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Pardow bajo cortocircuito: PC abre la puerta a apoyar acusación constitucional
La bancada espera el informe de la comisión revisora, pero “no descartamos ejercer facultades fiscalizadoras si se comprueba una negligencia grave”, dijo Cariola. El exministro quedaría sin piso político. En paralelo, Contraloría dio al Gobierno diez días para justificar un eventual apoyo jurídico.
La tormenta política —y eléctrica— en torno al exministro de Energía, Diego Pardow, no deja de crecer. Lo que comenzó como un libelo impulsado por la oposición hoy suma nuevas dudas dentro del propio oficialismo: el Partido Comunista (PC), que hace solo dos semanas calificaba la acusación constitucional de “improcedente e innecesaria”, ya no descarta respaldarla.
La bancada comunista mantiene en suspenso su postura hasta conocer el informe final de la comisión revisora, aunque su tono cambió de manera notable tras revelarse nuevos antecedentes sobre Transelec. Este martes se dio a conocer que la principal empresa transmisora del país habría ofrecido, hace casi un año, al entonces ministro Pardow devolver anticipadamente los cobros excesivos aplicados a los clientes.
El hecho quedó documentado en una carta enviada el 19 de diciembre de 2024 por el gerente general de Transelec, Arturo Le Blanc, al Ministerio de Energía, y publicada por el Diario Financiero.
La diputada comunista y candidata al Senado por la región de Valparaíso, Karol Cariola, señaló que “este es un antecedente más que, a mi juicio, deja en evidencia la indolencia que tuvo el ministro respecto a una situación gravísima. Nosotros creemos que el exministro ya pagó una parte de su responsabilidad política al dejar el cargo, pero no descartamos ejercer nuestras facultades fiscalizadoras si se comprueba una negligencia grave”.
La parlamentaria insistió en que el Ejecutivo debe dar una señal clara de compromiso con la ciudadanía. Cariola llamó al Gobierno a patrocinar con urgencia el proyecto de ley “Cuentas Claras”, impulsado por la bancada eléctrica, que busca asegurar la devolución inmediata de los montos cobrados de más y fortalecer la transparencia en el sistema tarifario.
“Hoy día lo que queda es que el Gobierno tome la iniciativa. No podemos seguir solo en justificaciones, buscando caminos. Los caminos están puestos sobre la mesa. Hay tres proyectos de ley que se presentaron y se declararon admisibles por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, lo que demuestra la voluntad política de avanzar hacia la devolución inmediata de los cobros abusivos”, sentenció la diputada.
Eso sí, “mientras la comisión revisora de la acusación no evacúe su informe, yo no creo que sea correcto que alguna bancada tenga tomada la decisión”, comentó la diputada y jefa de bancada del PC, Lorena Pizarro, según consigna La Tercera.
El posible giro del PC complica aún más el escenario para el exministro, quien enfrenta una votación que el Gobierno ya da por cuesta arriba. A eso se suma que la Contraloría pidió explicaciones sobre si corresponde que el Estado financie su defensa, luego de que la Segpres anunciara apoyo jurídico. Tras la arremetida de la UDI, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó al citado medio que “no se va a irrogar ningún gasto mientras la Contraloría no dictamine”.
Mientras tanto, la comisión revisora que analiza la admisibilidad de la acusación avanzó esta semana en sus audiencias. La instancia —presidida por el diputado Jaime Mulet— escuchó al biministro de Economía y Energía, Álvaro García; al doctor en derecho Domingo Lovera; y al abogado especialista en energía Rodrigo Castillo.
García explicó que el error de cálculo que generó cobros indebidos se originó en 2017, tras un cambio metodológico en el precio de nudo y una equivocación de Transelec en la estimación de sus bienes. Aclaró además que el sobrecargo representa solo un 2% del alza de las cuentas eléctricas, muy por debajo del impacto del congelamiento tarifario heredado del estallido social y la pandemia.
Castillo coincidió en que los cobros aún no se han aplicado a los usuarios —pues las empresas recibieron los montos del sistema financiero— y descartó responsabilidad directa de Pardow. “El ministro firma el decreto, pero deposita su confianza en el trabajo técnico de la Comisión Nacional de Energía (CNE)”, explicó.
En la misma línea, Lovera advirtió que culpar al ministro por no revisar un documento técnico “pone en riesgo la eficiencia del Estado”, ya que implicaría duplicar funciones y desconocer el rol independiente de la CNE. A su juicio, “parte de las acusaciones se basan en conjeturas y no en normas constitucionales”.
El exministro tiene plazo hasta el 12 de noviembre para responder formalmente la acusación. Pero el debate político ya está encendido: si el PC termina inclinándose por aprobar el libelo, a Diego Pardow le quedará poco margen para sortear una ofensiva que, cada día más, amenaza con dejarlo sin apoyo en su propio sector.
