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Cámara “desenchufa” a Pardow: acusación constitucional por tarifas eléctricas pasa al Senado
La oposición logró los votos para activar el juicio político contra el exministro de Energía, en un caso marcado por el doble cobro inflacionario y cuestionamientos sobre su manejo frente al error tarifario. El Senado definirá si queda inhabilitado para ejercer cargos públicos.
En una sesión que comenzó a las 10 de la mañana y con un ambiente marcado por gestiones del Gobierno en los pasillos, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow (FA), por su responsabilidad política en los cobros excesivos en las cuentas de luz.
El libelo obtuvo 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones, convirtiendo al exsecretario de Estado en la primera autoridad del gobierno de Gabriel Boric acusada formalmente por la Cámara.
Pardow decidió no deducir la cuestión previa y enfrentar de lleno el contenido de la acusación. Su defensa quedó en manos de su abogado, Francisco Cox, quien cuestionó que el proceso involucrara antecedentes personales, como el vínculo de la pareja del exministro con el estudio que ha asesorado a Transelec. “Estamos metiendo a las familias en las acusaciones constitucionales”, reclamó, afirmando que el libelo está construido sobre “premisas falsas” y una lectura errada del rol del Ministerio frente a los cálculos tarifarios realizados por la Comisión Nacional de Energía.
Los parlamentarios opositores, en cambio, apuntaron a una falta de transparencia y responsabilidad política. El diputado Sergio Bobadilla (UDI) acusó al Frente Amplio de “proteger a su exministro en vez de defender a millones de consumidores”, mientras Mauro González (RN), integrante de la comisión revisora, aseguró que “el exministro transgredió la Constitución y las leyes”. Desde sectores oficialistas críticos, la diputada Camila Musante (PPD) planteó que el conflicto no existiría si “el exministro hubiese sido transparente”.
La acusación fue respaldada por todas las bancadas opositoras —UDI, RN, republicanos, Evópoli, libertarios, socialcristianos, demócratas, amarillos y PDG— y por parte del oficialismo, donde varios parlamentarios ya habían adelantado su voto favorable incluso antes de las elecciones. A la oposición solo le bastaba asegurar la asistencia completa y al menos dos votos de sectores del Gobierno para aprobar el escrito, escenario que finalmente ocurrió pese a la intensa operación política del comité político de La Moneda.
Los ministros Álvaro Elizalde, Macarena Lobos, Nicolás Grau, Adriana Delpiano y Camila Vallejo estuvieron presentes en la Sala para acompañar a Pardow y tratar de contener apoyos a la acusación. Aunque el despliegue permitió bajar una mayoría que días antes superaba los 90 votos, no fue suficiente. Entre los casos decisivos estuvieron votos favorables de independientes como Jaime Mulet —quien presidió la comisión revisora—, René Alinco, Jaime Araya, Carlos Bianchi, Karen Medina, Mónica Arce y Gaspar Rivas. En el PC, pese a dudas y críticas internas, la mayoría se inclinó por el rechazo; Karol Cariola quedó pareada y no votó.
Tras la aprobación, la Cámara constituyó la comisión de tres diputados encargada de llevar el libelo al Senado: Jaime Mulet (FRVS), Sergio Bobadilla (UDI) y Carla Morales (RN), designación aprobada por 89 votos a favor, 49 en contra y 3 abstenciones.
Ahora será el Senado el que actuará como jurado la próxima semana y decidirá si Pardow queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años, pese a que el Presidente Boric ya había solicitado su renuncia por responsabilidad política en el caso.
A la salida del Congreso, el exministro defendió nuevamente su actuar: insistió en que no tiene atribuciones para modificar cálculos tarifarios, que optó por una auditoría para esclarecer el impacto del error, y negó tajantemente un conflicto de interés con Transelec. También reconoció que, si queda inhabilitado, perderá su puesto académico en la Universidad de Chile: “Mi vocación es académica… quedar fuera sería doloroso”.
