PAÍS
Oficina de Lagos y Vargas recibió más de $255 millones de Dominga el 2023 para hacer lobby judicial
El estudio de Vargas y Lagos recibió más de $255 millones de Andes Iron en 2023. Las transferencias coinciden cuando el estudio comienza a intervenir en el Tribunal Ambiental de Antofagasta, que, al año siguiente, saca un fallo demoledor contra el Consejo de Ministros que rechazo RCA de Dominga.
Entre marzo y diciembre de 2023, el estudio de abogados Lagos, Vargas y Silber Asesorías Legales Limitada recibió pagos mensuales desde Andes Iron —la empresa controladora del proyecto minero Dominga— por un total de $255,5 millones. Las transferencias coinciden con un año clave. Estos abogados comienzan a intervenir en la causa precisamente cuando el Tribunal Ambiental de Antofagasta estaba revisando la legalidad del proceso. Al año siguiente, el tribunal saca un fallo demoledor contra el Consejo de Ministros que por, segunda vez, había rechazado el RCA de Dominga.
Según el medio Reportea, las cartolas bancarias revisadas registran diez transferencias realizadas por Andes Iron al estudio jurídico, con glosas que consignan “honorarios asesoría jurídica según contrato”. Sin embargo, ni Eduardo Lagos ni Mario Vargas figuran como abogados litigantes de Dominga en las múltiples causas judiciales que ha enfrentado el proyecto, lo que abre interrogantes sobre el rol efectivo que cumplieron.
Desde el interior del estudio, dos abogados —que accedieron a responder bajo reserva de identidad al citado medio— entregaron versiones disímiles. Uno señaló que se elaboraron minutas legales que no cumplieron las expectativas del cliente, motivo por el cual los pagos no continuaron en 2024. El otro fue más directo: afirmó que las labores correspondieron a “lobby judicial”.
La respuesta de la minera
Andes Iron, en tanto, no respondió a las consultas enviadas por el citado medio sobre la naturaleza de los pagos ni sobre los servicios contratados. Sin embargo, una vez publicado el mencionado reportaje, envió el contrato entre la minera y el estudio de abogados a El Mostrador a través de Azerta, en el que se detallan los servicios que prestarían los profesionales y los montos a pagar, valorizados en UF.
Junto a eso, se envió una declaración pública en la que se señala que “tras el rechazo del proyecto Dominga por parte del Comité de Ministros en enero de 2023, la compañía evaluó distintas alternativas para continuar su proceso de calificación ambiental. En ese marco, Andes Iron contrató diversos servicios profesionales —legales, comunicacionales y ambientales— con el objeto de contar con insumos técnicos y jurídicos que permitieran enfrentar una eventual impugnación de dicha decisión administrativa. En ese contexto, uno de los profesionales contactados fue el abogado Gabriel Silber, vínculo que quedó debidamente formalizado mediante un contrato de prestación de servicios suscrito con su estudio jurídico”.
También agrega que durante el período de vigencia del contrato “no se dictó resolución judicial alguna que favoreciera al proyecto Dominga. Recién el 9 de diciembre de 2024 —esto es, más de un año después de finalizada la asesoría— el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta dictó sentencia declarando ilegal la decisión del Comité de Ministros de enero de 2023”, agregó la minera.
El contrato
Así las cosas, con fecha 14 de marzo de 2023 se firmó entre Andes Iron y el estudio Lagos, Vargas & Silber Asesorías Legales Limitada, un contrato de prestación de servicios por un valor de UF7.100, que sería pagado de acuerdo a entregas mensuales. Estas deberían ser aprobadas por el mandante (la minera) y luego se efectuarían los pagos. El primero de ellos sería por UF 500, un segundo pago por UF1.600 y luego ocho cuotas mensuales por UF625.
