Muñeca Bielorrusa: con críticas a rol de jueza sigue la formalización de Migueles, Vargas y Lagos

Una serie de críticas ha generado la actuación de la Jueza Patricia Ibacache, a cargo de la formalización por el caso de la Muñeca Bielorrusa. La audiencia de este viernes reanuda, desde las 09:00 horas, la séptima jornada de formalización del caso “Muñeca Bielorrusa”, investigación por cohecho, soborno y lavado de activos vinculados a fallos de la Corte Suprema favorables al consorcio Belaz Movitec.

El proceso cuya formalización comenzó el pasado viernes —es el primero por tráfico de influencias judiciales que llega a esta etapa en Chile y revelado por El Mostrador— entra en su fase más intensa, marcada por la respuesta de las defensas de los imputados Gonzalo Migueles (pareja de Ángela Vivanco), Mario Vargas y Eduardo Lagos a los descargos del Ministerio Público.

En jornadas previas, los fiscales Carmen Gloria Wittwer y Marco Muñoz detallaron una red de pagos y transferencias por más de $69 millones, presuntamente entregados a Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, tras fallos que ordenaron a Codelco pagar más de $17.500 millones al consorcio chileno-bielorruso. Según Wittwer, el 4 de julio de 2023 —día en que la Tercera Sala resolvió a favor de Belaz Movitec— Vivanco habría recibido US$15.600 en la oficina de los abogados Vargas y Lagos, mientras que Migueles obtuvo posteriormente US$14.000 y $45 millones. Muñoz reforzó que “tanto él como ella no refieren recursos económicos que justifiquen la adquisición de ese dinero”, argumento clave para solicitar la prisión preventiva, petición respaldada por Codelco como querellante.

Lo que dejó la sexta jornada

La jornada anterior estuvo dominada por una extensa réplica de Codelco, encabezada por los abogados Julián López y Carolina Sepúlveda. López afirmó que los relatos de las defensas “se habían desmoronado”, destacando que testigos del edificio desmintieron que Vivanco asistiera a reuniones de administración o que no visitara el estudio jurídico, y que su propio chofer declaró que la dejaba en la esquina del edificio para recogerla horas más tarde. También refutó la explicación sobre los US$15.600 hallados en posesión de Migueles, señalando que el Ministerio Público acreditó que el dinero que dijo haber comprado meses antes ya se encontraba gastado.

Los representantes de Codelco defendieron el trabajo de la Fiscalía frente a las críticas de la jueza Michelle Ibacache, subrayando que la investigación permitió trazar completamente el flujo del dinero desde Movitec al estudio jurídico y, desde ahí, a Migueles y Vivanco. López advirtió que existen “al menos 68 hechos no controvertidos” que permiten concluir cohecho, soborno y lavado de activos, agregando que si esa evidencia no fuese considerada suficiente, “la persecución del cohecho en nuestro país se haría imposible”.

La abogada Carolina Sepúlveda profundizó en la acusación, vinculando tres intervenciones de Vivanco en favor del consorcio con tres pagos recibidos por ella y Migueles. Afirmó que la exministra incumplió deberes esenciales al no transparentar intereses personales, omitir inhabilitación y alterar trámites judiciales, configurando cohecho agravado. Según la estatal, los imputados actuaron como “una agrupación destinada a cometer ilícitos”.

La quinta jornada había estado marcada por tensiones entre Fiscalía y defensas, luego de que estas solicitaran una cautela de garantía por diligencias recientes que dijeron desconocer. La jueza Ibacache cuestionó la incorporación de nuevos antecedentes en plena audiencia, afirmando que “se ha vulnerado el principio de objetividad”. Mientras las defensas acusaron que el Ministerio Público “mejoraba su caso sobre la marcha”, la Fiscalía sostuvo que las diligencias no afectaban garantías y, en algunos casos, habían sido solicitadas por las propias defensas.