Muñeca bielorrusa en recta final: postergan para este sábado decisión sobre medidas cautelares

En la recta final de la formalización del caso “Muñeca Bielorrusa”, la jueza Michelle Ibacache informó que la resolución sobre las medidas cautelares de Gonzalo Migueles —pareja de la exministra Ángela Vivanco— y de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos se conocerá este sábado.

El Ministerio Público solicita prisión preventiva para los tres imputados, a quienes atribuye pagos cercanos a los $70 millones destinados a favorecer fallos judiciales en beneficio del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en su disputa con Codelco.

De acuerdo a la indagatoria, existieron tres pagos: US$14.000, US$15.600 y $45 millones entregados a Migueles tras resoluciones dictadas por la Corte Suprema. La formalización comenzó el 7 de noviembre y se ha extendido durante toda la semana en el Centro de Justicia, marcada por tensiones entre Fiscalía y defensas.

El origen de esta arista se remonta al caso Audio, que expuso el vínculo entre Vivanco y Luis Hermosilla y derivó en la salida de la exministra del máximo tribunal. Hoy, Vivanco enfrenta una querella de capítulos como antesala a su eventual formalización.

Durante la audiencia, las defensas cuestionaron la prueba de georreferenciación que ubica a Vivanco cerca de la oficina de los abogados imputados. Sergio Contreras, representante de Mario Vargas, afirmó que la coincidencia se explicaría porque la exministra acudía a un salón de belleza en las cercanías. La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, puso en duda esa versión y señaló que Vivanco pidió a la peluquera firmar un documento que la acreditara como clienta habitual.

Los abogados de los imputados insistieron en que no existen antecedentes suficientes para justificar la prisión preventiva. Patricio Vergara, defensor de Migueles, sostuvo que “acá se hace una atribución de entrega de varios millones (…) que requiere mucha dedicación” y que la investigación aún necesita claridad. Contreras afirmó confiar en que la resolución “acoja nuestros argumentos”, mientras José Luis Andrés Alarcón, abogado de Lagos, acusó al Ministerio Público de haber llegado con “una historia que fue modificando en una semana de audiencia”.

La jueza Ibacache cerró la jornada advirtiendo que “estamos en una situación bastante grave”, y este sábado deberá decidir si acoge o no la solicitud de cautela más gravosa presentada por la Fiscalía.

El proceso cuya formalización comenzó el pasado viernes —es el primero por tráfico de influencias judiciales que llega a esta etapa en Chile y revelado por El Mostrador— entra en su fase más intensa, marcada por la respuesta de las defensas de los imputados Gonzalo Migueles (pareja de Ángela Vivanco), Mario Vargas y Eduardo Lagos a los descargos del Ministerio Público.

En jornadas previas, los fiscales Carmen Gloria Wittwer y Marco Muñoz detallaron una red de pagos y transferencias por más de $69 millones, presuntamente entregados a Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, tras fallos que ordenaron a Codelco pagar más de $17.500 millones al consorcio chileno-bielorruso. Según Wittwer, el 4 de julio de 2023 —día en que la Tercera Sala resolvió a favor de Belaz Movitec— Vivanco habría recibido US$15.600 en la oficina de los abogados Vargas y Lagos, mientras que Migueles obtuvo posteriormente US$14.000 y $45 millones. Muñoz reforzó que “tanto él como ella no refieren recursos económicos que justifiquen la adquisición de ese dinero”, argumento clave para solicitar la prisión preventiva, petición respaldada por Codelco como querellante.

Lo que dejó la sexta jornada

La jornada anterior estuvo dominada por una extensa réplica de Codelco, encabezada por los abogados Julián López y Carolina Sepúlveda. López afirmó que los relatos de las defensas “se habían desmoronado”, destacando que testigos del edificio desmintieron que Vivanco asistiera a reuniones de administración o que no visitara el estudio jurídico, y que su propio chofer declaró que la dejaba en la esquina del edificio para recogerla horas más tarde. También refutó la explicación sobre los US$15.600 hallados en posesión de Migueles, señalando que el Ministerio Público acreditó que el dinero que dijo haber comprado meses antes ya se encontraba gastado.

Los representantes de Codelco defendieron el trabajo de la Fiscalía frente a las críticas de la jueza Michelle Ibacache, subrayando que la investigación permitió trazar completamente el flujo del dinero desde Movitec al estudio jurídico y, desde ahí, a Migueles y Vivanco. López advirtió que existen “al menos 68 hechos no controvertidos” que permiten concluir cohecho, soborno y lavado de activos, agregando que si esa evidencia no fuese considerada suficiente, “la persecución del cohecho en nuestro país se haría imposible”.

La abogada Carolina Sepúlveda profundizó en la acusación, vinculando tres intervenciones de Vivanco en favor del consorcio con tres pagos recibidos por ella y Migueles. Afirmó que la exministra incumplió deberes esenciales al no transparentar intereses personales, omitir inhabilitación y alterar trámites judiciales, configurando cohecho agravado. Según la estatal, los imputados actuaron como “una agrupación destinada a cometer ilícitos”.

La quinta jornada había estado marcada por tensiones entre Fiscalía y defensas, luego de que estas solicitaran una cautela de garantía por diligencias recientes que dijeron desconocer. La jueza Ibacache cuestionó la incorporación de nuevos antecedentes en plena audiencia, afirmando que “se ha vulnerado el principio de objetividad”. Mientras las defensas acusaron que el Ministerio Público “mejoraba su caso sobre la marcha”, la Fiscalía sostuvo que las diligencias no afectaban garantías y, en algunos casos, habían sido solicitadas por las propias defensas.