En el contrato se detallan los servicios. Estos son:
a. Análisis y elaboración de informe, respecto de la Sentencia pronunciada por el Comité de Ministros.
b. Elaboración de propuestas para Recurso de Apelación, ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, debido al pronunciamiento del Comité de Ministros que rechazó el proyecto Dominga.
c. Levantamiento jurisprudencial respecto de los Tribunales Ambientales con Sede en Antofagasta, Santiago y Valdivia, referente a la materia debatida.
d. Propuestas de estrategia jurídica respecto de los distintos escenarios que puedan surgir a propósito del Recurso de Apelación presentado en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.
e. Propuesta de contenidos que debe abordar la defensa en la Audiencia de Alegatos, ante los Ministros del Tribunal Ambiental de Antofagasta.
Como se señaló, se entregaron 9 informes que fueron pagados por Andes Iron al estudio de abogados.
Los registros bancarios muestran que, tras cada depósito recibido, los montos se repartían entre los socios y colaboradores del estudio. Entre ellos aparece el exdiputado Gabriel Silber —socio de la sociedad utilizada para facturar— y también el exparlamentario Aldo Cornejo, quien reconoció haber recibido encargos de “asesoría jurídica y de posicionamiento público y estrategias para la empresa”.
Según las cartolas, al menos $47,7 millones de los pagos de Andes Iron terminaron en manos de Cornejo, quien también trabajó con Lagos y Vargas en el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, empresa beneficiada por fallos judiciales que obligaron a Codelco a pagar más de $17 mil millones, y que hoy forman parte de una investigación penal por presuntos sobornos.
La compleja tramitación de Dominga
El avance judicial de Dominga coincidió además con fallos clave en la Corte Suprema. En mayo de 2022 y enero de 2024 (periodo que coincide con parte del contrato entre la minera y los abogados), el máximo tribunal rechazó o declaró inadmisibles recursos presentados por opositores al proyecto. En ambos casos, el ministro Jean Pierre Matus fue redactor del fallo. El problema: Matus tiene inhabilitados a Eduardo Lagos y Mario Vargas, debido a que su esposa, María Cecilia Ramírez, ha trabajado con ellos.
Las cartolas bancarias del bufete registran pagos por al menos $18 millones a Ramírez entre 2023 y 2024, el mismo período en que Andes Iron transfería fondos al estudio por el citado contrato. Además, existen transferencias directas desde el propio ministro Matus al abogado Mario Vargas en 2022, con glosas que no han sido aclaradas.
La historia judicial de Dominga ha sido larga y sinuosa. Tras su ingreso al sistema de evaluación ambiental en 2013, fue rechazado en dos ocasiones por el Comité de Ministros, aprobado en 2021 por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y nuevamente rechazado en 2023. Cada una de esas decisiones fue seguida de acciones judiciales que, de manera reiterada, terminaron favoreciendo a la minera.
Fue precisamente en 2023 —cuando el proyecto enfrentaba un nuevo rechazo político y administrativo— que Andes Iron contrató al estudio de Lagos y Vargas. En diciembre de 2022, correos electrónicos internos del bufete ya evidenciaban el interés por la “reclamación de Dominga ante el Tribunal Ambiental”, anticipando que el desenlace se jugaría en tribunales.
Hoy, con los abogados Lagos y Vargas en prisión preventiva por el caso Muñeca Bielorrusa, en que el Ministerio Público los formalizó por pagar por fallos judiciales, los pagos de Andes Iron, las relaciones cruzadas con exparlamentarios y los vínculos con ministros que votaron a favor del proyecto agregan una nueva capa de sospecha a una iniciativa minera que, pese a su aprobación técnica, sigue rodeada de controversias políticas, éticas y judiciales.
Si quieres revisar el contrato firmado entre Andes Iron y el estudio de Abogados Lagos, Vargas & Silber Asesorías Legales Limitada, sigue el siguiente link.
CONTRATO ANDES IRON SPA CON LAGOS VARGAS SILBER
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