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CDE se querella contra Alberto Larraín por caso ProCultura
El CDE acusa que ProCultura “distrajo una parte importante” de los $1.683 millones asignados al proyecto “Quédate”, generando un perjuicio fiscal de más de $1.015 millones. Larraín también habría transferido recursos a Sebastián Balbontín y Elizabeth Aguilera.
El Consejo de Defensa del Estado ingresó una querella en contra del psiquiatra Alberto Larraín, fundador de la fundación ProCultura, en el marco de las investigaciones por el desvío de recursos públicos.
La acción judicial se dirige además contra todos quienes resulten responsables del delito de distracción indebida de fondos, luego de que se detectaran irregularidades en la ejecución del proyecto “Quédate”, destinado a la prevención del suicidio.
La causa se relaciona con una indagatoria del Ministerio Público sobre el financiamiento de campañas políticas con recursos provenientes de ProCultura. Según antecedentes recopilados, Larraín habría transferido entre julio de 2021 y enero de 2024 un total de $53.442.000 desde su cuenta personal a la de Sebastián Balbontín, quien postuló a alcalde de Limache y a consejero regional por Revolución Democrática y luego por el Frente Amplio. Información de la Fiscalía indica que Balbontín sería su actual pareja.
En el caso de Elizabeth Aguilera, candidata a la Convención Constitucional por Independientes No Neutrales, se registró un depósito único de $1 millón realizado el 24 de marzo de 2021. Aguilera preside la Mesa Ciudadana de Patrimonio, Cultura y Turismo de Lota.
Documento judicial
De acuerdo con el documento judicial al que tuvo acceso radio Bio Bio, “los querellados Alberto Larraín Salas y María Constanza Gómez Cruz, en representación legal de la Fundación Procultura, recibieron $1.683.788.000 del patrimonio fiscal, con el destino y uso exclusivo de solventar el proyecto ‘Quédate’ para la prevención del suicidio”.
Sin embargo, el CDE expone que “la fundación distrajo una parte importante de este dinero, utilizándolo indebidamente, lo que significó separarlo de su objeto convenido”. Esta desviación de finalidad “impidió la correcta ejecución del proyecto y vulneró la obligación contractual de mantener los recursos disponibles y restituirlos inmediatamente al Gobierno Regional si así lo requería”.
El Gobierno Regional Metropolitano declaró el término anticipado del convenio por incumplimiento, falta de rendición y desvío de fondos. La posterior liquidación determinó un perjuicio patrimonial para el Estado de $1.015.283.548, monto que no ha sido restituido.
En la querella, el CDE solicitó diversas diligencias, entre ellas la remisión de antecedentes y una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, con el propósito de profundizar en el uso irregular de los recursos.
