondos públicos
El órgano fiscalizador pidió a Interior, Segpres, Hacienda y Energía explicar la legalidad del uso de recursos públicos para financiar la defensa del exministro Diego Pardow en la acusación constitucional que enfrenta. La solicitud fue presentada por diputados UDI, que acusan un “gasto indebido”.
La Contraloría General de la República otorgó un plazo de 10 días hábiles a los ministerios de Interior, Segpres, Hacienda y Energía para justificar el uso de recursos públicos en la defensa jurídica del exministro de Energía, Diego Pardow, quien enfrenta una acusación constitucional por los errores en el cálculo de las cuentas de la luz.
El requerimiento fue formulado tras la presentación de un grupo de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), que solicitó al ente fiscalizador pronunciarse sobre la legalidad de financiar con fondos fiscales la representación judicial de una persona que ya no ejerce funciones públicas.
En el documento fechado el 30 de octubre, la Contraloría instruyó que los ministerios deberán remitir “todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación” y precisó que el informe debe elaborarse con la intervención de las respectivas asesorías jurídicas.
La controversia se desató luego de que el Ejecutivo anunciara su respaldo institucional a Pardow. Sin embargo, la oposición calificó el gesto como improcedente. El diputado y jefe de bancada Henry Leal (UDI) valoró la rapidez de la Contraloría y emplazó al Gobierno a retroceder.
“La contralora diligentemente, una vez más, en menos de una semana, le ha pedido vía oficio, al Ministerio del Interior, a Segpres, a Hacienda y Energía que se pronuncien y justifiquen el pago de esos recursos con fondos públicos, y le he dado 10 días para que respondan. Entonces la pregunta es: ¿el gobierno va a insistir en pagar los abogados con recursos públicos o luego de este informe va a esperar que se pronuncie a Contraloría? ”, cuestionó el diputado.
El caso se produce a pocos días de que la acusación constitucional comience su trámite en el Congreso, mientras el oficialismo refuerza su estrategia jurídica y política para blindar a Pardow, cuya salida del gabinete fue interpretada como una señal de responsabilidad política frente al “error tarifario” que aún remueve las aguas en La Moneda.
